9.000 mineros de Segovia y Remedios salen a paro indefinido

Unos nueve mil mineros de los municipios Segovia y Remedios, nordeste de Antioquia, salieron a paro indefinido en la madrugada de este lunes con el ánimo de mostrarle al Gobierno Nacional su inconformidad por lo dispuesto en el Decreto 1421 de 2016, que contempla la implementación de las medidas relacionadas con la comercialización de los minerales en Colombia.

Rubén Darío Gómez Cano, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), calificó de “inviable” tal decreto que, según él, constituye la erradicación total de la tradición minera vigente en el Nordeste del departamento, al igual que en Marmato, Caldas, dede hace ya 450 años. “Poniendo en serio peligro la estabilidad económica de la región”, agregó Gómez Cano.

En cifras de Conalminercol, a los nueve mineros se le suman unas 70 mil personas, que es el total de habitantes de ambos Segovia y Remedios, los que se verán afectados si el Gobierno Nacional ordena el cierre de las 120 minas y 150 entables que hoy funcionan en los casos urbanos de la región.

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Según Gómez Cano, las dinámicas de cómo se comercia con los minerales no es acorde con los dispuesto en el decreto. “El Gobierno mandó a recoger, en un término de seis meses, todos los entables que estén en las cabeceras municipales y así mismo las nuevas plantas de beneficio deberán ser abiertos en la zona rural cumpliendo una serie de permisos ambientales y tributarios imposibles para un minero común y corriente”, explicó Gómez Cano.

Entre las medidas, estipuladas por la ordenanza, sobresalen: mantener actualizada la inscripción en el Registro Único de Comercializadores de Minerales; cumplir con toda la normativa legal vigente en materia ambiental, minera, tributaria, aduanera, cambiaría y de comercio nacional e internacional. Además de tener vigentes y actualizados el Registro Único Tributario (RUT), Registro Mercantil y Resolución de Facturación; cuando se trate de establecimientos de comercio, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; así como tener la factura comercial del mineral o minerales que transformen, distribuyan, intermedien y comercialicen.

Para Gómez Cano, que explicó la informalidad en la que se mueve la cultura minera en el sector, considera “absurdo” que “un minero, por ejemplo, en el Chocó, que tiene que viajar dos horas en lancha para vender a lo sumo dos ‘gramitos’ de oro tenga que presentar una factura de la Dian. Al minero se le paga en especie, con dinero en efectivo”.

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Y agregó, “el permiso de vertimiento, de concesión de aguas, así como la licencia ambiental se las dan fácilmente a las grandes multinacionales, pero no a los pequeños mineros. Es un absurdo que el Gobierno pretenda ponerle todo los palos en la rueda para que la minería no pueda funcionar y así darle vía libre a las multinacionales”.

Pero, según los mineros, la actual ejecución del paro, el cual había sido congelado el 11 de noviembre de 2015, no solo se debe a esas nuevas medidas, que fueron dispuestas por el presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría; el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata; y el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, sino también por el hecho de que el Gobierno frenó las conversaciones con los mineros el pasado 25 de mayo del presente año.

“Nosotros no sabíamos que las habían dado por terminadas. No fuimos informados de que se habían terminado las negociaciones”, dijo Gómez Cano, quien espera que al paro, en las próximas horas, se le sume el comercio y el transporte organizado de la región.