Frente a declaraciones de Whitaker sobre destitución de Petro, Gobierno de Colombia guarda silencio
Las declaraciones del posible embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, ante el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de ese país, ocasionó una contundente respuesta de la Cancillería colombiana que, sin embargo, no ocasionará queja diplomática.
“Es bueno que sepan que los embajadores en cualquier país no opinan sobre los asuntos internos y menos sobre decisiones de los órganos de control”, indicó la ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín a medios radicales, ante la declaración del diplomático americano que sostuvo el miércoles que la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, podría "erosionar" el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana.
La canciller agregó que sostendrá una conversación con Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para América Latina, pero descartó cualquier queja o nota de protesta. “Es que los embajadores no se pueden entrometer en los asuntos internos de los estados”, recalcó Holguín.
Minutos antes, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien ha sido crítico con respecto a la decisión contra Petro, subrayó que sobre al tema no se podía referir, pues se trata del campo internacional, del resorte de la canciller, por lo que las palabras de Holguín son el comunicado oficial del Gobierno sobre el evento.
Más voces internacionales
No es la primera vez, desde que el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Petro, que se escuchan voces disonantes de la comunidad internacional.
El primero en salir a pedir que se explique el fallo del Ministerio Público fue el delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, quien pidió conocer de primera mano los argumentos en que se basó la decisión de Ordóñez.
También 20 eurodiputados enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos para que haga cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Internacional de Derechos Humanos que, según agrega, no permite que la actuación del procurador sea legal.