Una gran mayoría de deportistas colombianos carece de seguridad social.
Se ha logrado algo en pensiones pero sólo para los pioneros y viejas glorias.
En el campo aficionado la situación es lamentable. En el profesional algo se ha ganado.


Por
Oswaldo Bustamante Escobar
Medellín

Nunca llegó a maldecir, ni siquiera en los momentos más duros cuando ya el cáncer le había arrebatado las cuerdas bucales y su garganta estaba destrozada luego de 25 radioterapias y cinco quimioterapias. No podía hablar, ni siquiera pasar un bocado de comida. Juan Diego Giraldo Covaleda siempre se mantuvo firme pensando en un futuro que él mismo sabía, no existía para él.

El gigantesco luchador antioqueño, de 1.87 metros, 34 años, 104 kilos de peso y esporádicamente practicante de sumo, murió en la madrugada del pasado 4 de febrero. Desangrado, como testifica su hermana Sara, porque ya no había más nada qué hacer: el tumor maligno se lo llevó.

Se fue vestido con una sudadera de Antioquia, la misma que llevó con orgullo durante tanto tiempo y en sus manos una medalla de las muchas que le colgaron en su cuello durante 19 años de labor deportiva. Sólo eso. Aquí dejó uno que otro uniforme, un cúmulo de medallas, trofeos y placas, recortes de prensa, álbumes con fotografías. Y nada más porque ni siquiera sus dos pequeños hijos, Juan Diego, de cinco años, y Jacobo Andrés, de uno, quedaron con un futuro asegurado.

En vida, Juan Diego y su familia no contó con el dinero suficiente para afiliarse a algún servicio de salud. No lo tuvo como contribuyente porque su única "profesión" conocida era la práctica del deporte (aficionado). Tampoco como vinculado porque aunque dependía de la familia materna, quienes laboraban eran sus hermanos y ninguno tenía capacidad económica para responder por los demás. Y cuando logró el beneficio de esa asistencia, en calidad de subsidiado, adscrito al Sisbén, fue demasiado tarde.

Hoy, quienes lidiaron su caso por más de dos años, desde cuando comenzó a presentar los síntomas mortales del cáncer que le sobrevino al complicársele una mordida de lengua cuando entrenaba en el módulo de lucha, ven con incredulidad y desconocimiento cómo Juan Diego dejó desamparados a sus dos hijos.

Cero pensión, cero seguridad, porque como ciudadano común y corriente nunca pudo acceder a ese servicio pese a que según reza la Constitución, "todo colombiano tiene derecho a la salud". Y como practicante de un deporte mucho menos porque ni clubes, ni ligas, ni federaciones, que a su vez se benefician de aquellos, están en la obligación de brindar seguridad social.

El deportista es el único "empleado" en Colombia que no goza de una estabilidad laboral y por consiguiente tampoco de sus beneficios porque, al fin y al cabo, ésta no es considerada profesión remunerada. No hay una ley que así lo establezca. Menos cuando, históricamente, el deporte ha vivido de totuma ante la falta de presupuesto para orientar sus competencias. El deporte tampoco está inscrito en el Instituto de Seguros Sociales como una actividad económica como la que pueden ejercer tanto los abogados como los albañiles, los médicos o los carpinteros.

Ocasionalmente el deportista recibe viáticos y auxilios. Y, de vez en cuando se beneficia de los patrocinios. Pero estos rangos no les da estabilidad laboral, pues tal como llegan se van en pasajes, comida, suplementos vitamínicos o vestimenta propia para su práctica.

Sólo unos pocos, podrían decir que se sienten seguros dedicados a alguna de las actividades musculares. Claro que hay excepciones, como los deportistas considerados de alto rendimiento, los de élite o los talentos que, al lado de algunos futbolistas, patinadores y ciclistas profesionales, pueden darse ese lujo en salud, pensiones y cesantías que no tienen aquellos de clase baja y media baja del país.

No hay ley
Como en el caso de Juan Diego Giraldo, las satisfacciones están representadas en medallas y trofeos. En Colombia, contrariamente a lo que sucede en naciones más adelantadas, estos exponentes que dejan en alto el nombre deportivo de una región, un departamento o el país, reciben poco a cambio.

En Francia, Alemania y Cuba, por citar algunos, el Estado tiene un sistema de protección no sólo contra riesgos provenientes de la actividad física sino también de los que tienen que ver con salud y pensiones por años de servicio, retiro y vejez. En Colombia no hay nada de eso. El deportista común y corriente si no está adscrito a algún sistema de salud y pensiones, está llevado, como se dice popularmente, porque ninguna entidad -llámese Liga, Federación, Coldeportes o Comité Olímpico Colombiano-, le subvencionará dicho servicio.

Esta actitud gubernamental bien podría decirse que se opone a la manida frase de que el Estado lo da todo. "Nosotros vivimos en un país paternalista y sin compromisos donde queremos que el Estado les subsidie todo", señala Noreley González, trabajadora social de Indeportes Antioquia, ente oficial.

Pero tal vez el factor más preocupante para que no haya una reglamentación al respecto es el económico. ¿Cuánto le costaría al Estado afiliar a todos los deportistas a los sistemas de seguridad social? ¿Cómo haría una Liga para asegurar a sus practicantes si a duras penas subsiste con presupuestos de funcionamiento irrisorios?

Sin embargo, al decir de los funcionarios de Estado, como Diego Palacios, director de Coldeportes Nacional y de Andrés Botero, del Comité Olímpico Colombiano, se han dado algunos pasos que tienden a mejorar un poco este desolador panorama. Por ejemplo, en cuestión de estudio, becas, asistencia médica y apoyo económico a quienes por sus capacidades lo merecen, es decir, los programas de apoyo a deportistas, así como de aseguramiento contra accidentes. Poco a poco se gana terreno aunque no el ideal. Por lo pronto, como lo señala el decreto 1231 de 1995, ya hay estímulos académicos, económicos y algo de seguridad social –como planes colectivos y seguros contra accidentes en torneos- para deportistas destacados en el ámbito nacional o internacional.

Para algunos atletas, al término de una carrera, buena, mala o regular, de nada parece valer tanto esfuerzo. O como sentencia Sara Giraldo, hermana del desaparecido luchador Juan Diego, "es muy triste ver cómo cuando un deportista ya no sirve ni le reporta nada a una Liga, lo dejan por ahí, sin seguridad y sin pensión, tirado a la buena de Dios".

Servicio y utilidad
En la frágil cadena, cada quien por su lado

La cadena la empiezan los deportistas desde su base, es decir, en el colegio o la escuela, luego aparecen aquellos de barriada, para más allá darle paso a los asociados a clubes, afiliados a ligas y, por consiguiente, acogidos por programas de federaciones, hasta llegar al profesionalismo siempre y cuando el deporte tenga ese rango.

En la primera instancia, la seguridad social que se le brinda a los muchachos está representada por los seguros estudiantiles que exige cada institución y que cobija lesiones y enfermedades. Ésos mismos beneficios son aprovechados por clubes, ligas y federaciones a la hora de llegar esos deportistas a la competencia organizada, porque no hay una ley que obligue a estas entidades a brindar ese servicio. Pero cuando el deportista no es estudiante, ni tiene trabajo remunerado o su familia no está en capacidad de sostenerle una afiliación a los regímenes de salud, una EPS o un Sisbén, queda desamparado y cruzando dedos para evitar que su salud no se resquebraje.

Por la dificultad que ello conlleva, la población deportiva del país no está cuantificada; sin embargo, si nos atenemos exclusivamente a las cifras que presenta el sistema general de salud, bien se podría concluir que buena parte de ella no tiene seguridad social. En la sola Medellín, hay cerca de un millón de afiliados al régimen contributivo (con capacidad de pago y empleo), apenas 232.000 al subsidiado (sin capacidad de pago, adscritos al Sisbén) y el de vinculados (sin trabajo) la cifra sube a 750.000 personas. ¿Cuántos de éstos son deportistas?

Y ni hablar de pensiones por vejez, invalidez y muerte. No las hay. Allí es donde la frágil cadena se rompe invariablemente, porque el deporte no está catalogado como profesión y, por ende, el Estado no responde por estos items.

No obstante, según Diego Palacios, director de Coldeportes Nacional, de los deportistas que tienen seguridad social, un alto porcentaje -no cuantificado-, son dependientes de los sistemas de salud en los que figuran sus padres trabajadores (EPS), otro rango más pequeño corresponde al del deportista trabajador que paga salud y está en algún fondo de pensiones.

Lo anterior nos lleva a la conclusión, como lo asegura descarnadamente Noreley González, que como sus practicantes habitan un contexto cultural y social, "el de la obligación social es el grupo familiar. Ella debe responder por la seguridad social, igual como lo hace con la educativa y sicológica". Y agrega: "como estamos en un país paternalista, en el que nadie asume compromisos, se presentan casos donde la familia en vez de afiliar a su grupo como beneficiario o cotizante, prefiere que sea el Estado que cargue con esa responsabilidad".