Deportistas colombianos reclaman derechos en seguridad social.
Fútbol, ciclismo y boxeo, con vacíos en la aplicación de las normas.
Especialistas critican manifestaciones de esclavitud en pleno siglo XXI.

Por
Wilson Díaz Sánchez
Medellín

A sus 28 años y después de representar a Colombia en todas las categorías, el antioqueño Juan David Vélez trabaja como empleado de un parqueadero de Miami. Allí buscó refugio con su esposa y dos hijos, David y Paulina, tras someterse a tres cirugías y resignarse al diagnóstico de los médicos: "usted ya no podrá volver a jugar fútbol".

Una lesión en la rodilla izquierda lo sacó definitivamente de la competencia, producto de un mal tratamiento cuando prestaba sus servicios al Independiente Santa Fe. "Juan David se lesionó de los meniscos el 7 de octubre de 2000. A los pocos días lo infiltraron para que remplazara a Jair Benítez y el mismo procedimiento se utilizó en los partidos siguientes. Un día lo expulsaron contra el América y desde ese momento lo hicieron a un lado", dice María Elena, madre del jugador.

El lateral permaneció en Bogotá en sesiones de terapia y el 18 de diciembre lo operaron. Ante la soledad y poca solidaridad del club capitalino, regresó a su tierra en busca de la recuperación y, según su progenitora, el DIM, dueño de sus derechos deportivos, "tampoco le colaboró", pues el cuerpo técnico no lo tenía en sus planes para la temporada 2001.

Javier Velásquez, presidente del club, asegura que el deportista no visitó los especialistas de la institución y que estuvo bajo observación del médico Javier Fernández. "Dos meses después nos dijo que le diéramos el pase y la Junta Directiva aceptó", comentó el dirigente. Con la fe en volver a las canchas y dinero de su bolsillo, el futbolista se sometió a dos intervenciones más y el resultado fue negativo.

Cuenta doña María Elena que cuando su hijo acudió a la entidad de salud que lo tenía afiliado, "no lo atendieron porque el Santa Fe no había cancelado sus obligaciones. Eso sí, religiosamente le hacían las deducciones por este concepto".

Hoy en día lleva un proceso en contra el equipo cardenal, "porque a Juan David no podían cancelarle el contrato estando lesionado. Además, se busca una indemnización por invalidez". La historia del ex integrante del Medellín, Envigado, Bucaramanga y Santa Fe, es la misma de muchos deportistas profesionales, víctimas del incumplimiento de la Ley 100 de 1993 que consagra del derecho de la seguridad social integral del trabajador en Colombia.

Nacional, buen ejemplo
A pesar de que el Gobierno acaba de presentar un proyecto de ley ante el Congreso, en el que pide facultades para reformar el fútbol y uno de los objetivos es buscar mayor seguridad social para los jugadores, el médico Hernán Luna, adscrito al Atlético Nacional y estudioso del tema, asegura que la Ley 100 es muy clara y que el camino a seguir es revisar si los clubes cumplen o no con estas obligaciones.

"De acuerdo con la ley que rige para el marco colombiano, todo accidente que ocurre, tanto en el entrenamiento como en la competencia, y me refiero al caso específico de los equipos profesionales, es calificado como de trabajo".

El galeno anota que las enfermedades que se derivan de los riegos a que se somete el deportista durante su tiempo de práctica, son verdaderas enfermedades profesionales. "Yo creo que es necesario aclarar ciertas patologías propias del deporte rentado, que de manera definitiva llegarían a constituir las enfermedades profesionales del deporte, como las artrosis articulares de tobillo, cadera, rodilla, cadera y columna".

Nacional es modelo en organización en este aspecto, pues además de tener a inscrito todo su plantel a una EPS, ofrece un subsidio de medicina prepagada. Igualmente existe un contrato con una aseguradora de riesgos profesionales y cada jugador elige, al momento de estampar su firma, el fondo de pensiones que más le llene sus expectativas. Adicionalmente, el club verdolaga transformó su departamento médico en una Institución Prestadora de Salud, IPS, cobijada por le Ley 1295.

Jaime Barrientos, ex arquero del Bello F.C., denunció que el año pasado nunca estuvo afiliado a una EPS, con todos los riesgos que implica la participación en la Primera B, con viajes permanentes, vía terrestre.

Tres casos concretos han dado de qué hablar en el boxeo profesional colombiano: la muerte en actividad de barranquillero Jimmy García, el diagnóstico del virus del H.I.V. descubierto a Rubén Darío Palacio y el caso de Antonio Cervantes, Kid Pambelé, la más grande gloria de este deporte, hasta hace poco abandonado a su suerte.

El manejo de este deporte, pese a ser profesional, no implica que los boxeadores tengan una remuneración mensual, ni que sus cuerdas (que no funcionan como clubes), o sus apoderados (que no ejercen funciones de empleadores, sino como mecenas), tengan la obligación de vincularlos a entidades prestadoras de servicios de salud, menos a pensiones o a riesgos profesionales. Ellos, simplemente firman contratos independientes para realizar peleas. En los últimos años, se ha progresado algo ya que cada vez que hay una velada de boxeo, es obligación que el empresario asegure no sólo el espectáculo sino que provea de servicios médicos de urgencia.

Las experiencias pasadas obligaron a las autoridades del boxeo a solicitar seguros de accidentes para evitar que cada vez que un pugilista termine mal una pelea sea sometido a la caridad pública para pagar hospitalización, pero no todos cumplen estos requisitos. De resto, carecen de casi todo porque esta actividad aún no tiene una legislación en seguridad social. Los pedalistas nacionales están a la buena de Dios en cuestión de seguridad social.

El reciente caso del accidente sufrido por el pedalista Carlos Andrés Osorio prendió las alarmas en la Federación Colombiana de Ciclismo, por cuanto se ventiló de nuevo la necesidad de proteger más al ciclista, porque de lo poco que tienen, es la afiliación a una EPS y, algunos, a una ARP, como en el caso de Osorio, quien cuenta para su fortuna con el total apoyo del 05-Orbitel. Para poseer la licencia de la Fedeciclismo, es obligatoria la afiliación a una EPS, sin embargo, muchos son los corredores que dicen no tener el dinero para pagar los trámites de la licencia por un valor de $50.000 (prejuveniles), $70.000 (juveniles), $80.000 (sub-23) y $100.000 (élite sin grupo deportivo) y $250.000 (para afiliados a grupos deportivos élite).

Como profesión de alto riesgo, la Federación Colombiana de Ciclismo maneja un seguro de accidentes, que presenta una cobertura de $5 millones por muerte, incapacidad parcial o permanente. Además de un $1 millón para gastos médicos.

Algunos equipos de la élite cuentan con un seguro de accidente, por muerte o incapacidad, pero son contados los que pueden hacerlo, como sucede con el 05-Orbitel. Pero otro punto, son los seguros de competencias como la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN -el comisario internacional Juan Eugenio Cano asegura que ambas lo tienen-, además de las pruebas, estilo Vuelta a Antioquia, en la que en el capítulo de riesgos se dice que toda persona que forme parte de la caravana, participará, por su cuenta y riesgo.