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El proyecto de ecominería o minería ecológica que pretende adelantar la Gobernación de Antioquía durante el periodo 2020-2023, incluido en el Plan de Desarrollo, tiene una meta ambiciosa y es que, con este renglón de la economía, se pueda llegar a los 50.000 empleos.
Según el secretario de Minas, Jorge Jaramillo Pereira, este departamento produce el 57 % del oro que se genera a nivel nacional, con exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales, lo que lo convierte en un frente generador de riqueza al más alto nivel, pero de poco sirve si se hace a costa de acabar con el medio ambiente, los ecosistemas de flora y fauna y el recurso hídrico.
“La ecominería es el futuro de esta actividad en Antioquia y Colombia, la minería responsable es la ruta de los proyectos que lideramos hoy en el departamento”, expuso el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
Lo positivo es que para este proyecto ya llegaron los primeros recursos. Los trajo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, que ofreció el respaldo al enfoque departamental y a la manera como en este territorio se va ejercer control de la actividad. El cheque fue por $8.800 millones.
“La ecominería es un enfoque diferencial para darles herramientas a los mineros que se quieran formalizar y hacer el tránsito a la legalidad. En este aspecto vamos a trabajar de la mano con Antioquia; el proyecto es formalizar 27.000 mineros en este gobierno, de los cuales ya hay 12.000 en proceso”, expresó el ministro.
La ecominería, dice Jaramillo Pereira, es compatible con los ecosistemas sociales y ambientales. Advierte que hay que romper estigmas: “La minería es como los rellenos sanitarios, nadie los quiere al lado pero son necesarios. Como hay una parte de la minería que se hace de manera ilegal, es lo que aflora, pero en el departamento hay grandes proyectos mineros que generan riqueza y empleo”, indicó.
Mencionó que solo en el Magdalena Medio hay cuatro grandes empresas que explotan materiales calcáreos y cemento, pues no se produce solo oro: Argos, Corona, Holcim y Cemex.
Señala que Colombia tiene ventajas que juegan a favor de una minería sustentable: “Somos un país tropical, mientras acá llueven más de 3.000 mm al año en promedio (3.240 según la FAO), en el mundo llueven 900 mm (1.008 según el Ideam). Tenemos la mayor biodiversidad del planeta y la exigencia es muy alta”, afirma.
La Gobernación está enfocada en dos aspectos: llegar a una minería sustentable y que esta sea un renglón reactivador de la economía.
Para esto se activó la Ruta Minera, que busca la legalización de 3.200 mineros del Bajo Cauca. Adicional, hay una meta de reforestar 10.000 hectáreas degradadas, con apoyo de RIA (Reforestadora Industrial de Antioquia), y generar emprendimientos para familias de la región.
Ya se firmaron cinco contratos de explotación minera en el Valle de Aburrá, el Suroeste y el Bajo Cauca (Medellín, Santa Bárbara, Fredonia, Venecia y Zaragoza) para extraer metales preciosos y materiales de construcción.
El secretario Jaramillo explicó que cuando un proyecto termina la etapa de exploración –que genera en promedio 20 empleos– pasa a generar 50 en la etapa de explotación. Este paso se da con un PTO (Plan de Trabajo y Obras), que es estudiado y analizado por su dependencia y las corporaciones ambientales, que pueden hacer nuevas exigencias, pedir ajustes y aprobar o desaprobarlo. Serán muy exigentes en el tema ambiental.
El Gobierno Nacional aceptó la solicitud de la Gobernación de prorrogarle por cuatro años la facultad al departamento de realizar los procesos de titulación y fiscalización minera.
La idea es adelantar esta labor en 1.000 títulos que pasarían a generar 50.000 empleos, “lo que constituiría un gran aporte a la reactivación de la economía en el marco de la crisis generada por la covid-19”, indicó Jaramillo.