La construcción de ciudadanía civil como soporte de un Estado, donde lo público no es solo un asunto reducido o trastocado exclusivamente al gobierno, es uno de los principales propósitos que se debe tejer en el intercambio entre ciudadanos e integrantes de un gobierno en los procesos de definición de acciones y priorización de recursos que se van a invertir o van a servir para la operación en la búsqueda de un mejoramiento en las condiciones de desarrollo de un territorio.
Una de las herramientas normada por la Ley de Colombia y que se constituye un tema de trabajo para muchos escenarios de investigación sobre la Comunicación Pública gubernamental bajo el concepto de Accountability es la llamada Rendición de Cuentas.
Para que la construcción de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno se produzca y por ende se logre que la ciudadanía esté empoderada frente a lo público, lo constituyen los ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, que a pesar de haberse dado de manera espontánea a lo largo de nuestra historia como Nación, se ha venido refinando la forma en la que los gobiernos y entidades del orden nacional, regional y local deben hacerlo. El más reciente intento normativo es la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva para los ciudadanos, incorporada bajo documentos Conpes 3654 de 2010, por medio de la cual se genera una metodología que se introduce a partir de la comprensión de la naturaleza y esencia filosófica de la rendición de Cuentas y en una segunda parte del documento se entregan elementos metodológicos para la propuesta, ejecución, monitoreo y evaluación de estos ejercicios que son de carácter obligatorio para las alcaldías de los 1032 municipios de Colombia.
Así mismo el gobierno de Colombia a partir de la aparición y fortalecimiento de Internet, se ha esmerado por estimular políticas tendientes a lograr Gobierno Abierto y por ello la Dirección de Planeación Nacional ha dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y dos decretos reglamentarios del gobierno nacional y del Ministerio de las TIC; las disposiciones por medio de las cuales los gobiernos locales, regionales, nacionales y otras entidades que ejercen funciones de poder público en el territorio nacional deberán entregar datos e información de manera sistemática en busca de generar mayores niveles de transparencia al tiempo que también estimulan que dicha data pueda ser aprovechada por empresas del sector productivo para construir soluciones que mejoren la calidad de vida de todos.
Sin embargo es común evidenciar en muchos de estos momentos de verdad, reglamentados por la Ley, que los equipos de Gobierno suelen generar espacios donde se emite información desde el criterio exclusivo del gobernante, se enumeran cifras, se consulta a personas cercanas al gobierno o se suelen incluir a ciudadanos más desde su condición de militantes o simpatizantes del gobierno de turno y no como actores que puedan hacer una lectura, análisis y construcción de una agenda pública bajo cuyos aportes se fortalezca el sentido mismo de la ciudadanía como componente vital del Estado y además se beneficie el mejoramiento continuo de la tarea de quienes gobiernan, logrando consensos constructivos, una clara veeduría a los procesos de gobierno y un acompañamiento que será vital para reducir los altos niveles de corrupción gubernamental en nuestro país, catalogado hoy por Transparencia Internacional en el puesto 94 entre 177 países y con un índice de 37/100 en materia de índice de percepción de corrupción.