Crece presión contra mujeres que se organizan en Barrancabermeja.

Bloque Bolívar impuso "manual de convivencia" en barrios del puerto.

Inés Peña, de la OFP, una de las víctimas de agresión de hombres de Auc. Fotos: Manuel Saldarriaga, enviado especial, Barrancabermeja-Santander

Por Elizabeth Yarce Ospina
Enviada especial, Barrancabermeja

La barriga era lo único que le dolía a Inés Peña aunque en ese momento dos hombres le quemaban los pies con agua caliente en una calle de Barrancabermeja, Santander. La joven, de 22 años, dice que en ese instante el bebé que lleva adentro parecía percibir su dolor.

Era el 28 de enero de 2004 y minutos antes hombres de las autodefensas la montaron a un carro rojo y le hicieron un recorrido mientras la maltrataban. Primero la trasquilaron y le decían: "esto es para que se salga de esa OFP (Organización Femenina Popular) donde está metida y ahora sí siga haciendo Cultura por la vida".

"No me disgustaba tener el cabello corto pero es muy difícil que a uno lo trasquilen a la fuerza y a mí me dolía mucho. Eso es como que se están burlando de uno, como que se pisotea la dignidad".

Luego destaparon un termo que tenía tapa amarilla y le vertieron el agua. "Este bebé me dio mucha fortaleza. La primera reacción era que a mí me dolía mucho la barriga y no me ardían los pies. En el momento yo ni sentí el agua. Me quedé callada pero, igual, pensé que me iban a matar. Sufría mucho por mi bebé y doy gracias que nos dejaron vivos".

A Inés la tiraron del vehículo en un sector solitario. "No sabía qué hacer. Entré en shock nervioso. Queda uno perturbado. ¿Qué hago?, ¿lo denuncio?, me preguntaba y la respuesta fue inmediata: si no lo denuncio, si me quedo callada, igual lo pueden seguir haciendo. Por eso es que muchas cosas quedan impunes".

Inés Peña es estudiante de Ingeniería de Producción e integrante del Movimiento Juvenil creado mediante un convenio entre la OFP y la Universidad de la Paz (Unipaz), donde estudia. También se desempeña como coordinadora del Centro de Documentación de la OFP y desde el año pasado es presentadora del programa Cultura por la Vida, que se transmite por el canal local Mohana.

Su caso se suma a muchos otros en el puerto de Barrancabermeja, en el Magdalena Medio, donde los grupos armados al margen de la ley no sólo torturan a las mujeres: las matan y las desaparecen.

Ella sabe que no la atacaron por ser una mujer. "Lo hicieron porque aquí es muy peligroso organizarse, reclamar lo que es de uno, por ejemplo el derecho a la vida. No el hecho de ser mujer, porque mujeres hay muchas que hacen cosas y no les pasa nada. Pero el hecho de organizarse y presentar una postura política se convierte en persecución", insiste.

"Sanciones" de las Auc
En Barrancabermeja circula desde 2001 un documento de las autodefensas que se denomina "normas de convivencia autodefensas y población civil". Su incumplimiento y desobediencia representa el riesgo de "sanciones". (ver nota anexa).

A estas recomendaciones se suman otras cuyo incumplimiento se castiga pese a que las Auc declararon un cese de hostilidades desde 2002: "las autodefensas castigan en la calle a los muchachos que desobedecen a sus papás. También lo hacen con las mujeres infieles, a quienes ponen un letrero que dice, por ejemplo, ´por adúltera´ o ´por prostituta´. A los muchachos no los dejan usar aretes y hay barrios en los que tampoco pueden tener el pelo largo", relata una mujer del sector Nororiental.

Hay también una serie de ataques y amenazas contra la Organización Femenina Popular (OFP) que agrupa a más de 3.000 mujeres y comisiones humanitarias nacionales e internacionales.

Estas agresiones las confirma el defensor Regional del Pueblo para el Magdalena Medio, Jorge Gómez Lisarazo, quien explica que no sólo son escarmientos públicos o castigos las acciones de las autodefensas en la zona. "Hay desapariciones, amenazas y asesinatos (ver nota anexa). Es una crisis profunda que ha significado además la salida de 800 personas de la región por amenazas contra su vida", observa el funcionario.

El secretario de Gobierno de Barrancabermeja, Carlos Alberto Orejarera, dice desconocer el documento de las Auc e insiste en que el problema de la localidad no es diferente al del resto del país.

"Hay una reducción en los ataques y más acciones de la fuerza pública que han significado la captura de varios terroristas en la región", expresa.

Las mujeres no callan
Hoy, un mes después del ataque, Inés Peña enseña sus pies -que por fortuna resistieron las quemaduras- y dice que tomó la decisión correcta al denunciar su caso.

A pesar del ataque no se fue del país ni de la región. Tampoco abandonó el proyecto. "Cuando a uno le cambia la vida así se pueden tomar muchas decisiones, porque igual me surgieron opciones de irme y me hubiera quedado callada y esto no se hubiera sabido. Uno está convencido y por eso continúa en esto. Después de todo lo que nos ha tocado vivir, y como nos están violentando, si nos quedamos callados no hacemos nada. Y si nos quedamos quietos no hacemos nada tampoco. Y si nos siguen jodiendo la vida y siguen intentando cosas. Y si somos unos del montón esto sigue lo mismo".

Lamenta que desde ese día no pueda caminar sola ni visitar a su familia en Puerto Wilches, Santander. Pero saca fuerzas porque tiene que estar bien y transmitir esos sentimientos al bebé que nacerá en agosto.

"Lo que más duele de todo eso es que cohíban las libertades. La libertad de pensamiento, todas las cosas que uno quiere hacer. Y que le digan a uno usted no puede hacer esto, usted no puede seguir haciendo esto, usted no siga andando en malos pasos".

En el programa de televisión Inés trabaja temas relacionados con los derechos humanos, "violaciones a los derechos humanos de los jóvenes, violencia intrafamiliar, reclutamiento de menores. Ese tipo de cosas. Igualmente se hacen algunas denuncias sobre cosas que le están pasando a la juventud. Con eso inicié en el programa", comenta.

"Igual, hemos insistido mucho en lo que es la defensa de los derechos humanos y uno cuando hace una denuncia, cuando ve que a un compañero o a una compañera le pasa algo uno lo siente. Cuando ya lo tocan a uno, la idea no es salir corriendo sino seguir en lo que uno tiene como ideales. Y en eso estoy y trato de mantenerme".

Fotos: Manuel Saldarriaga, enviado especial, Barrancabermeja-Santander

Cuchillos y garrotes
Inés está viva. Pero muchas mujeres y jóvenes en Barrancabermeja fueron asesinados o desaparecidos. "Se acude a una modalidad de criminalidad disfrazada intentando hacer pasar todos estos actos violatorios de los derechos humanos como crímenes de delincuencia común. El homicidio con arma blanca, con soga, a garrote, busca ocultar la responsabilidad jurídica que le compete al agresor para ligarlo a la delincuencia común. Esto es un hecho que se presenta desde noviembre de 2003 y cobra fuerza", revela el investigador social Francisco Ocampo, director de la Corporación Regional para la Defensa de los
Derechos Humanos, Credhos.

"En enero fueron desaparecidas ocho personas entre ellas un presentador. Cuatro jóvenes más también fueron desaparecidos en febrero", agrega.

Según Ocampo, con las mujeres la situación es difícil también en localidades vecinas. "En Yondó obligaron a unas mujeres a irse desde el puerto hasta la cabecera totalmente desnudas. Como castigo del frente Conquistadores del Bcb, por presuntas violaciones a un manual de convivencia que tienen en el Magdalena Medio", explica.

"Particularmente las mujeres organizadas, que se mueven en la esfera de la defensa de la vida, de los derechos humanos y de sus derechos como mujer, son objeto de los ataques. También toda mujer de la que se sospeche siquiera que tuvo alguna actividad sentimental con lo que ellos consideren un colaborador de la insurgencia o una persona que ellos consideren indeseables con su proyecto, inmediatamente son castigadas".

A Inés la atención oportuna de los médicos le curó los pies. Pero en el alma y la mente le arde aquel recuerdo. Ella no es la única.

En particular, las mujeres organizadas, que se mueven en la esfera de la defensa de la vida, de los derechos humanos y de sus derechos como mujer, son objeto de los ataques.

"Toda mujer de la que se sospeche que tuvo vida sentimental con lo que ellos consideren un colaborador de la insurgencia o una persona indeseable para su proyecto, de inmediato es castigada", relatan los defensores de derechos humanos en el caso de Puerto Wilches, a orillas del río Magdalena y a una hora de Barranca en lancha.

La historia de la violencia reciente en esta calurosa región es larga. Antes del caso de Inés hubo más agresiones. Además del dolor de familiares y amigos, quedan fotos y documentos de otros casos: a Diana Patricia, de 24 años, se le descubre colgada de una soga, en un árbol, en la vereda Independencia, de Barranca, el 15 de noviembre de 2003.

La imagen de esta mujer, secuestrada un día antes por dos miembros de las autodefensas que se la llevaron en un taxi, aparece en la primera revista Mohana, que editan las mujeres de la OFP, decididas a luchar contra el silencio.

Costos y cifras
Preocupan estadísticas de homicidios y desapariciones
De acuerdo con las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, durante 2003 se registraron 142 homicidios en el municipio de Barrancabermeja, de los cuales 132 se cometieron con arma de fuego, 7 con armas cortopunzantes, 2 con armas contundentes y 1 por otras causas.

En 2004, según las estadísticas que se tienen hasta el 13 de febrero, van 18 homicidios, de los cuales 8 fueron con arma de fuego, 9 con arma cortopunzante y 1 con otros mecanismos.

De acuerdo con la Defensoría Regional del Pueblo del Magdalena Medio, durante 2003 se denunciaron 80 casos de desaparición forzada que contrastan con la estadística de la Fiscalía sobre 134 desapariciones en esta localidad.

Fuentes y documentos
La "cartilla" de las autodefensas
Un documento denominado "normas de convivencia, autodefensas y población civil" reparten desde 2001 los integrantes de ese grupo armado en los barrios de Barrancabermeja.

EL COLOMBIANO conoció uno de esos manuales con 16 puntos en los que establece "el horario para los menores de edad, para los establecimientos públicos, la venta de licores, la normativa para escándalos en la vía pública, las relaciones con la población civil, los juegos de azar, el desarme de la población civil, las prendas de uso privativo, el mantenimiento de fachadas, la recolección de basuras, la limpieza de fincas y potreros, el mantenimiento de animales, estudio obligatorio, uso de vehículos oficiales o de entidades privadas, hospedaje y sitios de vivienda para los miembros de las Auc y respeto de la propiedad privada".

En el caso de los menores de edad, advierte que la sanción por violar los horarios es "detención durante 12 horas del menor que infrinja la norma, luego de las cuales será entregado únicamente a sus padres y/o familiares".

También señala que "en caso de riñas entre civiles se procederá al decomiso de las armas. En el caso de riñas entre miembros de las Auc, entrara en rigor el estamento disciplinario interno. En el primero de los casos, los civiles involucrados realizarán trabajos asignados por Auc".

Indica también que en caso de "falta de respeto o maltrato por parte de la población civil hacia personal de las Auc" la sanción se someterá "a estudio disciplinario por parte del comando central y acarreará la expulsión de la zona".

A estas medidas se suman otras como la prohibición de aretes y pelo largo para los jóvenes en ciertos barrios.