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Faltan solo tres meses para que en el país entre a regir la Ley 1658 de 2013, que definió el 16 de julio de este año como la fecha para la erradicación del mercurio en la minería, y aún no existe una ruta para la disposición final de este elemento químico, lo que tiene a las corporaciones ambientales en ascuas, pues no sabrán qué hacer con las incautaciones de este elemento.
La denuncia la hace una comisión de la Asamblea de Antioquia, encabezada por la diputada Ana Cristina Moreno, que alerta sobre la que considera una desidia del Estado para legislar sobre el tema y definir pautas claras.
“No hay una solución para la disposición final del mercurio, y si no hay un uso adecuado del elemento, va a seguir contaminando”, recalca la diputada Moreno.
Al respecto, Alejandro González, director de Corantioquia, cuya jurisdicción abarca las zonas mineras del Nordeste y Bajo Cauca, advierte que la Ley Antimercurio delega en las corporaciones y autoridades ambientales regionales el control a las disposiciones del gobierno central, “pero no podemos controlar lo que no se ha reglamentado, y la reglamentación es necesaria, porque el mercurio es un residuo muy peligroso y no se puede tratar solo encerrándolo en una celda o incinerándolo”.
El problema se agrava porque quienes más utilizan hoy en día el mercurio son los mineros ancestrales y artesanales, que a partir de julio quedarán como “ilegales” y las autoridades les podrán incautar el elemento.
La Confederación Nacional de Mineros de Colombia -Conalminercol- dice que en Antioquia hay más de 3.500 Unidades de Pequeña Minería (UPM) por formalizar, de las que viven 250 mil personas, y esta será la población afectada con la norma antimercurio.
Oladier Ramírez, secretario General de Cornare (corporación con jurisdicción en Oriente y parte del Magdalena Medio), subraya que en el país no hay ninguna empresa con licencia para realizar la disposición final del mercurio y solo hay una con licencia, pero para almacenarlo en bóvedas temporales.
“Las corporaciones no tenemos esa licencia y no podríamos hacer esa disposición final”, advierte. Recuerda, además, que si les tocara tramitar la licencia entrarían en conflicto de intereses, pues serían juez y parte, ya que ellas mismas deberían otorgarla.
Los diputados también denunciaron que, en 2016, el Ministerio del Ambiente definió la implementación del Registro de Usuarios del Mercurio -RUM-, que agrupa a los mineros que habrá que apoyar y asesorar para que abandonen el elemento y lo reemplacen por otros menos nocivos para la salud, pero en Antioquia solo se registró una persona.
El diputado Jaime Alonso Cano señaló que si no se fijan pronto las pautas para todo este problema, desde los ministerios de Minas y Energía y de Medio Ambiente, a partir del 16 de julio la situación será una bomba de tiempo, “porque a los mineros pequeños les llega la ley y no se sabe qué va a pasar con ellos”.
En Antioquia, en 2017 entró en vigencia la Ordenanza 24, que creó la Mesa Interinstitucional para buscar soluciones al problema. La próxima semana habrá reuniones de urgencia entre las corporaciones y la Secretaría de Minas.