Destapan cartel de seguridad privada
La SIC formuló pliego de cargos contra ocho empresas que intentaban cerrar contratos por $320.000 millones.
Periodista de economía de El Colombiano. Oidor de tangos. Sueño con una Hermosa sonrisa de luna.
A los carteles del cemento, los pañales, el papel higiénico y el azúcar, entre otros, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sumó ahora el cartel de la seguridad privada, que involucra a ocho firmas, así como a 32 personas.
A la investigación que se inició en 2011 están vinculadas las empresas: Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi y Security Management Group, que presuntamente lograron acuerdos anticompetitivos para participar en los procesos de contratación pública, adelantados por 149 entidades estatales en todo el país, entre 2010 y 2012.
Adicionalmente, la SIC formuló pliego de cargos contra 32 personas naturales (ver gráfico), entre accionistas, administradores, empleados y exempleados de esas sociedades y cooperativas de seguridad privada.
Hasta donde se sabe, el presunto cartel de la seguridad privada buscaba lograr la adjudicación de al menos 252 contratos, cuyo valor ascendía a una suma superior a 320 mil millones de pesos.
Para la SIC, los supuestos actos de cartelización habrían concluido en la presentación de ofertas concertadas en como mínimo 100 licitaciones de las cuales lograron ganar 25 por un valor superior a los 63 mil millones de pesos.
La denuncia
El arranque de las indagaciones se originó en el año 2011, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) puso en conocimiento de la SIC los presuntos acuerdos anticompetitivos en la Licitación Pública LP-001 de 2011.
Entonces, el Icbf informó que en el curso de la licitación Starcoop y Guardianes se presentaban como supuestos competidores individuales, cuando en realidad actuaban coordinadamente para que alguna de las dos ganara el proceso licitatorio.
A partir de esa denuncia, la Superindustria analizó el comportamiento de las empresas denunciadas en diferentes procesos de contratación estatal y encontró vínculos de tales personas jurídicas con otras empresas.
Como consecuencia de esas averiguaciones, entre abril de 2012 y febrero de 2013, la SIC realizó visitas administrativas de inspección a ocho empresas de vigilancia y seguridad privada, y encontró documentos y correos electrónicos con listas e información de procesos de selección contractual ante distintas entidades públicas, que evidenciaban posibles estrategias anticompetitivas encaminadas a la adjudicación de los contratos.
En diciembre pasado, el exrepresentante legal de una de las empresas investigadas se presentó ante la SIC, para colaborar y reconocer su participación en el presunto cartel empresarial y aportar pruebas que demostrarían la existencia de esos acuerdos.