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El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, reconoció que la empresa fue notificada de una medida cautelar en su contra derivada de una acción de grupo que busca un resarcimiento económico por cuenta de las afectaciones que habría generado la Planta de Tratamiento Aguas Claras, ubicada en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.
“Siempre hemos sido respetuosos de todos los organismos judiciales, pero nos llama la atención esta medida. Este martes fuimos notificados de la medida cautelar que aunque es por 30.000 millones de pesos, en algunos documentos tiene dualidades en la cifra”, expresó el funcionario.
Igualmente, añadió que en defensa de EPM se interpondrán los recursos correspondientes. “No hemos podido estudiar los documentos que están detrás de esta acción, y cuando lo hagamos daremos las explicaciones correspondientes”.
Carrillo aseguró que las empresas de servicios públicos y sus cuentas tienen unas protecciones especiales porque, según dijo, “si fueran embargables se pondría en riesgo la prestación del servicio”.
Sobre el proceso se conoció que estarían vinculadas unas 100 personas, quienes aseguran haber sufrido afectaciones por la construcción de la planta de aguas residuales en el norte del área metropolitana, debido a los malos olores que esta expulsa.
Dicha norma fue invocada por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar que en 2016 embargó parte de los dineros de propiedad de Empresa de Servicios Públicos de Bosconia, como medida cautelar en un proceso interpuesto contra esa compañía.
Por su parte, el experto contable Julio César Leal dijo que las cuentas de EPM pueden ser objeto de embargo. “Esta compañía cobra por los diferentes servicios que ofrece y por tratarse de una actividad comercial esos recursos pueden ser embargables”.
Aunque aclaró que si se trata de recursos especiales, protegidos por la ley y asociados a servicios públicos serían inembargables. “Pero, no todas las cuentas de EPM son de esa naturaleza”, enfatizó Leal.
En la misma línea se pronunció el vocero de la plataforma “El patrimonio público no se vende”, Yamid López, quien anotó que las cuentas de EPM son embargables. Y agregó: “No lo pueden embargar totalmente. Por ejemplo, no pueden embargar las cuentas ni los recursos para pagar salarios de los trabajadores”.
Las respuestas son en torno a la información que trascendió por un pronunciamiento de un juzgado del municipio de Bello, que incluye la medida cautelar.
Lo que se conoció es que el juez ordenó hacer el millonario embargo contra la empresa antioqueña de servicios públicos, la Alcaldía de Bello y otras nueve entidades relacionadas con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
En información relevante publicada en la Superintendencia Financiera EPM reconoció que la semana pasada, la Empresa sí fue notificada por parte del Juzgado 26 Administrativo Oral del Circuito de Medellín de la admisión de una acción de grupo por hechos similares, sin que se hubiese decretado medida cautelar alguna
El proyecto en Bello
La planta Aguas Claras EPM opera desde septiembre de 2019 a flujo pleno, y contribuye con el 50 % en la disminución de los índices de contaminación del río Medellín.
A los pocos meses de operación, la comunidad que habita los complejos urbanísticos aledaños a la planta manifestó las incomodidades por los frecuentes malos olores que se derivan de la entrada en operación de la misma.
Como respuesta a los reclamos, en febrero del 2020 se creó un plan de acción con compromisos ambientales, que se verifican semanalmente y que pretenden solucionar los malos olores.
En su momento, León Yepes, gerente de Aguas Residuales de EPM, explicó que con carbón activado y otras tecnologías, la empresa controla actualmente los olores que se generan en la planta. Indicó que los compromisos pactados se resumen así: medidas provisionales con la implementación de químicos que neutralizan las moléculas de olor, lo que facilita que el aire no tenga contaminación; y un paquete de obras definitivo que permitirá llevar los gases a edificios para limpiarlos y que luego puedan ser transferidos a la atmósfera sin generar molestias.
Precisamente, el pasado 25 de junio el Consejo Departamental Ambiental de Antioquia (Codeam) validó el cumplimiento de las acciones y consideró que los impactos se disminuyeron y las acciones se cumplieron, con lo que dio por concluido el Comité de Asuntos Coyunturales para Aguas Claras.