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Este año en Medellín han sido asesinadas 204 personas, es decir, dos personas por día, en promedio. El incremento ha sido progresivo, pues según estadísticas de la Secretaría de Seguridad, entre el 1 de enero y el 16 de abril de 2016 habían asesinado a 132 personas, en el mismo período de 2017 ya eran 137 y el año pasado el registro hablaba de 160 víctimas.
La confrontación entre bandas criminales sigue siendo responsable de la mayoría de los crímenes, con 83 casos (equivalentes al 40 %), mientras que los problemas de convivencia o entre vecinos han dejado 17 muertos este año, de acuerdo con los reportes del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín.
El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que las comunas donde se presentan más homicidios son precisamente las que tienen disputas activas entre bandas delincuenciales.
“En La Candelaria (comuna 10) tenemos muchas dinámicas criminales y es el sitio en el que más gente circula; históricamente ha sido la zona más conflictiva de la ciudad. Y en las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier) tenemos disputas activas con bandas como ‘la Agonía’, ‘el Coco’, ‘Pesebreros’, entre otros”.
El general resaltó que la seguridad en el Valle de Aburrá es una prioridad nacional y que por eso cada semana el ministro de Defensa, Guillermo Botero, pide reportes de la situación. “La instrucción es no dar espacio para que las bandas se fortalezcan”, agregó.
El personero de Medellín, Guillermo Durán, aseguró que buena parte de los homicidios se cometen con armas de fuego, lo que da cuenta de la presencia de bandas en varias zonas de la ciudad.
“Hay una economía criminal que actúa como el motor que impulsa toda la violencia en la ciudad”, dijo.
La concejal Luz María Múnera calificó la situación de derechos humanos de Medellín como crítica.
“Estamos ante una realidad dramática, hemos retrocedido en la garantía y protección de los derechos. Los criminales están cometiendo delitos y el Estado no aparece”, aseguró.
El también concejal Jesús Aníbal Echeverri dijo que el gobierno local está dando una lucha sin precedentes contra los criminales y que eso se ve reflejado en un índice de calidad de vida más alto.
“Yo no miro los homicidios por año sino por período de alcaldes. Entre 2001 y 2003 (alcaldía de Luis Pérez) tuvimos 9.484 homicidios, luego (alcaldía de Sergio Fajardo) hubo 3.840; en la siguiente (Alonso Salazar) hubo 6.905 y en la pasada administración (Aníbal Gaviria) teníamos 3.339”, dijo.
Agregó que en lo que va del gobierno de Federico Gutiérrez, la cifra está por encima de los 1.759; pero que la operatividad y la captura de delincuentes han subido.
Echeverri destacó que la Secretaría de Seguridad —encargada de la coordinación de los organismos— tiene el sexto presupuesto más alto de la administración, con $242.074 millones.
Las autoridades de la ciudad sostienen que la lucha entre bandas, especialmente de grupos como “la Agonía” en la comuna 13 y “el Coco” en la 12, han generado zozobra en las comunidades.
Una fuente de inteligencia policial señaló que en el occidente de la ciudad la venta de drogas, la extorsión —en especial a los transportadores— y el tráfico de armas son las formas principales de financiación de las bandas.
“Cuando alguien intenta romper los esquemas de control territorial, o cuando uno de los cabecillas es capturado o dado de baja, inmediatamente los que están debajo en la escala de poder empiezan una lucha. Todos saben que hay mucho dinero en juego y quien ceda, pierde”, dijo.
El alcalde Federico Gutiérrez dijo a comienzos de mayo que históricamente en su período, cerca del 70 % de los homicidios han tenido relación con la lucha entre criminales.
“Cada muerte me afecta a nivel personal (...) Yo decidí emprender una lucha ética en contra de la ilegalidad. Mi convicción es que la tranquilidad de la ciudad no puede depender de la voluntad de los delincuentes”, dijo.
El general Camacho agregó que hay una intervención conjunta con Fiscalía especializada (en crimen organizado), personal de la Dijín y la Dipol, del más alto nivel, con mayor disponibilidad de tiempo y de elementos logísticos o tecnológicos, para empezar a afectar el nivel más alto de las estructuras; es decir, a los nuevos cabecillas.
“Se ha determinado que hay algunos criminales que tienen cierto poder sobre las organizaciones, viven en sectores exclusivos de Medellín y con el dinero de las rentas mantienen a los muchachos (integrantes de combos). Si afectamos sus finanzas, vamos a romper la cadena criminal”, apuntó el oficial.
Al respecto, Juan Esteban Jaramillo Giraldo, investigador y magíster en Ciencia Política, opinó que la política de seguridad del alcalde de Medellín no ha tenido un diagnóstico claro sobre los factores asociados a los problemas de criminalidad, lo que conduce a ofrecer una misma respuesta a situaciones diversas.
Además, dijo, es una política que se centra en el uso de la fuerza reactiva, renunciando a un enfoque sociopreventivo.
Según el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, hoy por hoy el Valle de Aburrá —con Medellín y Bello a la cabeza— están afectando las estadísticas de muertes violentas en Antioquia. “El departamento está en verde en homicidios, con una reducción del 6 %, tenemos mejoras en Ituango y el Bajo Cauca; pero esos dos (Medellín y Bello) son los municipios que más nos afectan”, dijo.
Las cifras de homicidios por regiones en Antioquia, en lo que va del año, aún no ha sido oficializada. Cabe resaltar que en los primeros tres meses de 2019, 587 familias desplazadas del Bajo Cauca llegaron a Medellín.
Pérez buscará participar de las estrategias de seguridad del Aburrá. Según Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, se pondrá en marcha una mesa metropolitana de seguridad.
“En Medellín el alcalde Gutiérrez ya tomó la iniciativa de reunirse con sus homólogos, pero la idea es que el gobernador Luis Pérez también participe para que las acciones se aprovechen al máximo”, dijo.
El propósito, agregó, es tomar acciones conjuntas como se hace, por ejemplo, en asuntos de movilidad.
En su más reciente visita al Aburrá, el pasado martes, el ministro Botero señaló que las bandas tienen una actuación focalizada en los barrios, pero que cuando se producen acciones de control estatal, se mueven de un sector a otro.
“Si en algún momento se hace presión en uno de los sitios del Aburrá inmediatamente hay un desplazamiento de los delincuentes. Por eso vamos a trabajar en la coordinación de Policía, Ejército y Fuerza Aérea”, dijo .