Así lo Afirma Mauricio Mesa Londoño, miembro de la Junta Directiva.
José Mario Restrepo dice que ese órgano no tiene poder.
Los contact center no arrancaron al derecho: con los clientes.

Por
Germán Jiménez Morales
Medellín

El alcalde de la ciudad, Luis Pérez Gutiérrez, tiene el poder legal para nombrar a todos y cada uno de los siete miembros de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Eso, sin embargo, no garantiza que el grupo de dignatarios sea cortado con la misma tijera, o que siga una línea de pensamiento exactamente igual a la de la gerencia General o a la de la primera autoridad municipal.

Mauricio Mesa Londoño, gerente Ejecutivo de Productos Familia, es uno de los integrantes de la Junta de EPM que fue escogido libremente por Pérez. Su nombre estuvo a finales del año 2000 en el sonajero como el más firme candidato para llevar las riendas de las Empresas. Méritos no le faltaban: ingeniero administrativo de la U. Nacional, con estudios de posgrado en diversas universidades del exterior, ganador en varias ocasiones del título Ejecutivo del Año de la Revista Dinero, y ex viceministro de Desarrollo en la administración Samper. Es un hombre con visión y con criterio empresarial.

Por eso, si ante los ojos de cualquier ciudadano parecen exorbitantes las ganancias de $577.771 millones que obtuvo EPM en el año 2001, ante los de Mesa Londoño no. Y en la propia Junta ha manifestado que la organización tiene que ganar más, porque sumas como esa no demuestran una adecuada remuneración frente a sus activos de $10.5 billones.

En otras palabras, es demasiado grande como para ganar tan poco. De hecho, los mismos ejercicios financieros internos revelan que su rentabilidad tendría que superar en un 50% o 100% el nivel actual. Por vía de ejemplo, si su margen de ganancia es del 7%, debería esforzarse para subir al 14%.

Para maximizar ganancias se aplica un recetario que pasa por el aumento de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, la rebaja de costos y la reducción de pérdidas. También se fomentan nuevos negocios, como la masificación de internet, programa en el cual Mesa Londoño reconoce que es posible que EPM se hubiera equivocado en la primera licitación para la compra de los equipos, al poner un precio base muy bajo, que impidió la presentación de propuestas por parte de proveedores confiables en el largo plazo. Él ve trascendental para la comunidad esta iniciativa.

Dentro de esos nuevos negocios también están los contact center. Ahí el miembro de Junta tiene un reparo: antes de montar la infraestructura, era preciso conseguir los clientes, vía una estrategia de posicionamiento de Medellín como plataforma de call center. Otra actividad a la que le ve gran potencial es a la televisión por cable, al punto de visualizar a EPM como el proveedor más grande de este servicio en América Latina. Esa perspectiva internacional se reafirma con el trabajo de EPM Consulting, en el área de la consultoría.

Mesa Londoño manifiesta que ni las transferencias de EPM al Municipio (30% de sus ganancias), ni los negocios que impulsa bajo la sombra del Plan de Desarrollo, comprometen el futuro de la entidad. Si eso llegare a suceder, agrega, ya se lo habrían informado a la municipalidad y al Concejo.

Un poder virtual
Estar en la Junta Directiva de EPM es un honor que cuesta y que reporta un simbólico beneficio monetario. Lo primero, porque hay que ser casi un genio para meterse de lleno en todos los temas de una firma que ejecuta un presupuesto de $2.9 billones. Y lo segundo, porque aunque desde ese cargo se custodian unos activos superiores a los $10.5 billones, un miembro de junta gana $360.000 mensuales por concepto de honorarios, remuneración a la que algunos han renunciado.

Al menos así lo percibe José Mario Restrepo Jaramillo, uno de los dos representantes de los usuarios que hoy tienen asiento en la junta (el tercero está vacante), y quien declara que hasta los viáticos "son de buseta". Él llegó a ese cargo en marzo del 2001 y desde entonces ha sido un crítico severo de la administración que preside Iván Correa Calderón. Tan incómodo se ha vuelto, que inclusive ha tenido que acudir al constitucional mecanismo del Derecho de Petición para obtener información necesaria para cumplir sus funciones. Es más, hasta donde se sabe, es el único caso en el país de un miembro de junta que graba las sesiones a las que asiste.

El hombre tiene su historia. Bachiller de la Universidad de Medellín. Estudió ingeniería administrativa en la Nacional. Participó en la fundación de la Universidad Autónoma y de la Alianza Nacional Popular (Anapo), esto último al lado de su padre, Juancho Restrepo, quien actuó como mecenas del movimiento que lideró el general Gustavo Rojas Pinilla. Más recientemente le ayudó a su amigo Luis Pérez Gutiérrez en la campaña para la Alcaldía de Medellín, y el mandatario fue quien lo escogió como miembro de la Junta de las Empresas. La última batalla electoral la perdió, pues le trabajó al grupo que buscaba la presidencia de la República para Horacio Serpa. Pero sigue en la lucha, ahora a través del naciente Movimiento Municipalista Colombia.

A Restrepo Jaramillo le pica la lengua para hablar de las Empresas Públicas. Y al hacerlo dice que no es infidente, sobre todo cuando confiesa que la Junta de la entidad no es ese poderoso grupo de personas que todo el mundo cree.

"Yo les he dicho a mis colegas que estas juntas son virtuales, que no tenemos ningún poder". Ese poder, añade, lo tienen los tecnócratas del primer nivel, que en su condición de gerentes de las Unidades Estratégicas de Negocios (energía, telecomunicaciones, aguas, etc), forman parte de las juntas directivas de las filiales del Grupo EPM, como Eade, Edatel, Emtelsa, Orbitel, EPM Bogotá, entre otras. Parte de ese equipo se renueva cada tres años, como consecuencia de las decisiones políticas que toma el mandatario de turno.

Restrepo Jaramillo insiste en que la Junta de las Empresas "desempeña un papel formal y no participa en los grandes procesos de adjudicación. Cuando llegan a la junta con un tema tan sensible, como la adjudicación de los contact center, uno tiene que esperar simplemente a que los comités de gerencia logren dilucidar entre ellos.

Uno parte del supuesto de que ellos son los conocedores y que el aporte de uno queda limitado a que si el miembro de junta tiene conocimiento al respecto pueda hacer algunas consideraciones. En la adjudicación, según me lo ha dicho el mismo señor gerente, la responsabilidad es exclusivamente de él. Total, la junta sirve para convalidar esa responsabilidad".

Dada la complejidad de los asuntos que allí se abordan, Restrepo Jaramillo considera que el miembro de Junta debería tener una dedicación exclusiva y hasta un sueldo decoroso. "La parte más débil la tenemos nosotros, los representantes de los usuarios", reconoce el entrevistado.

No es fácil, a su juicio, encontrar personas que después de estudiar 20 años o 30 años y de hacer especializaciones, puedan hacer casi gratis un trabajo eficiente como miembros de la Junta de EPM.

"Nosotros, precisa, tenemos ahora unos honorarios, maravillosos, de $360.000 por mes, o sea menos de lo que se gana el celador que está en la puerta de las Empresas. ¿Usted cree que eso se justifica? Bueno, salvo que yo sea un hombre rico, porque en la Junta hay gente de mucho peso y sin afugias económicas y pueden ir a aportar su conocimiento como empresarios que son algunos de ellos. Pero ellos tampoco se las saben todas, y son personas que muchas veces por sus ocupaciones ni van a las reuniones. Es casi por deporte que uno está en esta Junta y asumiendo una gran responsabilidad".

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Así se elige la Junta Directiva

En virtud de un artículo de la Ley 617, declarado exequible por la Corte Constitucional, el alcalde de la ciudad ya no hace parte de la Junta Directiva de las EPM, a la que dejó de asistir desde el 18 de diciembre de 2001.

No obstante, el mandatario puede nombrar libremente a cinco miembros, cargos que hoy son ocupados por Pedro Juan González Carvajal, Mauricio Mesa Londoño, Nicolás Echavarría Mesa, Jorge Alberto Vera Arango y Edith Cecilia Urrego Herrera. Así mismo, el alcalde escoge tres personas entre los vocales de control social registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos. En tal condición están en la Junta Donay Correa Londoño y José Mario Restrepo Jaramillo. El tercero es David Cardona, pero ya concluyó su período.