Salazar negó los cargos imputados por Procuraduría

Con la solicitud de parte del abogado defensor, Juan Fernando Gutiérrez, de declarar la nulidad procesal, se reanudó ayer la diligencia de audiencia verbal que le sigue la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por presunta intervención en política.

La nulidad solicitada estuvo argumentada en que la autocomisión para la cual fue delegada la Procuradora, María Eugenia Carreño, era exclusivamente para investigar los hechos denunciados por el mandatario local en EL COLOMBIANO, en su edición del 7 de octubre, en su página 9A.

Es decir, según la defensa, no podían ser investigados hechos y publicaciones realizadas en otros medios ni anteriores ni posteriores a los referidos en el auto de comisión, tal como se detalló en la citación de la audiencia en la que se relacionaron otras publicaciones del mismo diario, de El Espectador , y El Mundo, así como los mensajes enviados a través de la red social twitter desde la cuenta del alcalde Salazar, aportados también como pruebas por parte de los quejosos, Francisco Galvis y Mauricio López.

Para analizar la solicitud, la Procuradora Delegada decretó un receso de 15 minutos, luego de los cuales la funcionaria denegó la petición, aduciendo que como presidenta de la Comisión de Vigilancia para Asuntos Electorales tenía la facultad para investigar otros hechos relacionados con la noticia disciplinaria, es decir, con la presunta "intervención clara o indebida" en el proceso electoral por parte del disciplinado, el alcalde Salazar.

Sin embargo aceptó que la diligencia se delimitara a los hechos relacionados con la publicación del 7 de octubre en el periódico EL COLOMBIANO y de los trinos enviados por el twitter.

La Procuradora, no obstante, le recordó a la defensa que, siguiendo el curso procesal ante la denegación a la nulidad procesal, procedía el recurso de reposición.

La defensa inicialmente solicitó tiempo para estudiar dicho recurso, pero una vez se reanudó la diligencia, desistió del recurso, dejando sentado que seguía considerando que el auto de comisión delimitaba las competencias de la procuradora delegada.

Los descargos
Superado ese momento, el abogado defensor inició con los descargos, no sin antes contextualizar los motivos que llevaron a Salazar a actuar de esa manera.

Una vez expuestos estos argumentos, el abogado defensor negó todos los cargos imputados al alcalde Salazar.

Previamente, leyó la relación de las supuestas 10 conductas irregulares que se le atribuyen al mandatario que, a juicio de la defensa, no se cometieron.

Según la Procuraduría, el alcalde utilizó su cargo de autoridad para participar en forma personal, voluntaria y en pleno rigor de la prohibición señalada en la ley de Garantías Electorales, en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, al entregar a EL COLOMBIANO declaraciones y fotografías en las que aparece el candidato Luis Pérez acompañado de unas personas que, según el alcalde, pertenecen a grupos ilegales. "La defensa no acepta estos hechos, porque esto no constituye una clara e indebida participación en política y nunca hizo caso omiso a las limitaciones y prohibiciones de la ley, las cumplió y fue riguroso", afirmó Gutiérrez.

Igualmente se refirió a los deberes que tiene un alcalde y las funciones que debe cumplir, a fin de establecer si Salazar las cumplió o no o si las excedió.

Para Gutiérrez la actuación de su defendido estuvo enmarcada dentro de la facultad que le confiere la ley como primera autoridad de policía de la ciudad.

Argumentó que esa actuación recogía los lineamientos e instrucciones impartidas desde el nivel central por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, e incluso del mismo procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en el sentido de que las autoridades locales debían procurar para que las elecciones transcurrieran en normalidad, tras denuncias previas sobre irregularidades y vinculación de bandas criminales que estarían financiando las campañas de varios candidatos.

Hizo referencia al mensaje entregado por el Procurador General, en el que aseguraba que la corrupción debía ser combatida y con mayor cuidado en época electoral.

Hasta el cierre de esta edición, la defensa de Salazar continuaba argumentando las razones por las cuales considera que el alcalde actuó en concordancia con sus deberes constitucionales.

En la madrugada
Antes de la medianoche, la defensa de Salazar finalizó la argumentación de las razones por las cuales considera que el alcalde actuó en concordancia con sus deberes constitucionales. La Procuradora dispuso un receso y continuó la audiencia minutos después.

La representante del Ministerio Público aceptó una petición de la defensa de considerar más testimonios, entre ellos el del secretario de Gobierno, Juan Felipe Palau, pero denegó los de los mandatarios electos Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria.

Pasadas las 2:00 de la madrugada, la Procuradora aceptó la solicitud del abogado del alcalde de suspender la audiencia en ese momento y la convocó para las 4:00 de la tarde. Al término de esta larga jornada, Alonso Salazar señaló que "no sabemos qué va a pasar, esto es algo extenuante y estamos en unas etapas muy preliminares".