Isagén pierde jugador de peso

La venta de Isagén, que ha marchado a trompicones desde julio de 2013, cuando se anunció la intención de enajenar el 57,61 por ciento que posee la Nación, sufrió una baja importante por el retiro obligado de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una empresa multilatina que brindaba las mayores garantías para que la generación de energía eléctrica siguiese siendo un factor de beneficio público y de prosperidad nacional.

EPM no será proponente en la puja, cuyo cronograma sigue pendiente, por la deserción de su socio estratégico para este proyecto, la Compañía Energética de Minas Gerais -Cemig-, lo que deja además a Antioquia fuera de un negocio que le daba a la región ventajas comparativas por el manejo de la cadena de generación del río Nare, en el Oriente antioqueño.

El socio brasilero desistió de participar en la oferta porque el proyecto no obtuvo el positivo cierre financiero. Iguales razones tuvo en el pasado Argos, cuando desistió por considerar que la compra no le daría el retorno de rentabilidad que justificara la cuantiosa inversión.

Es indudable que la no participación de EPM constituye una mala noticia para Antioquia y que lo deseable hubiese sido que a través de la compra del 57,61 por ciento, sumado al 13 por ciento que ya tiene en Isagén, le permitiera hacer un uso eficiente de toda la cadena hídrica del río Nare, compuesta por las centrales de Guatapé y Playas (de EPM) y San Carlos, Calderas y Jaguas (de Isagén).

Con el agravante de que al no participar en la puja, EPM anunció su disposición a vender su participación en la tercera generadora más grande de Colombia, con seis centrales en operación y dos nuevos proyectos, Hidrosogamoso y Amoyá, con una capacidad actual instalada de 2.212 megavatios (MW).

Pese a que durante 2013 Isagén contribuyó con el 16,97 por ciento a satisfacer la demanda de energía del país, la participación de la Nación en la generación eléctrica ha dejado de ser un asunto estratégico por la concurrencia de numerosas y diversas empresas oficiales y privadas.

La prioridad se concentra hoy en superar el rezago en infraestructura. Cabe esperar que ello sea así, pues como lo ha señalado el Gobierno, los 5 billones de pesos que se recauden están destinados a construir las obras viales que el país requiere con urgencia, en particular, a facilitar el financiamiento de las concesiones viales de 4G.

Como se sabe, por falta de una adecuada inversión pública, dicha infraestructura se ha convertido en el mayor cuello de botella del desarrollo y la competitividad del país. Además, por la magnitud de la inversión que implican los proyectos y los plazos tan largos de maduración de la inversión, se hace necesario el apalancamiento del Estado a través del fortalecimiento patrimonial de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).

La razón de la venta de Isagén debe soportarse, entonces, no tanto en la bondad de sus resultados financieros que, como debe ocurrir en toda empresa en la que participa el Estado, deben ser los mejores posibles, sino en el beneficio social que se espera obtener de la inversión de los recursos conseguidos del negocio, el cual debe ser significativamente superior.

En estas condiciones, dichos recursos, invertidos en infraestructura, pueden representar un mayor beneficio social que mantenerlos en una empresa que, aunque rentable, se desenvuelve en un sector que se muestra maduro; cuenta con la presencia de empresas con capital privado que le aportan a su desarrollo; y dispone de una regulación y un ente regulador que aseguran que la senda de crecimiento del sector responda a los intereses de los colombianos y no solo al de los participantes privados.

Esto hace que la presencia directa del Estado en la generación de energía ya no sea menester, aunque el Gobierno deberá estar vigilante a que establezcan los marcos de incentivos y controles que aseguran el bienestar general.