Controversia por política de sometimiento y rebaja de penas.


Por
Rodrigo Alberto Martínez Arango
Medellín

Fotos Henry Agudelo

Diez años después de la fuga de Pablo Escobar y de nueve de sus subalternos de la cárcel de La Catedral, las leyes que lo llevaron al sometimiento aún siguen sacando ampolla y causándole, según algunos expertos, serios tropiezos a la justicia colombiana, por las condenas "ridículas" impuestas a delitos atroces y la legislación posterior, que aún consagra gran cantidad de rebajas que rayan con la impunidad.

Las opiniones están divididas:
Para el ex director del DAS, general Miguel Alfredo Maza Márquez, no sólo hubo impunidad en lo que concierne al castigo para unas personas a las que se comprobó una sumatoria de delitos, sino que se le hizo una fisura a la ley, que no se ha podido subsanar, reflejada en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal. Una opinión similar expresa el ex fiscal general de la Nación Alfonso Gómez Méndez, para quien el narcotráfico obligó a convertir la no extradición en norma constitucional, algo insólito en la historia del Derecho colombiano.

La entonces política de sometimiento, explicó el general Maza Márquez, en las que las pruebas reinas se encaminaban a la confesión, delación y, en su defecto, al testimonio, constituyeron un adefesio que condujeron a la impunidad y la aplicación de un procedimiento penal que no se ajusta a la realidad actual del país.

Alertó Maza que "debido a la flexibilidad de nuestros códigos, el país se ha venido deformando, debido a la laxitud de la justicia y sus procedimientos, Colombia se encuentra dentro de un estado de putrefacción, donde los valores no existen y donde las fronteras no se respetan.

El ex fiscal Alfonso Gómez Méndez no se aleja de estas apreciaciones:
"Como procurador me opuse a la Constitución del 91 porque utilizó el estado de sitio para cambiarla. Lo que ha quedado en evidencia es que, por primera vez, se trató en la Constituyente y de esa manera se evitó el castigo para quienes asesinaron a jueces, magistrados y periodistas.

Pero lo más grave, advierte Gómez Méndez, fue el zarpazo que se dio con la Ley 81 de 1993, de lo cual hay imágenes de abogados de los carteles casi dictando las normas en el Congreso, cuando les dieron toda clase de ventajas como las rebajas por confesión, por sentencia anticipada, se aumentó el tiempo para el reconocimiento del descuento por trabajo o estudio e, incluso, lograron un mecanismo que sirvió para que les dictaran autos inhibitorios con investigaciones muy rápidas". Aunque el nuevo código penal actualizó la legislación que estaba tan dispersa y laxa, desafortunadamente no se expidió el código penitenciario que pretendía reformar muchas de esas instituciones creadas con esa ley de 1993". Concluyó.

Gustavo De Greiff, fiscal de la República para la época de la entrega y posterior fuga de Escobar, la política de sometimiento fue importante para acabar con esa organización y estuvo a punto de ser utilizada con el cartel de Cali, la cual no fue aplicada en este caso porque el gobierno estadounidense no creyó en ella y fue así como desapareció.

"En su tiempo, en su momento, con el caso de Pablo Escobar y meses subsiguientes a su muerte, cuando por estas medidas se entregaron varios jefes de pequeños carteles de la Costa y los santanderes, fueron normas eficaces.

"No es cierto lo que dice el ex fiscal Gómez Méndez de que la Ley 81 del 93 la hubieran redactado los abogados de los narcos que presionaron al Congreso. Esa ley fue promovida por el presidente Gaviria y, especialmente, por Andrés González, en aquel entonces ministro de Justicia. Sí es cierto que trataron de influir, pero ella no consagró rebaja absoluta de penas. Se hizo, pero en el caso de colaboración con la justicia, para los delincuentes que no se habían podido capturar, para brindarles confianza. La Fiscalía fue vital para acabar con Escobar".