El sector educativo se reacomoda a los cambios y normas.
Los problemas de gestión han sido la gran debilidad de del sistema.
Manejos administrativos influyen en los procesos de calidad.

Por
Paola A. Cardona Tobón
Medellín

El sector educativo vive una gran reorganización con el fin, según el Gobierno, de concretar políticas y acciones que lleven a mejorar la calidad. En la imagen, una de las clases en el Colegio Octavio Calderón, de Medellín. Fotos Juan Antonio Sánchez

Más de 1.600 estudiantes comparten la infraestructura del Colegio Los Andes, de Chigodoró. Es uno de los de mayor demanda en el municipio: En 2001se presentaron 400 jóvenes para sexto grado y sólo podían recibir 120.

Su rector, Juan Carlos Quiceno Marín, se mueve por todas partes. A pesar de los inconvenientes ha logrado crear un ambiente favorable que llevó a que el nivel de deserción no superara el 1%.

Para él, la sociedad debe entender que los colegios son más que brindar cobertura. "No nos encargamos de cualquier producto, sino de la formación de los jóvenes".

Un estudio de Corpoeducación, afirma que la proporción del Producto Interno Bruto que se dedica en Colombia a la educación es similar al promedio de los países en desarrollo humano medio (4.8) y cerca de un punto menos que los de alto (5.6). Está por debajo de México, Brasil, Venezuela y Egipto, pero supera a Argentina y Chile.

En teoría, funcionarios del gobierno dicen que hay recursos y normas bien estructuradas. Pero sin una buena gestión en todos los ámbitos: académico y administrativo, será difícil estabilizar el sistema. Y este no es un asunto reciente. Las normas y medidas actuales obedecen a que el tema de gestión ha sido el talón de Aquiles del sector y en la práctica tiene que ser el primer elemento clave para elevar la calidad. En la historia de la educación en Colombia ha sido la gran debilidad.

Para los rectores de la región de Urabá y de muchos municipios antioqueños, sobre todo para los que están en el Plan de Mejoramiento de la Educación de Antioqua, este término es ya familiar.

Cuando se logra interiorizar su significado se desencadenan acciones como elaborar proyectos educativos institucionales pertinentes, pensar en cómo maximizar y distribuir los recursos y en vincular a la comunidad en este tipo de decisiones.

Pero este es un nuevo rol. Los papeles de los actores educativos están cambiando y no todos le dan el visto bueno. Las agremiaciones hablan del riesgo de un rector gerente que se perderá en los trámites administrativos, dejando lo demás.

La descentralización es un tema que se ha tratado desde hace mucho y aunque se habían dado adelantos de lo que podría ser, con la Ley 715 de 2001 se consolidó. Los departamentos comenzaron a delegar funciones en los municipios que buscan certificarse para administrar el sistema.

Colegios - empresa
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) mira estas medidas como procesos de privatización, que no contribuyen a la calidad. No las comparten y alegan que se sienten excluidos.

Para Sandra Posada Hernández, directora del programa de licenciatura en educación básica de la Fundación Universitaria Luis Amigó, la gestión y las mejoras que se puedan hacer en la educación no deben ser sólo en administración de recursos, deben obedecer a las lógicas del Proyecto Educativo Institucional.

Fecode alega que el manejo de los colegios como empresas llevará a que los planteles se midan más por la rentabilidad y la eficiencia que por la formación. "No estamos diciendo que hay que hacer despilfarro de los recursos, pero sostenemos que la educación tiene unos costos que pueden terminar siendo considerables y que el estado es el único que puede y debe asumirlos", expresa Raúl Arroyave, directivo de la Federación.

En el país, dice, la comunidad ha tenido que asumir pagos de vigilantes y otros asuntos para sostener los establecimientos, a los cuales muchas veces les cortan los servicios porque no tienen recursos suficientes para cancelarlos.

La contratación de la educación con entidades sin ánimo de lucro, es otro asunto que llega al complejo escenario administrativo de la educación. Implica otro tipo de contratos para los maestros y requiere incluso de licitaciones que, como en el caso de Medellín, se desarrollan en medio de serios cuestionamientos.

Normas
Después de la Ley 715, llegaron otros decretos que siguieron en la línea de cambios radicales para la gestión educativa. Las llamadas fusiones o asociaciones, también, fueron consecuencia de la 715. La idea es articular los planteles para que ofrezcan desde preescolar hasta once, pero hasta ahora, es un tema lleno de expectativas. El temor de muchos es que se pierda la historia y trayectoria de los establecimientos.

El Colegio República de Salvador, por ejemplo, con 1.125 alumnos será articulado con una escuela del sector, convirtiéndose en una sola institución con unos 2.500. Lo más probable es que reciba un nuevo nombre y un rector se encargará del manejo global con la ayuda de coordinadores.

Otra inquietud se genera con las escuelas nuevas, de la zona rural. El ex ministro Francisco Lloreda, expresó que las que no estén en capacidad de tener algún tipo de articulación se conservarán como centros educativos. La idea es no causar traumas, dijo.

Al Colegio Agrícola de San José del Nus le asignarán una escuela que queda a 25 kilómetros. Un plantel cuyos estudiantes tienen más relación con la cabecera de Caracolí. Y, al rector del Colegio Providencia, en jurisdicción de San Roque, las notificaciones sobre los problemas de una de las escuelas con la que se fusionaron y que queda en el corregimiento de Providencia a un kilómetro, le llegan gracias a las notas que transportan los alumnos.

La asimilación de un nuevo panorama administrativo de la educación no se hará en el corto plazo. El sector necesita procesar los cambios y, sobre todo, lograr acuerdos que articulen a los actores del sistema educativo. De otra forma los esfuerzos por mejorar la gestión y la calidad se quedarán a medio camino.

Implicaciones
La Ley 715 cambió las reglas

Con la aprobación de la Ley 715, los departamentos y municipios comenzaron a sentir la reorganización. La certificación es uno de los factores que cambiarán radicalmente el manejo de los recursos en los municipios, la gestión y las políticas educativas y de calidad.

Según su población, en Antioquia cinco municipios serán certificados para manejar directamente la educación: Medellín, Bello, Envigado, Itagüí y Turbo. Los demás, menores de 100.000 habitantes, deben buscar que el departamento avale su certificación con base en unos requisitos.

Según el secretario de Educación de Medellín, Enrique Batista, la municipalización de la educación es un proceso conveniente para los proyectos de mejoramiento de la calidad. "De esta manera hay un solo plan sectorial de desarrollo educativo. Los directivos escolares dependen de una sola secretaría con planes concurrentes de ciudad".

Los municipios están elaborando modelos específicos de gestión escolar para adaptarlos a sus condiciones educativas. Antioquia les entregará a los cinco municipios, la administración de 11.930 docentes, equivalentes al 41.47% de los maestros del departamento.

Otra consecuencia de la reorganización es el nuevo estatuto de profesionalización docente y el sistema de inspección y vigilancia, que puso en escena el tema de la evaluación para los educadores. Hay un nuevo escalafón y condiciones diferentes para los ascensos, y aunque el estatuto sólo cobija a quienes se vinculen a partir de junio de 2002, se convirtió en un factor de desmotivación para los más de 310.000 educadores oficiales, vitales en los procesos de calidad.

Los nocturnos también cambiaron. A pesar de las recientes protestas terminaron como terceras jornadas. Los profesores se contratan por la modalidad de horas extras.