El Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entregó a cinco personas que se encontraban bajo su poder en la zona rural del municipio de Cáceres, en un acto que se realizó en Tarazá.
Entre los raptados estaban cuatro presuntos integrantes del ELN, entre ellas un menor de edad, y un señalado integrante de las disidencias del frente 36 de las Farc, quienes se encontraban en calidad de prisioneros de guerra, señalaron las autoridades.
La retención ilegal de estas cinco personas se registró el pasado 25 de agosto, en medio de unas confrontaciones que dejaron, también, a cuatro muertos, de acuerdo con los registros oficiales, en la vereda San Pablo, zona rural del municipio de Cáceres.
Para la entrega de estas personas participaron OEA MAPP, Personería Municipal de Tarazá, Comisaría de Familia de Tarazá, Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).
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Según indicaron personas que participaron en la entrega, esta se hizo bajo todas las condiciones establecidas en el Derecho Internacional Humanitario, respetando la integridad física de estas cinco personas.
Joelle Cervantes, delegada del Cicr, manifestó que “agradecemos a los actores armados por confiar en nuestra labor humanitaria, neutral, independiente e imparcial, la cual busca contribuir a la protección de las personas durante los conflictos armados”.
La retención ocurrió en medio de confrontaciones que se presentaron en esta vereda del Bajo Cauca antioqueño entre las AGC, el ELN y las disidencias de las Farc, situación que llevó al confinamiento de cerca de 1.500 residentes de esta vereda.
Entre los muertos de estos combates se encontraba Miguel Echavarría, quien era un líder social y trabajaba como el presidente de la Asociación de Barequeros de San Pablo, además de otras tres personas, entre habitantes de la población e integrantes de esta organización.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, manifestó que esta situación fue advertida en el pasado no solo en esta vereda, sino también en otros sectores de Cáceres, pero hasta el momento no han sido escuchados por el Gobierno Nacional.
“Hace tres semanas habíamos advertido sobre la crítica situación que atraviesan los habitantes de 33 veredas del municipio de Cáceres y lamentablemente no ha sido atendida con la celeridad que demanda”, dijo Camargo.
