Carrusel de estafas se detuvo en el municipio de Amagá y se burló de 505 familias

Por Carlos Múnera

Al momento, son muchas las familias que no han podido obtener sus escrituras o recibir la devolución de los dineros invertidos.

23 de junio de 2005

Gloria Catalina Villegas Martínez, representante legal de Vivienda Legal Ltda. suscribía un convenio con el municipio de Amaga bajo el mandato de Carlos Adolfo Taborda Trujillo, que tenía el objeto de desarrollar el programa de legalización predial en el municipio con usuarios que fueran propietarios o poseedores de bienes inmuebles en el sector urbano. Una vez firmado el convenio, la Administración abrió un espacio físico para la adecuación de una oficina que pudiera atender lo concerniente al tema de legalización y se dio inicio al desarrollo del objeto del contrato. Al año siguiente, el alcalde Taborda fallece, quedando encargado en la administración del municipio el señor Juan Carlos Amaya Cano, en el periodo comprendido entre noviembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2007.

30 de abril de 2007

Para esta fecha se firma el contrato de prestación de servicios profesionales PSP-0014 de 2007, donde la alcaldía de Amagá, con Juan Carlos Amaya como alcalde encargado, contrata al arquitecto Francisco Javier Gallego Duque como contratista encargado de “Titular de forma adecuada 60 predios urbanos del municipio de Amagá” como reza en el objeto del contrato. Hay que anotar que Gloria Catalina Villegas y el arquitecto Francisco Gallego son socios de la empresa Vivienda Legal, como lo certifica la Cámara de Comercio de Medellín.

Pero la estafa llega cuando el señor Francisco Gallego se toma más atribuciones de las que estipulaba el objeto de su contrato, legalizar 60 viviendas del área urbana del municipio en cuestión. El señor Gallego, se aprovechó de la confianza que generaba el tener una oficina en el segundo piso del edificio de la administración municipal, tener papelería con la imagen corporativa de la empresa Vivienda Legal y de la Alcaldía de Amagá.

Además de las 60 familias a las que se les legalizaría su situación de vivienda, Francisco Gallego comenzó a realizar su propio trabajo de agrupar a familias que necesitaran cualquier tipo de legalización de vivienda, en zonas urbanas o rurales, sin tener en cuenta, por ejemplo, que de la legalización de áreas rurales se encarga el INCODER. Fue así como creó una base de datos de familias con necesidades de legalización en terrenos privados, públicos, invasiones, en terrenos baldíos, en verdaderas y falsas sucesiones y en desenglobes.

Fueron 505 las familias que se inscribieron voluntariamente en el “proyecto” paralelo que venía desarrollando el señor Gallego, arquitecto de profesión, mientras seguía como contratista de la Alcaldía y $250.000 pesos era la cifra que pedía el señor Gallego para resolver los problemas de legalización. Estos dineros fueron captados de manera ilegal, más aún, cuando no tenía potestad de resolver los del área rural, los de sucesiones y los de terrenos baldíos. Una de las afectadas es la señora María del Carmen Atehortúa, identificada con cédula 32.450.646 y habitante del el sector La Horca, quien en derecho de petición fechado el 30 de mayo de 2008 y enviada a la alcaldesa de Amagá, Auxilio Zapata, relata cómo, fue asaltada junto con su familia, en su buena fe: “El predio, lo poseemos en razón de una herencia de nuestro difunto padre, en el que somos comuneros varios herederos, de los cuales, diecisiete hicimos el aporte solicitado en su totalidad, $250.000 por persona, para un total de $4.250.000.”. Hablando de la confianza en los contratistas relata: “La alcaldía municipal avaló dicho programa no sólo con su nombre, sino también facilitando las instalaciones de la misma, como se hizo con la Oficina de Planeación Municipal, dándole a este proyecto un grado de confianza que nos permitió no poner en duda la seriedad del mismo”.

Fueron muchas las personas, que como doña María, entregaron dineros al señor Francisco Gallego, quien firmaba sus volantes de promoción del programa como Coordinador Programa de Titulación, volantes con los logosímbolos de la Alcaldía y la empresa contratista. De las 505 personas inscritas en lo que fuera, un desarrollo ilegal de funciones, 76 personas solo llegaron a entregar dineros entre $1 a $100.000 pesos, otras cien personas no alcanzaron a entregar dinero alguno, el resto de personas entregaron la totalidad del dinero solicitado o cifras mayores a $100,000 pesos. La estafa, pues, podría superar los $80 millones, de un contrato que inicialmente estipulaba la legalización de 60 viviendas y en el que la Alcaldía de Amagá aportó seis millones de pesos.

Pero el señor Francisco Gallego tampoco cumplió con el contrato que convenía la legalización de 60 predios urbanos. Aunque se le dio casi la totalidad del dinero, el señor Gallego solo asesoró la legalización de 30 predios y ante los múltiples llamados que le hizo la administración municipal, devolvió el resto del dinero no ejecutado, liquidándose así, el contrato entre las dos partes. Los predios faltantes del convenio inicial, los resolvió la Alcaldía con cada uno de los afectados.

Derechos de petición va y vienen

A parte de la estafa realizada a las personas que aportaron dineros para la legalización de diferentes predios, existe un problema extenso de comunicación, pues una de las partes, el representante del municipio de Amagá en 2005, Carlos Adolfo Taborda Trujillo, falleció y con él, se fueron datos, cifras y muchas de las respuestas a inquietudes formuladas por la población afectada.

Inician las inquietudes de los estafados, la organización de personas afectadas en común, para incrementar la voz de protesta. También inician los concejales de Amagá sus derechos de petición en representación del pueblo, se buscan respuestas en administraciones posteriores a la del fallecido alcalde. Comienzan las solicitudes a la Notaría Única de Amagá, para que responda “supuestamente” por las escrituras que según decían en la Alcaldía, estaban listas para entregar. Comienzan las respuestas del Notario Único y sus derechos de petición, formulados también a la Alcaldía.

En el oficio 078, con fecha del 6 de octubre de 2007, John Fredy Giraldo López, Notario Único del circuito de Amagá y dirigido a Juan Carlos Amaya Cano, alcalde municipal de Amagá, el notario explica: “…Veo con extrañeza que en dicho “programa” se le diga a la gente de legalizarse cualquier clase de predios sin importar la PATOLOGÍA referida, como por ejemplo las sucesiones y los procesos de pertenencia, los cuales tienen un trámite especial ya establecido por la ley, y que debe cumplirse… Por estos días han venido a mi despacho notarial un sinnúmero de personas quienes han manifestado que los envían del “Programa de titulación de la Alcaldía” porque aquí les estamos haciendo la escritura, a lo cual les tenemos que responder que no es cierto, todas las personas que han llegado a pedir la misma información siempre dicen QUE EN LA NOTARÍA YA ESTÁN LOS PAPELES PARA OTORGAR LA ESCRITURA, que eso le informaron en LA ALCALDÍA…”.

En oficio 042, aunque con fecha anterior, del 29 de julio de 2007, el notario hace defensa de su negativa a la entrega de más escrituras, no canceladas o que no cumplen requisitos: “No soy el culpable de que el contratista le haya quedado mal a su Administración y a la comunidad Amagacita que confió parte de su peculio en este ‘señor’, pero sí soy el culpable de haber confiado de buena fe y AUTORIZAR parte de esas escrituras…”, que por cierto, no fueron canceladas y que cuando el señor Francisco Gallego cancela, lo hace con cheque sin fondos que lo respalde, como lo sostiene el mismo notario, un tiempo después, en el oficio 021 del 18 de abril de 2008 donde cuenta: “El día 3 de marzo hogaño el citado señor (Francisco Javier Gallego Duque) giró el cheque N°14753690 a fin de cancelarme los costos notariales por la suma de (…) $2.985.421, suma que hasta la fecha no he podido cobrar en razón a que la cuenta no tiene fondos y además, dicen en el banco que esa cuenta es del municipio de Sopetrán”, y es que hay que anotar, que los mismos vicios cometidos por el señor Gallego, fueron ejecutados en otros municipios del suroeste de Antioquia.

Son más los derechos de petición que se han formulado: de la alcaldía de Amagá a la Notaría Única, del notario a la Alcaldía, del Consejo Municipal a la Alcaldía, de los afectados a la Alcaldía y así sus sucesivas respuestas, excepto los que más luces podrían dar acerca de este tema; el alcalde fallecido y el señalado autor de la estafa, Francisco Gallego.

Son muchas las respuestas que ha tenido que dar la actual alcaldesa de Amagá a las diversas inquietudes formuladas por los afectados del programa de legalización de predios, firmado en convenio por el fallecido alcalde Carlos Adolfo Taborda Trujillo, esposo para la época, de la actual alcaldesa Auxilio Zapata. El 18 de noviembre de 2009, la alcaldesa Zapata, se presentó de manera voluntaria ante la Asamblea Departamental de Antioquia en sesión ordinaria, para rendir un informe general y sin mayores detalles, del estado de la situación de legalización de vivienda. Allí narra que aún hay 183 personas que fueron estafadas a las que no se les puede definir su situación porque están en terrenos del ferrocarril o en invasiones a particulares. También dice la alcaldesa Auxilio, que a las personas que dieron entre $1 y $100.000 pesos, a 36 ya les fue solucionado su problema de 76 que eran. De otro grupo de 50 personas, a 30 de ellas se les hizo canje por servicios.

2009. Al perro sí lo capan dos y muchas veces

Pero en esa vía para solucionar la estafa dejada por el arquitecto Francisco Javier Gallego, de Vivienda Legal Ltda., la alcaldía de Amagá contrató a Carlos Alberto Gómez Montoya para que se encargara de la devolución de dineros a las personas afectadas de este municipio, quien ya había trabajado con Francisco Javier Gallego, como lo demuestra una carta enviada por el señor Gallego Duque al Notario Único de Amagá, John Fredy Giraldo el seis de febrero de 2008: “Me permito informarle que la persona designada para tramitar todo lo correspondiente con la notaría a su cargo, es el señor Carlos Alberto Gómez Montoya, director local del Programa, el cual lo puede localizar en la Alcaldía Municipal (segundo piso) o en teléfono 847 21 22, extensión 118”.

Carlos Alberto Gómez, fue contratista en el programa de legalización y trabajaba directamente con Francisco Gallego. En 2009 la Alcaldía lo contrató para que se encargara de la devolución de los dineros a las personas que habían dado entre $1 y $100.000 pesos. El señor Gómez no responde actualmente por los dineros entregados.  La Alcaldía le entregó la totalidad del dinero que se debía reintegras a las familias afectadas, pero esta persona entregaba solo parte del dinero a las personas y les decía que en diciembre les entregaba el faltante del mismo, dineros que no ha entregado. Esta persona vive en Amagá, se pasea por el municipio tranquilamente. La Alcaldía piensa denunciarlo ante la Inspección de Policía. Lo curioso del asunto es que fue el mismo Carlos Alberto Gómez, quien demandó a Auxilio del Socorro Zapata, por la supuesta deuda de dineros de la época del convenio con Vivienda Legal. La demanda fue hecha a la persona de Auxilio Zapata y no al municipio de Amagá.

Las personas interesadas siguen yendo a Planeación Municipal para que les hagan devolución de su dinero, los que invaden terrenos a particulares siguen viviendo allí, los herederos siguen de comuneros, los lotes baldíos siguen sin dueño, los particulares siguen dueños de lo suyo, los que roban dineros públicos siguen caminando tranquilos por Antioquia, los municipios siguen cayendo redonditos en negocios chuecos, las interventorías siguen ciegas con sus asuntos y la plata del pueblo se sigue perdiendo, se la siguen chupando los que del tumbe viven.

2 comments

  1. elkin ariza   •  

    Yo fui dammificado por este proceso de escrituras. La que se robo la plata fue la señora catalina por que el ingeniro francisco vino y devolvio todo lo que a el le dieron y ella no devolvio un peso. El ingeniero entrego muchoas escrituras y lo que quedo debiendo lo pago en plata. De esa señora nose volvio a saber nada

  2. isabel zapata   •  

    soy abogada. y maneje procesos de este caso. El señor gallego devolvió en su totalidad los dineros recibidos y entrego un buen numero de escrituras. Siempre dio la cara en los procesos y aclaro ante los organismo respectivos su participacion en este proceso.

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