Un mal sabor dejan siempre en la opinión pública las decisiones de la justicia que corren más rápido por los medios masivos que por el correo certificado. Esta semana se conocieron sendos procesos en contra del Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos y del Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo. En ambos casos llegaron primero a los despachos de los mandatarios, la nube de llamadas y periodistas micrófono en mano; que la comunicación formal por parte de los despachos de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría.
Para quienes no conocen detalles sobre la apertura de las investigaciones, les invito a visitar los siguientes links: Investigación Gobernador de Antioquia. click aquí. Investigación Alcalde de Medellín. click aquí
Ambas investigaciones son preliminares, por casos muy distintos. Pero me llama la atención que en un año electoral como éste, tengan tanta notoriedad en los medios, procesos que lastiman y afectan el ánimo y la disposición en un año tan crucial para la administración pública, donde los gobernantes están tratando de cerrar de manera acertada su cuatrenio y sin duda les preocupa – creo que es válido- dar legitimidad a su proyecto programático, para que el electorado considere la continuidad de otros candidatos afines y de esta forma fortalecer iniciativas concretas de desarrollo local y regional que necesitan la gasolina del tiempo y la durabilidad para consolidarse.
No quiero cuestionar el papel de la Justicia o de los organismos de control. De hecho confío en el acierto y la celeridad que le van a dar a estos asuntos, para que la opinión pública conozca los resultados con el mismo despliegue mediático de la apertura de las investigaciones y no generen un manto de dudas frente a estos dirigentes y su tarea de gobierno.
Me cuestiona la forma cómo se dan a conocer estas decisiones: Primero salta la noticia desfigurada a las redes sociales, luego vienen los rumores, publican los medios masivos y por último se tiene la delicadeza de notificar al interesado. Esto lleva muchas veces a que la opinión pública e incluso algunos medios de comunicación, juzguen de antemano y le “quiten las plumas a la gallina” sin posibilidad luego de restituirle la reputación, a quien fue víctima de intereses oscuros.