Ley de transparencia, herramienta para exigir información

El lector Lucas González dice: “….oí que hay una nueva ley sobre el acceso a la información y deseo que usted nos comente en qué consiste y cómo nos beneficiamos  al solicitar informes en los despachos oficiales…”.

Las normas que rigen el libre acceso a la información pública, reunidas ahora  en un estatuto, constituyen uno de los pilares del derecho a la información.

El 6 de marzo pasado el presidente Santos sancionó la Ley 1972 de 2014,  luego de superar el control de la Corte Constitucional.

Esta norma legal busca regular “el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.”, según reza el artículo 1.

El derecho de petición lo han usado ciudadanos y periodistas pero esta nueva ley pretende ampliar las garantías.

La sentencia C-274/13 resalta tres aspectos de la norma: en primer lugar “…el acceso a la información pública garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos…”. En segundo término, “…cumple una función instrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales, ya que permite conocer las condiciones necesarias para su realización…”.  Y tercero, “…el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado…”. Este último, según puntualiza la Corte en la sentencia T-473 de 1992.

Según la nueva ley “como titular del derecho a acceder a la información pública a toda persona, sin exigir ninguna cualificación o interés particular para que se entienda que tiene derecho a solicitar y a recibir dicha información  de conformidad con las reglas que establece la Constitución y el proyecto de ley”, explica la sentencia C-274/13.

El sujeto obligado de dar respuesta a las solicitudes no puede negarse, salvo las excepciones de reserva sobre asuntos de seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales, entre otros temas cobijados por la ley. En tales casos, la respuesta deberá ser motivada, por escrito, citando la norma.

La ley también contempla la gratuidad de la información suministrada y la responsabilidad penal de quien adultere, oculte o la niegue.

Entrará en vigencia seis meses después de su sanción para las entidades nacionales, y un año para las territoriales.

Preguntas sobre el ejercicio periodístico (3)

La reflexión de las dos últimas columnas, animada por las inquietudes del lector Sergio Saldarriaga, continúa hoy con estas preguntas: “¿Es el periodismo el nuevo juez de la sociedad?”. “¿Hasta dónde llega su responsabilidad con el manejo de la pluma o el micrófono?”.

El primer interrogante describe una percepción generalizada, que va en contravía del periodismo responsable. Lo que algunos llaman “juicios mediáticos” o “justicia de los medios” son aberraciones que tenemos que descartar y combatir.

El periodista informa, no juzga. No está entre su misión reemplazar la acción de la justicia, aunque a veces sus investigaciones ponen al descubierto casos de corrupción.

Las investigaciones periodísticas deben observar la presunción de inocencia y el debido proceso. Los acusados gozarán de las garantías para hacer los descargos. La información debe ser obtenida por medios lícitos. Las filtraciones son indicios para desarrollar una indagación previa a la publicación, porque su divulgación puede beneficiar oscuros intereses.

En consecuencia, la responsabilidad de los periodistas y de los medios es un tema vital que abre el debate en variados escenarios con la participación de los distintos actores. Unos y otros tienen obligaciones y responsabilidades en los ámbitos penal, civil y social, desde el inicio de la reportería hasta la publicación. El derecho a la información no es absoluto, tiene su límite en otros derechos y garantías constitucionales, legales y éticas.

Los autores Rodrigo Uprimny Yepes, Adriana Fuentes y Catalina Botero, sostienen en su obra, Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005), que la responsabilidad “surge desde el momento mismo en que se inicia el proceso de obtención, preparación, producción y emisión de información por parte de un determinado medio de comunicación, durante los cuales los principios de veracidad e imparcialidad deben prevalecer, en orden a garantizar los derechos fundamentales de las personas que pudieran verse afectadas con la divulgación de la información, sin que por ello se desconozca el derecho de aquellos de informar libremente, pero siempre dentro de los límites del bien común, del orden justo y del respeto de la dignidad y de los demás derechos de las personas”.

Preguntas sobre el ejercicio periodístico (2)

Las dos nuevas inquietudes de la serie planteada por el lector Sergio Saldarriaga motivan esta reflexión iniciada en la columna anterior.

La primera se refiere concretamente a la trampa del periodista que se disfrazó de sacerdote para ingresar a la sala de la Clínica Universitaria de Grenoble en donde está recluido desde el pasado 29 de diciembre el piloto alemán de la Fórmula Uno, Michael Schumacher, con el ánimo de tomarle una fotografía. La segunda pregunta es sobre la falta de autocrítica de los periodistas.

Corina, Gina María y Mick, esposa e hijos del paciente, denunciaron el abuso del fotógrafo, la violación de la intimidad y solicitaron respeto y comprensión a los medios de comunicación que están pendientes de la salud del deportista accidentado cuando esquiaba.

El clamor de la familia de Schumacher se repite en múltiples circunstancias. Con frecuencia los periodistas transgreden el derecho a la información e invaden el ámbito de otro derecho fundamental: el de la intimidad.

El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia dice que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar…”.

Y más allá de esta garantía constitucional, consagrada en casi todas las legislaciones, el periodismo responsable tiene principios éticos universales de obligatorio cumplimiento. La información se debe obtener por medios lícitos, sin trampas ni engaños ni atajos ventajosos. Todas las cartas deben estar sobre la mesa, a la luz.

El periodismo encubierto es una práctica excepcional. Solo puede ser válida en condiciones extremas, en casos en los que no hay otra opción para indagar sobre hechos noticiosos de evidente interés público.

Con respecto a la segunda inquietud planteada por el lector Sergio Saldarriaga, considero que la autocrítica es extraña en muchas salas de redacción. Los periodistas generalmente estamos prestos a criticar, pero, a la vez, somos esquivos para recibir los juicios de los lectores y alérgicos al autoexamen y a la reflexión necesaria sobre el quehacer periodístico.

En mi opinión esta conducta va en detrimento de la profesión porque le resta credibilidad tanto al periodista como al medio. También atenta contra la calidad del contenido.