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Tutela, última carta para frenar desvío de arroyo
La empresa minera Cerrejón le confirmó a EL COLOMBIANO que en 2017 estará listo el nuevo caudal. Se comprometieron a hacer una “réplica exacta”.
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FOTO COLPRENSA
03 de diciembre de 2016
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Con una tutela, la comunidad indígena Tabaco, de La Guajira, pretende frenar uno de los proyectos más ambiciosos de la empresa minera Cerrejón: la desviación de los últimos 3.6 kilómetros del arroyo Bruno, que permitiría explotar cerca de 40 millones de toneladas de carbón que el afluente guarda bajo su lecho.
La tutela puede ser la última carta de la comunidad indígena, pues EL COLOMBIANO conoció que la empresa tiene todo listo para que en 2017 comience a correr el agua por el nuevo caudal. No todo el arroyo será desviado. Es un tramo de 3.6 kilómetros que se trasladará 700 metros hacia el norte. La empresa justificó esta intervención señalando que busca “proteger al arroyo de la operación minera”.
Con esta apreciación están en desacuerdo algunas comunidades indígenas. En total son 35.429 firmantes los que le pidieron a la Corte Constitucional que dicte una medida cautelar para que no se lleve a cabo la desviación. Según los peticionarios, el arroyo actual es fundamental dentro de la estructura ecológica en la que se encuentra el río Ranchería.
Lo cierto es que el arroyo Bruno es uno de los 51 afluentes que nutren al mayor afluente. Recorre 26 kilómetros antes de fusionarse con él. La afectación se mediría, según las organizaciones Censat Agua Viva y Sintracarbón, en una supuesta pérdida de 4,4 litros por segundo para el río Ranchería. A largo plazo, señalaron, se “generarían cambios en el nivel de precipitaciones, aumentando la vulnerabilidad climática la región”.
18 años de estudios
Cerrejón no necesita una exhaustiva preparación jurídica para responder a esta tutela. Los argumentos ya han sido expuestos en diferentes escenarios. En mayo de este año, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó la suspensión del desvío del arroyo Bruno, pues a su consideración se debía instalar una mesa técnica interinstitucional con la comunidad indígena La Horqueta y las instituciones del Estado.
“Se hicieron las reuniones respectivas con las comunidades y el Ministerio del Interior. Algunas señalaban que se afectaría la pesca y eso causó mucha controversia. Sin embargo, alcanzamos un acuerdo”, dijeron voceros de la empresa minera.
El proyecto finalmente fue aprobado por las autoridades ambientales: Corpoguajira y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Una de las razones por las que le dieron el respaldo es porque el Cerrejón se comprometió a hacer una réplica exacta del cauce que fue desviado.
De hecho, Cerrejón señala que “el proyecto cuenta con 18 años de estudios, evaluaciones, aprobaciones y con el soporte y validación de expertos internacionales (Alluvium) y nacionales (Ingetec)”.
Julio Fierro Morales, geólogo e investigador del Grupo Torrente, no augura un buen futuro para el arroyo Bruno: “Los estudios ambientales que presentó Cerrejón son muy precarios. Me preocupa que el tema de las aguas subterráneas no sea tenido en cuenta en los modelos hidrogeológicos. Los arroyos alimentan las aguas subterráneas y por lo tanto no se pueden correr”.
Pese a la oposición, un detalle pesó en el proceso jurídico: la organización extranjera Conservación Internacional respaldó el proyecto del Cerrejón. Lo hizo con una condición: que se restauren y rehabiliten las áreas de la cuenca media y alta del arroyo Bruno, de tal manera que se pueda proteger la fuente de agua.
Una comunidad indígena que no perderá de vista las promesas de Cerrejón es Campo Herrera, que habita a tan solo 2.5 kilómetros del afluente.
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