E.U. pidió extradición de la cúpula de DMG
Un grupo de abogados prepara la defensa del representante legal de DMG, David Murcia Guzmán, pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos.
La petición la hizo una corte de Nueva York, que el pasado 18 de marzo le abrió un proceso por el delito de lavado de activos producto del narcotráfico.
Las autoridades estiman que Murcia y sus empleados habrían conspirado para lavar cerca de US$2 millones.
La medida también se extiende a Margarita Pabón, asesora jurídica de DMG; William Suárez, cuñado de Murcia, y Daniel Ángel, gerente del canal Body Channel. A ellos se sumarían otros directivos de la empresa: Luis Fernando Cediel y Germán Serrano.
La suerte de Murcia y sus empleados se debe definir en un proceso cuya duración máxima debe ser de un año. Si la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia dan un concepto favorable, el presidente Álvaro Uribe debe ser quien tome la decisión.
Está tranquilo
La documentación almacenada en unos 140 folios que contienen los presuntos delitos cometidos por la cúpula de DMG, fue entregada a la Cancillería, que se encargará de remitirla a la Fiscalía.
El anuncio sorprendió porque el embajador de E.U. William Brownfield, había asegurado hace varias semanas que su gobierno y el gobierno colombiano estudiarían cuál país tenía elementos más fuertes para procesar a Murcia. Lo más importante, aseguró, era que se hiciera justicia.
Uno de los principales abogados de Murcia, Miguel Ángel Ramírez, manifestó que su cliente confía más en la justicia norteamericana.
"Está tranquilo, sabe que la justicia estadounidense va a revisar su caso, sabe que allá ( E.U.) conocen más del tema", aseguró Ramírez.
No permitirán más empresas
Pero la extradición no es el único problema que enfrenta Murcia. Este fin de semana el Inpec detectó que utilizó un teléfono de La Picota, para llamar a Mocoa y hacer campaña política e impulsar una cooperativa.
El ministro de Hacienda, Óscar Iván Palacio, anunció que el Gobierno no está dispuesto a permitir el resurgimiento de DMG, sin importar la forma que tome la empresa.
"Esto es muy grave porque detrás de esto hay una actividad criminal de lavado de activos del narcotráfico y el Gobierno no puede permitir esto", aseguró Palacio.