El Estado glotón
El presidente Santos ha sostenido que con la nueva reforma del Estado -parapetada en 84 decretos que amparan once mil nuevos funcionarios y programas por valor de varios billones de pesos, gigante que le dará salida a tantas solicitudes para sostener la coalición de la Unidad Nacional- se llegará a implantar un poder tan eficaz como transparente. A modernizar unas instituciones que rindan cuentas exactas al país.
Loable el propósito presidencial de rendir cuentas a una opinión insatisfecha que pocas veces sabe hacia dónde van y en qué se gastan los impuestos de los ciudadanos. Que dudan, no solo de la eficiencia, sino de la honradez con que se ejerce el gasto público en Colombia.
Pero no solo quiere el ciudadano conocer la destinación de los presupuestos oficiales, sino aspirar que algún día la brecha social que distancia a la sociedad colombiana se acorte. Eso de que somos el país más inequitativo y desigual, sólo superados por Haití y Angola, es un lastre que borra con los hechos lo que la Constitución proclama como Estado social de derecho.
En el Estado, decía hace algunos días el magistrado Sierra Porto, hay grave déficit de legitimidad democrática
¿Cómo puede ser legítimo y moralmente democrático un Estado en donde la desigualdad es tan protuberante, de acuerdo con el ranquin establecido por entidades tan serias como la ONU? ¿Cómo no va haber déficit de legitimidad cuando tantas dudas quedan sobre los comportamientos de miembros del Congreso, en los cuales no se han disipado las sombras contra la pulcritud y la decencia?
Con razón apenas el 39% de la encuesta Gallup manifiesta creer en esta institución.
Existe además poca credibilidad y confianza, no solo en los organismos de representación popular, sino en la dirección de la justicia.
La última encuesta Gallup revela que el 61% de los encuestados tiene una imagen desfavorable de su operatividad, porcentaje que contrasta con la opinión favorable del 83% de las Fuerzas Armadas.
La misma reforma que cursa en el Congreso ha sido tachada de insulsa y vacía. Se le acusa de que no va al fondo del problema cual es el de combatir la impunidad que se ha vuelto una epidemia en los organismos que aplican la justicia en Colombia.
Hay en el Estado en general -dice el exministro Armando Estrada en su obra El Estado ¿existe todavía? , "una reducción de poder, causada porque las fuerzas transnacionales aminoran el control que pueden ejercer los gobiernos individuales sobre las actividades de sus ciudadanos, sus empresas, sus medios?".
En casi todos los Estados -esencialmente los tercermundistas-, "hay déficit de infraestructura, educación, empleo, salubridad, seguridad?".
Y eso le resta credibilidad y legitimidad.
Lo hace además paquidérmico y lejano. Y atractivo a la corrupción y al aburguesamiento, poco cumplidor esencialmente de una materia tan básica como el imperio de la justicia y del orden.
Dudamos que con toda esta parafernalia de los 84 decretos para emplear 11 mil funcionarios se pueda hacer la verdadera y oportuna reforma que conduzca al imperio de un Estado tan soberano como justo y eficiente.
Y que en vez de hacerlo transparente y eficaz, vamos contribuyendo a ampliar su estómago protuberante.
PD: pasaron por inocentes quienes al mirar los noticieros de televisión el domingo en la noche, al ver algunas plazas públicas atestadas de banderas azules, creyeron que el conservatismo colombiano había resucitado.
Este milagro se dio fue en España, con el triunfo del conservador Partido Popular. Aquí no es fácil, como están las cosas, que vuelvan a ondear con éxito aquellas banderas celestes, hoy sí "convertidas en manteles".