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En manos del Tribunal Administrativo de Antioquia está una demanda presentada por el ciudadano Giovani Suárez para que se declare pérdida de investidura a 18 concejales de Medellín por presuntas irregularidades que habrían cometido durante la reelección del secretario general de la corporación, Jorge Restrepo, quien está apartado del cargo desde junio en cumplimiento de una medida cautelar aceptada por un juez en otra demanda.
Ambos son procesos diferentes, pero se relacionan en su esencia. La que cursa contra Restrepo aún no ha sido fallada en primera instancia, pero un juez aceptó la medida cautelar que lo obligó a dejar provisionalmente sus funciones, mientras el Consejo de Estado resuelve su apelación.
Sobre la que es contra 18 concejales, de los cuales 3 ya renunciaron por motivos diferentes, tampoco se ha conocido fallo en primera instancia.
¿Qué se demandó?
En consideración del demandante, los corporados deben perder la investidura por presuntamente incurrir en un conflicto de intereses para favorecer la elección de Restrepo, en la votación que tuvo lugar el 15 de octubre de 2021 (para la vigencia de 2022), pues esta no habría estado enmarcada en un concurso de méritos.
Restrepo ocupó el cargo desde 2020 y fue reelegido para 2021 porque los concejales resaltaron la calidad de su trabajo, tanto, que también decidieron reelegirlo para 2022. Pero, dice la demanda, “la reelección debió realizarse, sin excepción alguna, mediante concurso público de méritos”.
Esta historia tiene tres momentos e igual número de demandas de Suárez. La primera de ellas la presentó por nulidad electoral para que se dejara sin efectos la reelección de Restrepo que se votó en octubre de 2021 para la vigencia 2022. El Consejo de Estado ordenó que el secretario dejara su cargo y así lo hizo en marzo pasado.
Ese mismo mes, el Concejo abrió un nuevo proceso para elegir secretario entre marzo y diciembre próximo, convocatoria a la que el secretario, que ya había salido, se presentó. Y volvió a ganarse el puesto. Para ese momento, Suárez no sabía que Restrepo había retomado su cargo, pero justo coincidió con la segunda demanda que presentó, la de pérdida de investidura contra los 18 concejales.
Tras enterarse de que el secretario había regresado, Suárez presentó la tercera demanda el 10 de junio pasado, de nuevo de nulidad electoral, por la votación de marzo. Y es esta dentro de la cual se aprobó la medida cautelar que tiene a Restrepo apartado de forma provisional mientras se falla de fondo.
Un detalle más en este caso fue expuesto en la demanda de pérdida de investidura. En marzo, tras la primera salida de Restrepo de su cargo, la concejala María Paulina Aguinaga fue nombrada secretaria ad hoc, lo que para el demandante es una irregularidad, porque ese puesto debía ser ocupado por el subsecretario de la corporación.
Lo cierto es que Aguinaga ya no está en el Concejo y que en este momento el puesto de secretario lo ocupa el subsecretario Conrado Torres.
Con este proceso está en riesgo la curul de 15 corporados: Jaime Cuartas, Sebastián López, Aura Marleny Arcila, Fabio Humberto Rivera, Luis Carlos Hernández, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Dora Saldarriaga, Juan Ramón Jiménez, Babinton Flórez, Julio González, Nataly Vélez, Alfredo Ramos, Lucas Cañas y Lina García. Aunque Albert Corredor, María Paulina Aguinaga y Simón Molina también fueron incluidos, los tres renunciaron a sus cargos hace poco.
Así las cosas, el único concejal que no fue incluido en la demanda es Juan Felipe Betancur, debido a que no votó a favor en la reelección del secretario. Tampoco están incluidos Carlos Andrés Ríos, Leticia Orrego, Claudia Ramírez, Simón Pérez y Carlos Mario Romero, quienes entraron a ocupar curules que quedaron libres, por lo cual no estuvieron en la sesión que originó la demanda.
Además de argumentar la ausencia de un concurso público de méritos para reelegir al secretario general, el demandante también hizo referencia a que los corporados habrían actuado para “favorecer pagos de recursos públicos a personas que no surtieron el principio de legalidad para su elección o postulación”, lo cual para él constituye un cargo de pérdida de investidura.
¿Qué responden?
Conocida la demanda en su contra, los concejales se defendieron, algunos de forma individual, otros conjunta, pero comparten por lo menos un argumento para solicitar al Tribunal que se nieguen las pretensiones de Suárez. Dicen que actuaron de buena fe y que, incluso, pidieron varios conceptos jurídicos no solo de los abogados del Concejo, sino en consultas a otras instancias y llegaron a la conclusión de que el actuar era legal.
Algunos corporados dijeron sentirse tranquilos porque actuaron con base en los conceptos consultados. Algunos también afirmaron que no hay causales de conflicto de intereses, pues no trataron de beneficiar a un privado. Muchos, incluso, afirmaron no tener una relación personal con Restrepo, sino una meramente profesional e institucional.
Y también argumentaron que no actuaron para beneficiar con el pago de dineros públicos a Restrepo, pues el rubro para pagar el secretario está estipulado en la entidad. Otros concluyeron que la pérdida de investidura no podría aplicarse, en tanto que es una sanción por conductas que infrinjan la ley, pero ellos opinan que actuaron conforme a preceptos y conceptos jurídicos que avalaban la reelección del secretario.
Solo resta esperar la decisión judicial sobre un Concejo de Medellín que ha estado marcado en el actual periodo por varios cambios: ocho de los 21 corporados elegidos en 2019 han dejado sus curules, dos por fallos judiciales y seis por renuncias