Un polvo de carbón que atiza conflictos

V íctor Alfonso Mejía está en las afueras de su pequeña casa de paredes de barro y techo de palma. Acomodado en un pequeño butaco este desempleado de 27 años escribe en un tablero colorido los números del uno al cien. Sus dos pequeñas hijas miran atentas y siguen la lección sentadas en una mesa bajita.

La clase de matemáticas transcurre bajo un intenso calor y a solo tres metros de la carretera que parte en dos a Plan Bonito, como se llama este caserío humilde del municipio El Paso, en el centro del Cesar.

Por allí pasan raudas, según Víctor, 300 tractomulas diarias repletas de carbón de la multinacional suiza Glencore. Vienen de La Jagua de Ibirico (mina CDJ) y van para Calenturitas, ambas de su filial Prodeco. Desde allí miles de toneladas del mineral viajan a diario en tren unos 200 kilómetros hasta Puerto Nuevo, en Ciénaga (Magdalena).

El patio donde se almacena el carbón de Prodeco colinda con Plan Bonito, poblado que se formó hace más de 50 años en lo que fuera un lugar de tránsito de vaqueros. Tiene también como vecinas, más distantes, las operaciones de Drummond, El Descanso y Pribbenow (La Loma), y de Colombian Natural Resources (CNR), con sus explotaciones La Francia y El Hatillo.

En pleno corazón de la zona de explotación a cielo abierto más grande del país, de donde estas tres multinacionales sacaron en el año pasado 45 millones de toneladas de carbón, ahora Plan Bonito y los caseríos de El Hatillo y Boquerón deberán salir para siempre.

Desde agosto de 2010, el hoy Ministerio de Medio Ambiente ordenó a las tres mineras multinacionales reubicar a 173 familias de Plan Bonito, 272 más de El Hatillo y, por lo menos, unas 400 de Boquerón, donde aún sus habitantes se niegan a ser censados. Al final son cerca de 3.300 personas.

El Gobierno, apoyado en las mediciones de contaminación del aire de 2009 y años anteriores concluyó que quienes viven allí están expuestos a niveles altos de material particulado, incluido el polvillo de carbón, o carbonilla, como lo llama Víctor.

—Esa vaina no se ve, pero se va derechito para los pulmones. En las minas le echan agua al carbón para que no levante polvo, pero con estos vientos de por acá, eso no es suficiente y no todas las empresas hacen bien lo que les toca —cuenta Víctor, que ha trabajado como operario en una de ellas.

—Y si es tan riesgoso para la salud, ¿por qué no se ha ido?

—Porque aquí está la fuente de empleo, se pagan los mejores sueldos, no voy a encontrar mejor opción en otra parte, la ciudad es dura, allá no te fían, no te ayudan, acá todos nos apoyamos —explica desde su lógica aritmética.

En Plan Bonito decidieron que no querían reubicarse, sino compensación monetaria, como se lo dijeron a la firma canadiense Replán, contratada por las mineras para el dilatado proceso de reubicación que tendrá listo su plan de acción en junio próximo y tardará, por lo menos, dos años.

Y es ahí donde a Víctor no le dan las cuentas con los números que enseña a sus hijas: considera que "no es plata" los 91 millones de pesos que le reconocen, a cambio de irse a una vivienda propia, su rancho y el terreno de 105 metros cuadrados, que le costó 3,2 millones de pesos cuando se lo compró a un pariente dos años atrás.

—Comprar una casa hoy en La Loma (corregimiento de El Paso) no baja de 50 millones de pesos. De pronto nos vamos para Fundación (Magdalena), a donde mis suegros —comenta Víctor con resignación.

Mientras él se decide, las tres mineras tienen demandada ante el Consejo de Estado la Resolución 1525 de 2010 que dispuso ajustes a los planes de manejo ambiental. Hay acuerdo corporativo en los altos costos que deben asumir, solo reubicar Plan Bonito y El Hatillo cuesta unos 50 millones de dólares, en lo que hay pugna es en los porcentajes con que deben participar.

A unos 9 kilómetros de la casa de Víctor, en las oficinas de la Drummond, varios de sus directivos explicaron a este diario que el problema empezó por tener que cumplir la orden del Gobierno de pavimentar hace dos años el mayor porcentaje la vía que pasa por Plan Bonito, y que usa otra minera.

Tampoco es la primera vez que la minera estadounidense se enfrenta a una reubicación. Año y medio tardó, hasta finales de 2008, la compra de predios y traslado de 111 familias de Mechoacán, un asentamiento que invadió en 1999 unos predios contiguos a su operación en Pribbenow, en jurisdicción de La Jagua. La intervención, que no estuvo exenta de polémicas, le pasó una factura de 38 mil millones de pesos.

Con ese antecedente, la Drummond no considera equitativo los porcentajes de responsabilidad de la reubicación asignados por el Minambiente frente a los tres poblados. La decisión de la entidad se soporta en una compleja fórmula que tiene en cuenta desde el tamaño de la explotación y la producción hasta "las concentraciones promedio geométricas para partículas suspendidas totales" que arrojan las estaciones que miden calidad del aire en el área de influencia de las tres mineras.

"Es evidente que Plan Bonito queda mucho más cerca de Calenturitas que de Pribbenow. Aún así Drummond debe asumir el 47,15 por ciento de la reubicación, mientras Prodeco solo el 38,8. En el caso de El Hatillo pasa igual: nos corresponde el 51,4 por ciento, cuando es mucho menor la distancia a CNR y solo aporta el 39,3", explica uno de los ejecutivos de la Drummond.

Y con todo, Víctor tendrá que irse con su familia en lo que no duda de calificar de "desplazamiento injusto". Las mineras seguirán asumiendo costos sociales derivados de no ponerse de acuerdo en sus modelos de mitigación del polvillo de carbón.

Pasará a la historia Plan Bonito como un pueblo que no hizo honor a su nombre, donde lo que más sobresalió fue la pobreza, la ausencia del Estado y la baja inversión social, pese a los recursos que pagan las multinacionales por la explotación minera. ¿Quién vigilará que la historia no se repita?.