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Ponencia busca tumbar reestructuración de Fiscalía para el posconflicto
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Ponencia, busca frenar reestructuración de la Fiscalía. FOTO: COLPRENSA
La Sala Plena de la Corte Constitucional se apresta a estudiar una ponencia que pide tumbar la mitad del decreto 898 de 2017, que reestructura la Fiscalía General de la Nación de cara al posconflicto.
La ponencia deja viva la creación de la Unidad Especial para el desmantelamiento de las organizaciones que atenten contra defensores de derechos humanos o movimientos políticos, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo, que fue concebida Punto 3.4.4 del Acuerdo Final alcanzado con las Farc, pero tumba las otras reformas que se le hicieron a la Fiscalía.
La ponencia asegura que todo el título II del decreto debe caerse, porque lo allí contenido debió tramitarse por una ley y no por un decreto.
El título 2 del decreto crea, por ejemplo, una Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada, en donde quedarán incluidas una serie de direcciones para la investigación y procesamiento de graves violaciones DH, como la actual Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos y la Delegada para la Justicia Transicional.
Para dicha reestructuración se crean 254 cargos administrativos y 516 fiscalías en los territorios y también creaba una Dirección de Políticas y Estrategia, una de Planeación y Desarrollo y unifica la dirección del CTI entre otros.
Esta posición que deberá estudiar y debatir la Sala Plena de la Corte Constitucional es la misma presentada por las organizaciones de víctimas, que consideran que esta reestructuración no guarda relación con el Acuerdo de Paz pactado en La Habana.
En este caso, la Procuraduría solicitó el aval generalizado del decreto, al estimar que cumple con los requisitos formales y que es acorde a la Constitución todos los puntos que tienen que ver con la puesta en marcha de la Unidad, salvo un aparte del artículo 24 que señala que los recursos para su funcionamiento deberán ser aportados por el Gobierno en el presupuesto anual de la Fiscalía que se discute en el Congreso.
La Procuraduría estima que es contrario a la Ley orgánica imponerle una orden a la preparación del Presupuesto General y, por eso, pidió tumbar ese artículo en particular.
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