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El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, aseguró ayer que "hace rato que hay conflicto armado en este país".
Estas declaraciones son la puerta de entrada de un artículo que será incluido en la ponencia del proyecto de ley de víctimas que será radicada hoy en el Legislativo y así se impediría, según el Gobierno y los partidos de la Unidad Nacional (la U, Liberal, Cambio Radical y Conservador), que en la reparación de las víctimas ingresen afectados por la delincuencia común.
Este reconocimiento de que hay conflicto armado en Colombia va en contravía de lo expresado y defendido el en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien durante sus ochos años de mandato y bajo su política de Seguridad Democrática sostuvo que lo que se vivía en Colombia era "una grave amenaza terrorista".
Apenas se conocieron las declaraciones del presidente Santos, el expresidente Uribe, desde su cuenta de Twitter , sostuvo que "no puede ser que la ley reconozca conflicto con terroristas narcotraficantes, que atentan contra la democracia".
Uribe, además, dijo que "para muchos países son terroristas, nos derraman en sangre y ahora les dan legitimidad. Terroristas no reúnen elementos para estatus de beligerancia, por qué les abren la puerta. Hemos reparado víctimas sin reconocer a los terroristas".
Para el expresidente Uribe, durante su mandato sin necesidad de reconocer un conflicto en Colombia "se desmovilizaron más de 50 mil integrantes de grupos terroristas. Además, resolver los problemas sociales no implica legitimar la acción destructiva de los terroristas".
Voces encontradas
Las declaraciones del presidente Santos también agitaron los foros de analistas políticos y militares del país.
Desde algunos sectores del uribismo este reconocimiento del Gobierno, de que hay conflicto armado en Colombia representa un retroceso en la política de seguridad mantenida con mano firme durante el gobierno Uribe.
Para el exasesor presidencial, José Obdulio Gaviria, durante los tres gobiernos anteriores al del presidente Uribe (César Gaviria Trujillo, 1990-1994; Ernesto Samper Pizano, 1994-1998; y Andrés Pastrana Arango, 1998-2002), partieron de la definición de que en Colombia había un conflicto interno armado y así se dijo en la Asamblea de la ONU para la constitución de la agencia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.
"Los resultados de esto fueron: muerte, desolación, tomas guerrilleras, crecimiento del paramilitarismo, expansión del narcotráfico, pérdida de la autoestima y declaración de Colombia como estado no viable por la revista Foreign Policy , entre otros males. Este es el desvertebramiento de la política de Seguridad Democrática", sostuvo el exasesor Gaviria.
Para el analista Rafael Nieto Loaiza, la consecuencia del reconocimiento al conflicto armado es que "para efectos de juzgar la conducta de las Fuerzas Militares se use el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no quiere decir que pueda haber un reconocimiento internacional de nada para la guerrilla, esto no les da ningún derecho. No tienen derecho a nada, se sigue aplicando el derecho interno no tienen derecho a la beligerancia, a nada, absolutamente nada".
"No tiene efecto negativo y lo único positivo es que aquí se va aplicar el DIH para evaluar la conducta de las Fuerzas Militares cuando combaten a la guerrilla o cualquiera que haga parte del conflicto", afirmó Nieto.