La deuda de la salud saldrá de la zona oscura

En las deudas reales del sistema de salud hay "un nivel de oscuridad grande". Así lo reconoce Fernando Ruiz Gómez, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, quien con sus propios ojos ha visto una escena que parece inspirada en la forma como los primeros ricos del sector de El Hueco de Medellín llevaban sus cuentas... también millonarias.

A muchos les parecerá absurdo que en un país en el que se destinan más de 25 billones de pesos públicos al sistema de salud, existan Empresas Promotoras de Salud (EPS) que administran sus cuentas manualmente. Lo afirma el viceministro: muchas de estas entidades tienen un presidente, dos vicepresidentes y una enorme mesa en la que 100 o 200 personas revisan y ordenan las facturas que les pasan los prestadores de servicios, o sea las IPS.

Esa imagen le sirve al funcionario para marcar el contraste con lo que ocurriría cuando el Congreso apruebe la reforma y le dé vida al fondo Salud Mía, que desde un comienzo manejaría con modernos sistemas de información el complejo tema de la facturación y pago de servicios.

La pintura tercermundista que describe Muñoz Gómez, y que él mismo califica como de "cuadernos de tenderos", ayuda en parte a explicar las contradictorias y abultadas cifras que se manejan hoy en Colombia sobre las deudas del sistema de salud.

Eso, sin embargo, podría ser cosa del pasado, gracias a la expedición, en el mes de septiembre, de la Circular 30, que obliga a las EPS y a las IPS a reportar en un mismo formato -y con corte al 30 de junio de 2013- sus deudas, debidamente soportadas con los números de las facturas y avaladas por sus contadores.

Norman Julio Muñoz Muñoz, viceministro de la Protección Social, le dijo a El Colombiano que el plazo vence la próxima semana y servirá para que se comiencen a decantar los saldos ciertos de dichas obligaciones.

Las cuentas oficiales
Según el reporte de Muñoz Muñoz la cifra gorda de las deudas del sistema que reportó hace poco la Supersalud, de 14 billones de pesos, no solo cobija a las EPS e IPS, sino también a los regímenes especiales y las aseguradoras.

Antes de discriminar ese monto global, el funcionario advierte que el origen del desorden está en que tanto las EPS como las IPS no cumplieron con las reglas contables y eso generó unos problemas muy complejos.

Por ejemplo, al 30 de junio de 2013 las EPS reconocen que tienen con las IPS unas deudas de 4,5 billones de pesos.

Sin embargo, para esa misma fecha, las IPS afirmaban que las EPS les estaban debiendo realmente una suma cercana a los 10 billones de pesos.

El viceministro llama la atención sobre un fenómeno: en el caso de las IPS públicas, el acumulado de la cartera no subió entre diciembre de 2012 y junio de 2013, como consecuencia de muchos pagos directos que ha realizado el Ministerio de Salud, en una decisión adoptada en abril de 2011.

Muñoz Muñoz destaca que como cartera en mora en este sector debería considerarse la que tiene más de 180 días de vencida. Si solo se tomara ese indicador, las obligaciones pendientes serían en realidad del orden de 3,2 billones de pesos, monto que, aunque importante, ya no espantaría tanto a quienes ven allí uno de los talones de Aquiles de la reforma que hace tránsito en el Congreso y cuya solución es vista como una condición previa para engendrar el nuevo modelo de aseguramiento en salud.

El caso es que ni siquiera en esa cifra coinciden las EPS y las IPS. De ahí que el Gobierno -aguijoneado por el propio Congreso- esté buscando mecanismos financieros para solucionar el asunto.

Una de las cosas que está clara es que de lo adeudado, hay 1,7 billones de pesos en cabeza de las EPS en liquidación. La mayor de todas, advierte el viceministro Muñoz, es Caprecom, que registra obligaciones pendientes de pago por 800.000 millones de pesos, que serán asumidos en su totalidad por el Gobierno.

El resto corresponde a EPS pequeñitas, pero que sumadas concentran una cartera vencida de 900.000 millones de pesos, dejando así un hueco muy grande. Para agravar el panorama, buena parte de esas EPS no tienen robustos activos. "Estos no llegan a los 100.000 millones de pesos", agrega el viceministro. Lo cual significa que una vez se liquiden esas empresas y se vendan sus bienes y enseres sencillamente no se podría recuperar todo lo que el Estado saldrá a poner para sortear la crisis.

¿Cómo lo hará?

Como las IPS tienen que seguir funcionando y necesitan que les paguen esas deudas vencidas, el Gobierno les hará créditos blandos, con largos plazos y tasas de interés favorables, de manera que gradualmente vayan castigando esas obligaciones.

El porcentaje de descuento o castigo podría ser del 30 por ciento, tal como lo ha anunciado el propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe. Otra modalidad de "salvamento" sería la compra de cartera a estas IPS.

La oscuridad de las cifras generó su alarma en el Senado y ahora el mismo ambiente de incertidumbre se vive en la Cámara de Representantes. A la dirigente conservadora Martha Cecilia Ramírez Orrego, por ejemplo, le llama la atención que existan diferencias de hasta seis billones de pesos en el monto de las deudas del sistema de salud.

Algo similar le ocurrió a su colega Ángela María Robledo Gómez, de la Alianza Verde, a quien le quedaron dando tantas vueltas en la cabeza las cifras, que al final no tiene más que declarar que "nos quedamos sin saber las cuentas claras".

Las dudas de los legisladores sobre estas billonarias obligaciones son razonadas. El momento es oportuno para que tanto la Fiscalía como la Procuraduría y la Contraloría revelen los resultados de sus investigaciones sobre las presuntas malversaciones de los dineros de la salud. Como dice Germán Reyes Forero, presidente de Asmedas Antioquia, si con ese dinero se compraron clínicas y campos de golf, hay que adelantar procesos de extinción de dominio para rescatar el dinero público.