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La filial de EPM en la costa Caribe se vio envuelta este miércoles en una nueva polémica, esta vez por unas declaraciones del alcalde Daniel Quintero en las que aseguró que no descartaba devolver esa empresa al Gobierno Nacional. En una rueda de prensa en la que se refirió a la incertidumbre por el incremento de las tarifas de energía en el país, que han golpeado con especial fuerza a los usuarios de esa región, Quintero aseguró que avanza en conversaciones con la Nación con miras a mitigar ese incremento, siendo la salida de EPM de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre una de las opciones sobre la mesa.
“Estamos abiertos a alternativas, incluso la de entregarle nuevamente Afinia al Gobierno Nacional. Nosotros estamos ahí con el ánimo de ayudar y servir, pero si resulta una solución positiva entregar Afinia, nosotros la entregamos”, dijo Quintero, en declaraciones que no cayeron bien.
Pese a que el alcalde no aludió a ese escenario cómo una decisión tomada, su propuesta llega tarde y se muestra problemática por varios frentes. Primero, por los términos en los que EPM asumió la operación en esa región en 2020; y segundo, porque no hay nada que relacione la eventual salida de la empresa con una rebaja en las tarifas.
El proyecto, además, aparece en medio de un ambiente caldeado por múltiples denuncias que señalan a esa entidad de atender a intereses políticos y estar rezagada en varios de sus indicadores e inversiones, tal como lo advirtió en julio pasado la Superintendencia de Servicios Públicos.
Además, en un horizonte de una década, el compromiso de EPM es el de invertir cerca de $10 billones para mejorar la red eléctrica de la región.
Una idea improvisada
Para entender lo problemático de la propuesta, de la que además el alcalde no expresó mayores detalles, hay que remontarse a 2020, año en el que EPM ganó la licitación de CaribeMar, con la que obtuvo luz verde para aterrizar en la costa Caribe y hacer crecer su cartera de clientes en más de 1,5 millones de usuarios.
Sin contar que en aquel momento la empresa selló uno de los negocios más jugosos del año, incrementando su participación en el mercado nacional de un 23% a un 35% (el máximo permitido por la ley), los términos del contrato de adquisición de acciones que tuvo que firmar para lograr esa expansión no le permitirían abandonar esa inversión de la noche a la mañana.
Aunque, tal como se conoció entonces, dicho contrato tenía una cláusula de salida si no se cumplían unos indicadores y condiciones específicas, dicha puerta se cerró cuando EPM selló formalmente la transacción en septiembre de 2020.
Otra variable que entra en juego, es que, pese a que la Nación cumplió un papel de facilitador en la firma de los contratos de CaribeMar y CaribeSol, ambas transacciones quedaron selladas como operaciones entre entidades independientes, lo que cerraría cualquier ventana para que el gobierno central volviera a asumir la operación de la compañía.
Bajo ese escenario, la única alternativa posible para que Afinia pasara a manos de la Nación sería la venta de la empresa, escenario bastante improbable teniendo en cuenta las inversiones que deben hacerse en la red eléctrica de la región y el estrecho margen fiscal que hoy tiene para una operación de esa envergadura.
Así mismo, en dicha operación, otra pregunta que entra en el radar es cómo recuperaría EPM los recursos que ya ha invertido en la zona, aspecto clave para que los funcionarios y las directivas de la empresa no sean responsables de un cuantioso detrimento patrimonial.
El lío con las tarifas
La polémica abierta por Quintero tuvo otro frente, ya que el mandatario presentó su propuesta como una alternativa para reducir las tarifas de servicios públicos en la Costa.
Aunque en un comienzo se refirió a varias de las propuestas que hoy se estudian en el país, como la creación de un fondo de estabilización o la implementación de una reforma en los cálculos de las tarifas (dos decisiones que dependen exclusivamente del Gobierno Nacional), el alcalde enlazó la presencia de EPM en la región con el tema.
“El caso del Caribe es más complejo. Allí EPM y Air-E tomaron la decisión de entrar a apoyar la región haciendo unas inversiones que suman cerca de $10 billones. Una parte de esa plata la pone EPM, otra parte importante y muy grande la ponen los ciudadanos que van a recibir los beneficios”, dijo Quintero, formulando que una alternativa para ese territorio sería la creación de un fondo de estabilización hasta por $8 billones.
Sin embargo, tras insistir en la necesidad de que el Gobierno Nacional se meta la mano al bolsillo para aliviar la tarifa, Quintero lanzó al aire la idea de salir de la región.
Tal como lo ha venido contando este diario en sus páginas económicas, el reciente encarecimiento de la energía ha sido impulsado principalmente por el incremento de indicadores como el Índice de Precios al Productor (IPP), que alcanzó un valor del 30,02% este mes según el Dane.
En el caso de la costa Caribe, junto a ese indicador, expertos explican que otra variable asociada a las altas tarifas es la existencia de una regulación que permite a las empresas de esa región tener un mayor margen para recuperar las pérdidas de energía, especialmente altas allí por los problemas de infraestructura y los líos para controlar las conexiones ilegales.
Bajo ese contexto, la entrega de Afinia a la Nación no aparece como una solución clara para resolver el comportamiento de ambas variables, la primera asociada al contexto económico mundial y la segunda a variables culturales.
Pese a ser vista como una luz de esperanza tras su llegada a la región en 2020, en lo corrido de los dos últimos años Afinia ha estado en el ojo público por reportar múltiples ruidos de corrupción e indicadores que la han puesto en la mira de los órganos de control. En diciembre pasado, por ejemplo, la empresa reportó un porcentaje de pérdidas de energía 28,3% y en junio pasado salió mal librada en un informe de la Superservicios, que consideró que la empresa estaba rezagada en inversiones para reducir ese indicador.
La pregunta que queda de fondo es qué pretende Quintero con este tipo de propuestas que no tienen asidero. Unos creen que es para presionar al Gobierno Nacional y otros para buscar salidas al embrollo en el que está EPM.