Del conflicto armado a la conflictividad social
Lo que ha caracterizado la dinámica sociopolítica de los últimos tiempos es la tendencia a que los enfrentamientos propios del conflicto armado terminaron marginalizando o subsumiendo buena parte de la conflictividad social. Esto fue una característica lamentable para nuestra democracia, porque el conflicto social o político terminó siendo estigmatizado y las autoridades así como una buena parte de la sociedad, viéndolo con sospechas o en ocasiones como simple prolongación o expresión de los actores armados, por supuesto sobrevalorando la capacidad de acción y representación de los mismos.
Pero justamente lo que se está buscando en las conversaciones entre el Gobierno y las guerrillas, en La Habana con las Farc y en las conversaciones preliminares con el ELN, que esperamos muy pronto nos sorprendan positivamente anunciando el inicio de una mesa formal, lo que se busca como elemento central es la realización de algunas reformas que apunten a los temas de exclusión social y a mejorar la calidad de la democracia, eliminando el uso de las armas para hacer política, lo que en plata blanca significa no que los conflictos sociales desaparezcan, sino por el contrario que van a seguir emergiendo y desarrollándose pero sin acudir al uso de la violencia.
Colombia, como sabemos, tiene una larga tradición de violencia ligada a la esfera pública; lo que no significa que toda nuestra historia haya sido una historia violenta. Eso ha llevado a que con frecuencia se asocie violencia a conflicto y ese es un craso error.
Sin embargo, en buena medida ello es una herencia negativa del periodo conocido como la ‘guerra fría’ en que dentro de esa división del mundo en dos grandes campos, el capitalista liderado por Estados Unidos y el socialista por la Unión Soviética, todos los conflictos al interior de las sociedades tendieron a interpretarse como una proyección de ese enfrentamiento global entre capitalismo y socialismo y en esa medida a satanizar a los conflictos y ubicarlos fácilmente en la dimensión de enemistades absolutas, es decir en la lógica amigo-enemigo. Pero claro, también contribuyeron a este tipo de interpretación el propio accionar de los grupos insurgentes y la interpretación errada del Estado sobre la conflictividad social.
El conflicto es la expresión de la diversidad de intereses, valores, anhelos o expectativas que tienen distintos grupos sociales o personas al interior de una comunidad política. Por ello es pertinente decir que el conflicto es inherente a las sociedades modernas, democráticas y pluralistas, como lo son la gran mayoría de las sociedades contemporáneas. También, desde interpretaciones de raíces marxistas se dice que el conflicto expresaría las contradicciones inherentes a la sociedad.
Los conflictos implican temas en debate o disputa, pero tienen la posibilidad de que se desarrollen y se resuelvan a través de distintas vías, sin que implique recurrir al uso de la violencia, aunque eso para ciertas visiones un poco radicales podría asociarse a reformismo y claro que lo es. Por ejemplo, demandas de sectores sociales como los campesinos, los estudiantes, los pobladores de un territorio, sectores de defensores del ambiente y así sucesivamente. Para el desarrollo de esos conflictos los sectores demandantes recurren a distintos mecanismos de visibilización de sus demandas, de presión para que las mismas sean consideradas como de interés general, es decir públicas-políticas y les den respuestas y para ello acuden a mecanismos formales como derechos de petición, acciones populares o a movilizaciones sociales, cabildeo u otras modalidades de presión social o política.
Algunos conflictos como los sindicales, están ampliamente institucionalizados en las legislaciones contemporáneas de casi todas las sociedades, que reconocen el derecho de huelga y el procedimiento para acudir a la misma. Esto minimiza el riesgo de que el conflicto se transforme en acciones violentas.
Normalmente las autoridades que tienen que ver con estas demandas están en la obligación de dar respuesta a los grupos sociales o comunidades que expresan estas peticiones; deben, en lo posible, establecer escenarios de diálogo y de búsqueda de concertación, para encontrar respuestas, por lo menos parciales a estas demandas. Si lo anterior se lleva a cabo, la posibilidad de que los grupos demandantes o protestantes acudan a vías de hecho o a recursos de confrontación, se disminuye sensiblemente.
Pero los conflictos no se pueden asociar con la violencia. Cuando eso sucede, y a veces pasa, eso convierte un conflicto normal en un escenario de enfrentamientos violentos en los cuales la situación inicial tiende a agravarse y la posibilidad de buscar salidas se dificulta. Al respecto, es importantes recordar que los enfrentamientos absolutos que ponen en riesgo la convivencia en una sociedad se sitúan fuera del ámbito del conflicto socialmente aceptado.
Este va a se ser uno de los desafíos importantes de Colombia en el periodo del posacuerdo con la guerrilla y es que muy probablemente vamos a tener una irrupción de conflictos sociales y políticos de diversa naturaleza y debemos aprender a enfrentarlos como parte de la dinámica propia de una sociedad democrática. Ese es un desafío para las autoridades, para los líderes sociales y políticos y para la sociedad en su conjunto. Si no lo logramos, fácilmente podemos caer en prácticas que distorsionan o destruyan la propia democracia.