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Por varios delitos contra la administración pública en el desempeño de su gestión como mandatario, un juez de control de garantías envió ayer a la cárcel al alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo, quien fue capturado el pasado 18 de octubre, tras un operativo del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía.
“Con los elementos de prueba se determinó que la medida de aseguramiento era necesaria por la gravedad de los hechos, la cuantía de los mismos y la contundencia de las pruebas de la Fiscalía”, dijo el director seccional de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas.
El juez también decretó medida de aseguramiento carcelaria contra el asesor jurídico y jefe de la Oficina de Contratación, Juan Carlos Castaño Rico; la secretaria de Hacienda, Belén Rendón Estrada; el secretario de Bienestar Social, Luis Fernando Suárez; y la representante legal de la empresa Codeiva, Verónica Olarte. Todos están implicados en una supuesta red de corrupción que habría cometido 7 delitos.
También hubo decisiones contra la esposa del alcalde, Duberleny Jiménez (quien está embarazada), el exsecretario de Planeación, Carlos Julio Ramírez, quien es padre cabeza de familia; y el contratista Francisco Luis Madrid. Todos ellos, por las particularidades mencionadas, fueron enviados a prisión domiciliaria.
Según González Flechas, las investigaciones del CTI permitieron identificar que los detenidos habrían conformado una red de supuestas entidades sin ánimo de lucro con las que la Alcaldía celebraba millonarios contratos con elevados sobrecostos que, al parecer, fueron a parar a manos de García y su gabinete.
“Logramos establecer cómo las empresas vinculadas en la red, cuando les salían los cheques (pagos) debían entregar en efectivo los porcentajes a que eran obligados a miembros de la administración municipal. La Primera Dama recibía dineros en centros comerciales de Medellín”, dijo.
El detrimento patrimonial supera los $2.000 millones, según la Fiscalía.
A los detenidos les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de servidor público, cohecho, prevaricato por acción, asociación para delinquir y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Ninguno de los detenidos se allanó a los cargos. La defensa apeló la decisión.