Largas a la telefonía celular

El gobierno perdió una oportunidad única para reestructurar la telefonía móvil en Colombia, al renovar por 10 años las concesiones de Claro y Movistar, sin claros compromisos en cuanto a cobertura, calidad del servicio y menores costos de las tarifas.

La decisión que beneficia a los dos mayores operadores celulares abre un interrogante en torno a las posibilidades de darle un vuelco a la prestación de este servicio con el ingreso de nuevos operadores, a partir de un proceso licitatorio.

Oportunidad que se conjugaba con la reversión de los activos a la que están obligados por ley los operadores y que debería cumplirse también este mes, al finalizar las concesiones.

La extensión de los contratos de Claro y Movistar para la utilización del espectro electromagnético por 10 años más no fue "gratuita", asegura el Gobierno, pues estas compañías deberán desembolsar 4 billones de pesos (unos 2 mil millones de dólares) en ese período.

Hay que tener en cuenta que es la segunda prórroga que se concede, pues ya en 1997, siete años antes de lo previsto, habían recibido el mismo beneficio, a cambio de un pago de 130 millones de dólares, en una decisión que en su momento también fue controvertida. Los contratos vencían en 2004, pero el Gobierno Samper decidió negociarlos anticipadamente por petición de los seis operadores existentes en ese momento y prorrogarlos hasta el 28 de marzo de 2014.

Son entonces 20 años de explotación de una concesión de gran valor estratégico, por un contrato firmado el 28 de marzo de 1994, con base en la Ley 37 de 1993, cuando en el país no se vislumbraba aún el alcance ni la dimensión de este servicio que ha resultado ser un lucrativo negocio, a partir del usufructo de un bien público como es el espectro electromagnético.

La renovación de estos contratos se hizo con base en la Ley 1341 de 2009 que permite a estas compañías solicitar la extensión del contrato y no como un derecho adquirido, sino una simple expectativa. Sin embargo, la misma debió estar condicionada a mayores exigencias de calidad, pues hasta el propio Presidente de la República ha manifestado varias veces su enojo por la repetida caída de la señal, queja que constituye una constante entre los usuarios.

Era entonces la oportunidad para hacer una adjudicación mediante una nueva subasta o licitación, con criterios rigurosos sobre la calidad del servicio y más si se tienen en cuenta las disposiciones legales sobre la reversión al Estado de los activos de las empresas de telefonía celular, al término de sus concesiones.

Frente a la controversia que ha desatado esta exigencia legal, a la cual las compañías operadoras le buscan "salidas imaginativas", está la claridad de la sentencia C-555-13 de la Corte Constitucional que precisa que para los contratos celebrados antes de la Ley 422, o sea con la Ley 37 de 1993, sí opera tal reversión de los activos.

Por todo ello, aprovechando el final de las concesiones, la reversión de sus activos al Estado y un elemento adicional de gran atractivo como es la telefonía de 4G, el Gobierno pudo marcar un punto de inflexión para implantar un nuevo modelo en el sistema de las telecomunicaciones en el país, con mayor calidad, eficiencia y responsabilidad social.

Y en particular, brindar la posibilidad de generar un nuevo modelo que permitiera una competencia abierta y transparente entre los actores del mercado, donde los beneficiarios fueran los usuarios, que por decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ya no estarán atados a una compañía, al producirse la eliminación de las cláusulas de permanencia para los contratos.