La huella de la Asamblea en siete gobiernos populares
Una mirada al trabajo político y de gestión de esta corporación en las últimas dos décadas.
El trabajo de la Asamblea de Antioquia también tiene un antes y un después de la Constitución de 1991.
La aprobación de la Carta Política, a juicio del expresidente de la Duma Héctor Arango Ángel disminuyó la autonomía de estas corporaciones y limitó muchas de sus funciones que, en algún momento, se prestaron para prácticas clientelistas.
Por ejemplo, antes existía un tipo de ordenanza que facultaba a los diputados para distribuir de forma directa recursos a municipios de donde provenían sus electores. Así mismo, disponían de unas becas que otorgaban bajo su criterio.
La Constitución les prohibió esas atribuciones, aunque hasta hoy no existe una reglamentación que aclare las funciones específicas de esta corporación. En la actualidad, la actividad se concentra en la aprobación del presupuesto del Departamento, el control político, mientras que el trámite de las iniciativas propias está sujeta al visto bueno del mandatario de turno.
Algunos consideran, incluso, que la misma ley de bancadas le restó protagonismo a la corporación, en la que tenían presencia los grandes caudillos, muchos de ellos con gran capacidad oratoria. Hoy el debate político es menos elocuente.
Para Andrés Guerra Hoyos, actual diputado, la Asamblea enfrenta una profunda crisis de imagen, motivada en parte por la falta de credibilidad que tienen los políticos en general y "por el poco interés que en nuestra sociedad despiertan los temas de región". A ello se suma las políticas de centralización que ejerce el Gobierno Nacional.
Desde que se estableció la elección popular de gobernadores, la Asamblea ha tenido el reto de concretar los planes de gobierno de siete mandatarios. Y paralelo a esas discusiones, la gestión ha tenido altibajos y no ha estado exenta de los escándalos de corrupción y los comportamientos poco éticos de algunos de sus integrantes.