Javier Cadavid dice que lleva 12 años preso injustamente y pide ayuda a JEP

Javier Cadavid asegura que lleva 12 años detenido injustamente. Busca su libertad condicional ante este tribunal.

Javier Cadavid Palacio ha pagado 12 años físicos en prisión y ha redimido por lo menos 4 y medio por buen comportamiento, estudio y trabajo. FOTO: Juan Sebastián Carvajal
Javier Cadavid tiene cuatro hijos, dos de ellos eran menores de edad cuando lo enviaron a prisión, donde hoy pasa sus días entre el estudio y el trabajo. FOTOS: Cortesía
Javier Cadavid insiste en que no se rendirá hasta demostrar su inocencia. FOTO Cortesía

Dos pensamientos se cruzan a diario por la mente de Javier Cadavid Palacio mientras pasa sus días en la cárcel La Paz de Itagüí por un delito que asegura que no cometió. El primero es el temor de que la muerte lo alcance antes que la libertad y la justicia; el segundo, la esperanza de hacer el que considera el mejor viaje de su vida: un trayecto de una hora en carro hasta su hogar en Rionegro, en el Oriente antioqueño, para estar con sus seres queridos.

Javier piensa todos los días en su esposa, sus cuatro hijos, su nieto y sus hermanos. No los ve desde marzo de 2020, cuando la pandemia modificó las condiciones de visitas en el centro carcelario y ahondó el dolor que le han causado el aislamiento y la ruptura de una vida construida con esfuerzo.

La herida se ha hecho más profunda durante los 12 años que lleva tras las rejas, arropado con una única convicción: es inocente de los delitos de extorsión agravada y enriquecimiento ilícito por los que fue condenado en 2009 a 23 años de prisión, cuando también lo señalaron de tener relación con el frente 47 de las extintas Farc.

Javier está agotado y enfermo de gritar una y otra vez que no colaboró con la guerrilla, que no cometió delitos y que se trata de un error de la justicia que destruyó su vida y la de su familia. Pero vencerse no es una opción. “Hasta el último día de mi vida voy a pelear mi inocencia”, expresa.

Llamado al padre De Roux

Hoy tiene puestas las esperanzas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a donde envió su caso el pasado 20 de agosto para que fuera revisado con la pretensión de que le concedan la libertad condicionada que le permita seguir defendiéndose lejos del encierro.

El Alto Tribunal le respondió a EL COLOMBIANO que la solicitud está en estudio y que debe terminar de analizar el expediente penal para proferir una resolución. Entre los argumentos de la abogada para pedir el beneficio están que el caso tiene “clara relación con el conflicto armado” y que, aunque Cadavid Palacio defiende su inocencia, fue condenado como colaborador de las Farc, lo que a la luz del Acuerdo de Paz le permitiría definir su situación jurídica fuera de las rejas.

En el documento presentado a la JEP, conocido por este diario, la apoderada del caso pidió que entrevisten a Javier para que amplíe su versión y que se oficie al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, autoridad a cargo de vigilar el proceso, para que entregue los dictámenes de Medicina Legal sobre su representado, según los cuales tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) y trastorno mixto de ansiedad y depresión, condiciones “incompatibles con la vida en reclusión”.

Javier Cadavid tiene cuatro hijos, dos de ellos eran menores de edad cuando lo enviaron a prisión, donde hoy pasa sus días entre el estudio y el trabajo. FOTOS: Cortesía

Y el tiempo apremia, Javier siente que su salud se deteriora cada vez más y que todos los días crecen su angustia, ansiedad y tristeza. Por eso, pidió que desde estas páginas se transmitiera un llamado directo al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, para que registren su caso, que quiere que conozca el mundo entero si es posible. Por eso también espera agotar los pocos recursos que le quedan en Colombia para buscar ayuda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hoy espera que haya un fallo a su favor de parte de la JEP para poner fin a la seguidilla de decisiones en su contra que ni siquiera le han permitido obtener la detención domiciliaria, pese a que a los 12 años físicos que ha pagado se suman por lo menos cuatro y medio de pena redimida por estudio, trabajo y buen comportamiento, lo que indica que de 23 años de condena ya ha cumplido unos 16 y medio.

EL COLOMBIANO conoció la cartilla biográfica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la que consta que el juez le ha negado al recluso la detención domiciliaria, la libertad condicionada y beneficios administrativos como el permiso de 72 horas que tanto ha anhelado para estar con su familia aunque sea unos días. En la ficha consta además que en la evaluación trimestral de conducta, entre agosto de 2009 y marzo de este año, obtuvo 2 calificaciones regulares, 6 buenas y 37 ejemplares.

Javier relata que en la cárcel de Itagüí, a donde llegó el 29 de octubre de 2013, tras estar en otros centros carcelarios desde finales de 2009, tiene una buena relación con otros presos y con los guardianes. Pasa su tiempo entre el estudio y el trabajo: ha pintado casi 80 cuadros, elabora manillas, collares, aretes y hamacas; ha participado en cursos y talleres por los que le han dado como 25 diplomas, entre ellos el de una técnica ambiental que hizo con el Sena y está aprendiendo a fabricar productos de aseo con esta misma institución.

El inicio de la pesadilla

Este hombre, nacido en Caramanta (Suroeste de Antioquia) el 17 de mayo de 1957, no sabe qué significa perder el tiempo; siempre fue emprendedor y trabajador. Sus padres, Bernarda y Enrique, levantaron 12 hijos, de los cuales él es el noveno. Cuando era un niño partieron de Caramanta hacia Nariño (Oriente del departamento), huyendo de la violencia entre liberales y conservadores. Después, en busca de un mejor futuro, se mudaron a Medellín, donde terminó sus estudios en el Pascual Bravo.

El deseo de mejorar su economía lo llevó de nuevo a Nariño, al corregimiento Puerto Venus, donde montó un negocio de abarrotes que pronto se convirtió en el más grande del pueblo. Allá conoció a Mariela Toro, una maestra de la que se enamoró, con quien tuvo sus cuatro hijos. Sin embargo, la guerrilla los obligó a desplazarse hacia Rionegro, donde aún vive la incompleta familia, hecho por el que el Estado colombiano los reconoció como víctimas del conflicto.

En el negocio de Puerto Venus también comenzó a gestarse su desgracia. Cadavid Palacio manejaba una cuenta bancaria que se volvió una especie de corresponsal usado por toda la comunidad, en una región en la que movilizarse con dinero en efectivo era ponerse en bandeja de plata para robos de la guerrilla.

Todos conocían el número de la cuenta y consignaban dinero que luego Javier les entregaba en la tienda, incluidos salarios de policías, soldados y profesores de la zona. El gran beneficio que obtenía era mantener un alto número de clientes, a lo que se sumaban dos tiendas más que tenía en otros pueblos. Era un comerciante próspero.

Javier Cadavid insiste en que no se rendirá hasta demostrar su inocencia. FOTO Cortesía

Por años Javier ha explicado que el número de la cuenta llegó a manos de la guerrilla, que lo empezó a dar para que las víctimas de sus extorsiones consignaran el dinero. Estos hechos ocurrieron entre 2005 y 2007 contra habitantes de Aguadas y Pácora, municipios del vecino departamento de Caldas, y fueron los que le endilgaron a Javier.

Varios excombatientes han reiterado que Javier es inocente e, incluso, le han pedido perdón a la familia por el daño que causaron al emplear esa cuenta bancaria. Este diario tuvo acceso a un audio grabado en octubre pasado en una audiencia con víctimas del Oriente antioqueño en el que se escucha a Elda Mosquera, alias Karina, excomandante de los frentes 47 y 9 de las Farc, lamentar que pese a que desde 2014 está diciendo que Cadavid Palacio es inocente, él aún siga tras las rejas.

En dicha audiencia estuvieron Mariela Toro, la esposa de Javier, y Juan Felipe Cadavid, uno de sus hijos, a quienes “Karina” les dijo: “Yo he ido a los estrados judiciales a decir que hay un inocente en la cárcel, que la guerrilla lo utilizó, que él nunca colaboró”. Y, una vez más, entre lágrimas, les pidió perdón y reiteró su deseo de seguir contribuyendo con la verdad y la justicia por los atroces crímenes que cometió, un compromiso que asumió tras postularse a Justicia y Paz y que trata de cumplir bajo libertad condicional.

Los testimonios en este sentido también los han dado desde 2009 las víctimas de las extorsiones, así como integrantes de la Policía de municipios de Caldas y Antioquia. Todos coinciden en que él era un comerciante reconocido que no perteneció ni colaboró con filas subversivas.

EL COLOMBIANO conversó con “Marcos Urbano”, excoordinador de estos dos frentes guerrilleros, quien se acogió al Acuerdo de Paz firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos. Manifestó lo mismo que “Karina” y recordó que uno de sus hombres, Pedro Pablo Montoya, alias Rojas, entregó la cuenta bancaria que manejaba Javier, sin su conocimiento ni autorización, para que se consignara plata de extorsión.

“Varios exintegrantes de los frentes 47 y 9 hemos dicho a la JEP, bajo gravedad de juramento, que damos fe de que ese señor es inocente, ha pagado mucho por algo que no hizo, no era colaborador nuestro, él prestaba un servicio como de giros”, expresó y dijo que si Cadavid Palacio se hubiera querido acoger al Acuerdo de Paz ya estaría libre.

Pero esa no es una opción que contemple Cadavid Palacio, pues dice que nunca va a reconocer un delito que no cometió, aun cuando eso signifique mantenerse “secuestrado por el Estado colombiano”, como considera que está ante la negativa de concederle la libertad que le quitaron, en primera y segunda instancia el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales (año 2009) y el Tribunal Superior de Manizales (2011), respectivamente. Tampoco valió la revisión que pidió a la Corte Suprema de Justicia para que se tuvieran en cuenta las declaraciones de los excombatientes.

Tal es su convicción de inocencia que compareció de forma voluntaria a todas las diligencias y audiencias, con el fin de que esa pesadilla terminara rápido. Nunca pensó en huir ni que esto pasaría de ser un malentendido a un infierno del que no ha logrado salir. También le parece inverosímil que hayan creído que un hombre de 52 años, la edad que tenía cuando lo involucraron en el hecho, esposo de una profesora, con tres prósperos negocios y sin afugias económicas, cometería un delito así.

A sus 64 años solo espera que le devuelvan la dignidad que le arrebataron y la posibilidad de pasar el resto de sus días con los suyos. Suficiente ha sido para él no haber ido al entierro de su madre, que murió casi un año después de su captura sin saber que estaba encarcelado, ni a los grados de sus hijos ni al nacimiento de su único nieto.

Sufre y llora porque cuenta que tampoco ha recibido tratamientos adecuados para su salud física y mental. Pero lo persigue un miedo más profundo: “A cada rato presiento que me van a salir matando en la cárcel para deshacerse de un problema”.

Por lo pronto se acerca una nueva Navidad en la que la familia, otra vez, arreglará muy bonita la casa porque este puede ser el año en el que Javier regrese al calor del hogar donde siempre han creído en su verdad, la que lleva repitiendo por años.