Uribe, su denuncia y el fiscal
Así como es claro que Álvaro Uribe tiene que sustentar sus graves denuncias, lo es que el fiscal general no es imparcial, pues su toma de partido es evidente. Mala forma de opacar la campaña.
Tal vez, dirían muchos, tendremos que habituarnos a ese estilo de proselitismo donde la propaganda negra se impone, pues apunta a las pasiones más bajas de un electorado que no quiere estudiar y sopesar programas sino presenciar, como en una gallera, cuál es el candidato que más aguanta. Se votará al final por el que tenga el cuero más duro en una competencia donde el que no resiste, pierde.
No es sino mirar las elecciones en Estados Unidos, se dice, donde se esculca hasta el más mínimo recodo de la biografía de los aspirantes a los cargos políticos. Pero una cosa es el examen minucioso de la hoja de vida de los candidatos (necesario, benéfico para la salud pública) y otro la revoltura de acontecimientos que solo siembran confusión.
Es del todo anómala una campaña donde el protagonismo corre por cuenta de la justicia penal y de los asesores que opacan a los propios candidatos. Mucha gente, al día de hoy, sabe más quiénes son J.J. Rendón, Germán Chica, Andrés Sepúlveda o Luis Alfonso Hoyos que lo que proponen Juan Manuel Santos u Óscar Iván Zuluaga. Casi todos saben más qué es lo que dice o calla Álvaro Uribe, que lo que propone el candidato presidencial del Centro Democrático sobre educación o infraestructura.
El hastío electoral del que hablábamos el pasado viernes irá aumentando hasta el final, acompañado por el constante goteo noticioso de la polémica generada por el expresidente y ahora senador electo Uribe Vélez, con el fiscal general, Eduardo Montealegre.
De toda esta polémica tenemos varias cosas claras: primera, el expresidente Uribe hizo una acusación gravísima (el posible ingreso de dos millones de dólares provenientes del narcotráfico para cubrir deudas de la campaña presidencial triunfante en 2010) de la cual tendrá que aportar pruebas. No es un asunto de querer colaborar o no, sino de asumir la responsabilidad derivada de su denuncia pública.
Segunda, el mero testimonio de oídas no es suficiente para soportar con seriedad semejante acusación. Lanzar dicha especie por cálculo electoral sería la más grave irresponsabilidad política y legal.
Tercera, la celeridad del todo desacostumbrada en esta Fiscalía para citar un sábado por la noche a declarar a un testigo a las ocho de la mañana del lunes siguiente contrasta de forma hiriente con asuntos igualmente graves que no han merecido ni una diligencia.
Cuarta, la orientación ya definida del fiscal general, expresada en entrevistas dominicales a la prensa capitalina, que constituyen claro prejuzgamiento y una toma de posición en contra del expresidente, quien tiene razones fundadas para solicitar que aquel y su vicefiscal se declaren impedidos.
No es el primero ni será el último examigo que Uribe Vélez enfrenta. Muy pocos días antes de terminar su doble mandato, llamó al ahora fiscal Montealegre a integrar la comisión de cuatro juristas para denunciar al entonces presidente venezolano Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional.
En ese entonces, Montealegre consideraba cualquier colaboración con las Farc un crimen internacional. Hoy día, hace piruetas argumentales para salvar a los jefes de esa guerrilla de cualquier sanción penal.
En Colombia, no solo la política es dinámica. Las convicciones jurídicas también.
LA RECUSACIÓN DE URIBE CONTRA EL FISCAL NO TIENE NINGÚN FUNDAMENTO
Por RAMIRO BEJARANO GUZMÁN
Abogado, profesor universitario y columnista
El fiscal general Montealegre tiene razón en no declararse impedido, pues él no puede salirse de lo estrictamente jurídico para meterse en lo político. El expresidente Uribe está citado como testigo, no como parte procesal, y en esa condición no puede recusar a los funcionarios, y menos hacerlo por radio o televisión.
Entre otras cosas, no hay razón para recusar al fiscal o al vicefiscal, porque ellos no son los que van a decidir si aceptan cargos o no. Eso lo decide un juez, pues así opera el sistema penal acusatorio. Es un juez, no el fiscal, el que decide si lo que denunció Uribe es cierto o no, teniendo en cuenta las pruebas practicadas.
Más absurdo aún es remitir esas pruebas a la Procuraduría. Eso es indicativo de que entre el procurador y el expresidente hay una alianza. Si las pruebas son contra J.J. Rendón, que no es funcionario público, o contra el presidente Santos, que no es disciplinable por el procurador, ¿a cuento de qué le van a entregar a este las supuestas pruebas, si no tiene competencia para obrar?
Es evidente una alianza del laureanismo que representa Alejandro Ordóñez con el expresidente Uribe, una alianza política. Si Uribe tuviera una sola prueba contundente sobre lo que dijo la semana pasada, ya la habría sacado hace rato, no la hubiera guardado.