Ley de transparencia, herramienta para exigir información

El lector Lucas González dice: “….oí que hay una nueva ley sobre el acceso a la información y deseo que usted nos comente en qué consiste y cómo nos beneficiamos  al solicitar informes en los despachos oficiales…”.

Las normas que rigen el libre acceso a la información pública, reunidas ahora  en un estatuto, constituyen uno de los pilares del derecho a la información.

El 6 de marzo pasado el presidente Santos sancionó la Ley 1972 de 2014,  luego de superar el control de la Corte Constitucional.

Esta norma legal busca regular “el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.”, según reza el artículo 1.

El derecho de petición lo han usado ciudadanos y periodistas pero esta nueva ley pretende ampliar las garantías.

La sentencia C-274/13 resalta tres aspectos de la norma: en primer lugar “…el acceso a la información pública garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos…”. En segundo término, “…cumple una función instrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales, ya que permite conocer las condiciones necesarias para su realización…”.  Y tercero, “…el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado…”. Este último, según puntualiza la Corte en la sentencia T-473 de 1992.

Según la nueva ley “como titular del derecho a acceder a la información pública a toda persona, sin exigir ninguna cualificación o interés particular para que se entienda que tiene derecho a solicitar y a recibir dicha información  de conformidad con las reglas que establece la Constitución y el proyecto de ley”, explica la sentencia C-274/13.

El sujeto obligado de dar respuesta a las solicitudes no puede negarse, salvo las excepciones de reserva sobre asuntos de seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales, entre otros temas cobijados por la ley. En tales casos, la respuesta deberá ser motivada, por escrito, citando la norma.

La ley también contempla la gratuidad de la información suministrada y la responsabilidad penal de quien adultere, oculte o la niegue.

Entrará en vigencia seis meses después de su sanción para las entidades nacionales, y un año para las territoriales.

Los insultos: una epidemia social

Con frecuencia recibo quejas y observaciones de lectores, periodistas y columnistas por los comentarios y los correos electrónicos plagados de insultos y a veces de calumnias e injurias.

El uso del lenguaje ofensivo y destructor se ha multiplicado en forma exponencial en los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad en general.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Pero esta conducta dañina prospera entre quienes confunden la libertad de expresión con la impunidad, parapetados en el anonimato que les permite la red.

Este lenguaje descalificador y abusivo, de golpes bajos, es una conducta violenta y delincuencial que corre los límites de la libertad de expresión para violar los derechos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico. En una palabra, atenta contra los derechos humanos.

¿Y quién insulta? El que no tiene argumentos y da vía libre a expresiones viscerales llenas de odio y pugnacidad que solo busca maltratar, por decir lo menos. Y unos pocos, que dan rienda suelta a su conducta malsana, los llamados troles, clasificadas como personas que solo buscan ofender y crear malestar.

Lo peor es que este fenómeno, calificado como epidemia social por autores estudiosos del asunto, alarma en las calenturas estacionales, como por esta temporada de elecciones.

Este mal afecta no solo a las personas. Pone en riesgo el diálogo que generan las audiencias en los foros, porque lo convierte en un escenario de gritos mal olientes, lejos de la conversación argumental y constructiva.

Desgraciadamente algunos medios de comunicación importantes han tenido que cerrar las puertas a los comentarios. Se da el caso, también, de columnistas que no ponen su correo electrónico para evadir la agresión.

El Colombiano busca la participación de sus audiencias mediante el sistema de foro moderado. Es decir, la opinión del lector es revisada antes de publicarse, para evitar insultos, difamaciones e injurias.

Periodistas y medios de comunicación defendemos la libertad de expresión y por esta razón alentamos la participación de las audiencias. En este ámbito de respeto no caben los comentarios insultantes.

Sin duda es un esfuerzo poner el filtro, aún a costa de los juicios irracionales que consideran la gestión como una cortapisa a sus opiniones y una restricción de sus derechos.

Desarmar las palabras debe ser el propósito clave a la hora de comunicar, opinar y criticar.