Las vías campesinas en América latina son la ruta que conecta la inclusión con la exclusión. Por eso es histórico lo que viene ocurriendo en Antioquia donde en los últimos tres años y medio se ha logrado el mejoramiento, pavimentación y-o construcción de más de 1500 kilómetros de nuevas vías rurales, esas que unen la esperanza del campesino con la centralidad, esas que acercan el progreso, que mejoran la productividad y hacen centro a la periferia.
La construcción de ciudadanía civil como soporte de un Estado, donde lo público no es solo un asunto reducido o trastocado exclusivamente al gobierno, es uno de los principales propósitos que se debe tejer en el intercambio entre ciudadanos e integrantes de un gobierno en los procesos de definición de acciones y priorización de recursos que se van a invertir o van a servir para la operación en la búsqueda de un mejoramiento en las condiciones de desarrollo de un territorio.
Una de las herramientas normada por la Ley de Colombia y que se constituye un tema de trabajo para muchos escenarios de investigación sobre la Comunicación Pública gubernamental bajo el concepto de Accountability es la llamada Rendición de Cuentas.
Para que la construcción de corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno se produzca y por ende se logre que la ciudadanía esté empoderada frente a lo público, lo constituyen los ejercicios de Rendición Pública de Cuentas, que a pesar de haberse dado de manera espontánea a lo largo de nuestra historia como Nación, se ha venido refinando la forma en la que los gobiernos y entidades del orden nacional, regional y local deben hacerlo. El más reciente intento normativo es la Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva para los ciudadanos, incorporada bajo documentos Conpes 3654 de 2010, por medio de la cual se genera una metodología que se introduce a partir de la comprensión de la naturaleza y esencia filosófica de la rendición de Cuentas y en una segunda parte del documento se entregan elementos metodológicos para la propuesta, ejecución, monitoreo y evaluación de estos ejercicios que son de carácter obligatorio para las alcaldías de los 1032 municipios de Colombia.
Así mismo el gobierno de Colombia a partir de la aparición y fortalecimiento de Internet, se ha esmerado por estimular políticas tendientes a lograr Gobierno Abierto y por ello la Dirección de Planeación Nacional ha dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y dos decretos reglamentarios del gobierno nacional y del Ministerio de las TIC; las disposiciones por medio de las cuales los gobiernos locales, regionales, nacionales y otras entidades que ejercen funciones de poder público en el territorio nacional deberán entregar datos e información de manera sistemática en busca de generar mayores niveles de transparencia al tiempo que también estimulan que dicha data pueda ser aprovechada por empresas del sector productivo para construir soluciones que mejoren la calidad de vida de todos.
Sin embargo es común evidenciar en muchos de estos momentos de verdad, reglamentados por la Ley, que los equipos de Gobierno suelen generar espacios donde se emite información desde el criterio exclusivo del gobernante, se enumeran cifras, se consulta a personas cercanas al gobierno o se suelen incluir a ciudadanos más desde su condición de militantes o simpatizantes del gobierno de turno y no como actores que puedan hacer una lectura, análisis y construcción de una agenda pública bajo cuyos aportes se fortalezca el sentido mismo de la ciudadanía como componente vital del Estado y además se beneficie el mejoramiento continuo de la tarea de quienes gobiernan, logrando consensos constructivos, una clara veeduría a los procesos de gobierno y un acompañamiento que será vital para reducir los altos niveles de corrupción gubernamental en nuestro país, catalogado hoy por Transparencia Internacional en el puesto 94 entre 177 países y con un índice de 37/100 en materia de índice de percepción de corrupción.
A propósito de la posesión de la Nueva Asamblea Nacional de Venezuela, comparto este texto del internacionalista Carlos Villota SantaCruz, con una mirada amplia a lo ocurrido en 2015 y lo que podría venir en 2016 con algunas transiciones de gobierno que se vienen presentando.
A la hora de los balances y el reto que impone la llegada del 2016, para el mundo y en particular para América Latina, es que la ausencia de liderazgo y la carencia de escuchar a los ciudadanos, en el ejercicio de gobernar: se paga en las urnas. Así se traduce, tras la victoria por la carrera a la presidencia de Argentina de Mauricio Macri y la derrota del “chavismo” en Venezuela en la elección regional.
Dos hechos de orden político, que van más allá de las fronteras de los dos países, que de una u otra manera impactarán en un continente, que tiene por resolver la inequidad social, la violencia, la pobreza y la informalidad en el empleo, en particular en una nueva generación que reclama espacios para su ejercicio individual y colectivo, a partir de una sociedad del conocimiento, donde las redes sociales a parte de suministrar información cada segundo, son una fuente de veeduría para los actores que sustentan el poder.
En otras palabras, quién no logre interpretar este escenario –cambiante a velocidad de un Fórmula Uno- no sólo tendrá problemas de orden interno sino también externo. Todo gracias a que la comunidad internacional, está vigilante del juego de ajedrez” que significa hoy ser Jefe de Estado, que a la luz de la geopolítica, debe contar con rendición de cuentas, comunicar con asertividad y salvaguardar la historia, el patrimonio y la naturaleza de cada uno de los países, tendiendo puentes con todas y cada una de las generaciones que le habitan.
El 2016 será un año cambios. De cambios drásticos. De entrada, se llevarán a cabo elecciones en Perú, República Dominicana y Estados Unidos. Una puerta al discurso, a la propuesta, a las campañas, pero también a sintonizarse con una ciudadanía mejor informada, más formada políticamente –incluso los abstencionistas- que ya no tragan entero.
En el caso de Colombia, con la esperanza de firmar el Acuerdo Final entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, tras más de 3 años de negociaciones, -que si cristaliza- tendrá una nueva etapa. Esta vez, en las urnas en un plebiscito, donde ya existen simpatizantes por el sí y por el no. Uno de ellos, el partido del Centro Democrático, liderado por el ex mandatario – hoy senador- Alvaro Uribe Vélez.
Como se observa. La radiografía de América Latina no estará lejos de la controversia, tampoco de los medios de comunicación y mucho menos, de quienes en su condición de ciudadanos, aspiran a cargos públicos a través del voto popular. Caso particular será Brasil, donde cualquier cosa puede pasar.
Por Carlos Villota Santacruz
Internacionalista, Comunicador Social y Periodista experto en marketing político y marketing de ciudad
Twitter@villocol
Imposible no detenerse, pensar que se ha leído mal e incluso escandalizarse con las declaraciones del asesor político de moda en el mundo, en referencia a la ética. En Revista Semana el experto venezolano Juan José Rendón asegura que la ética es un asunto de filósofos y deja entrever en su publicitario estilo y falaz universo, donde prima sólo la percepción pero no la esencia humana, que el pragmatismo riñe con el deber ser de las cosas: la ética.
En su portal corporativo JJ Rendón afirma que tiene un método denominado Clínica del Rumor, por medio del cual puede distorsionar la verdad.
Siendo la política un verdadero arte que se ejerce desde el servicio a las comunidades, la concertación con ellas, la preocupación por los problemas públicos vistos al más alto nivel y el interés por la persona humana desde sus necesidades colectivas; resulta profundamente contradictorio recibir una asesoría para enfrentar un debate electoral en ausencia de la ética, núcleo de cualquier pensamiento y comportamiento humano que precisamente nos permite ser tan humanos como el mundo nos clama serlo y más en medio de esta dolorosa realidad llena de inequidad, desigualdad, discriminación, corrupción y miedo.
Imposible para un político generar confianzas, cuando éste acepta recibir una asesoría de una persona que relativiza la más elemental y universal de las bases del pensamiento y el comportamiento humano.
A propósito de esta referencia a la ética recomiendo esta entrevista de Semana al asesor político Carlos Andrés Pérez, sobre su último libro. Así mismo este texto de Jorge Mejía Martínez en El Mundo que hace referencia a lo mismo con una interesante reflexión.
¿Es confiable un político asesorado sin ética?
Se abre la Plaza Pública
Por estos días los candidatos se apuran en la búsqueda de un camino lógico por llegar primeros a la meta. Todo se inicia con la búsqueda del aval de un partido con la legitimidad suficiente para luego trabajar intensamente en la gestación de alianzas con diversos sectores, colectividades, matices, empresarios, dirigentes, líderes de opinión y – por supuesto- los ciudadanos “de a pie” quienes son los aliados definitivos.
A 7 meses y 20 días de las elecciones regionales muchos candidatos deshojan la margarita de lograr un aval político, que es cobijarse bajo un requisito de la autoridad electoral colombiana, por medio del cual un Partido con personería Jurídica debe respaldar una aspiración y con ello arriesgar su reputación y capacidad de movilizar electores a las urnas con un candidato que tenga opción de triunfo o al menos la prolongación de su vigencia jurídica como partido.
Y si no hay un aval de partido, la ley permite que sean miles de ciudadanos los que brinden legitimidad con sus firmas, y lo que se denomina como un Grupo Significativo de ciudadanos que brindan un mecanismo para la inscripción de personas sin respaldo oficial de un partido, si logran juntar, en caso de una Alcaldía de una ciudad como Medellín, 50.001 firmas válidas desde la validación de grafología que hace la Registraduría.
Sin duda la recolección de firmas permite anticipar la campaña antes de lo que la Ley permite y da cierta sensación de asfalto y toque popular a la campaña, sin embargo para nadie es que secreto que las maquinarias de los partidos siguen haciendo de las suyas en medio de las altas tasas de abstencionismo y el modelo de Estado y procesos electorales que hay hoy en Colombia.
¿Qué piensa de la inscripción por firmas y la inscripción por partidos? ¿A cuál le da mayor validez?
Se abre la Plaza Pública
Por: Jorge Mejía Martínez jorgemejia@gmail.com
Jorge Mejía Martínez es contador público. Ha sido concejal de Medellín, secretario de Gobierno de Antioquia, Gobernador de Antioquia (e)
La improvisación en la ejecución de recursos públicos es una falta grave. Están en juego los dineros del Estado provenientes de las contribuciones de todos los ciudadanos. En Bogotá el tema está que arde con sindicados y detenidos de alto nivel.
La historia se repite en Antioquia con el proyecto túnel del oriente, por parte del gobernador actual. Una obra de casi un billón de pesos se viabilizó financieramente en la Asamblea departamental a pupitrazo limpio en diciembre de 2010, para ser adjudicada a los mismos concesionarios de la doble calzada a las Palmas, quienes el 26 de enero de 2009 habían sido fustigados por Luis Alfredo Ramos por que “en la construcción de la Doble Calzada de Las Palmas hubo improvisación, diseños mal elaborados, que era un fracaso de la Ingeniería” y advirtió que sobre las dificultades de esta vía tendrá que responder la firma Concesionario vial del Oriente.
(Leer declaraciones completas en http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=753096) como lo denunció el diputado Jorge Gómez.El viacrucis del túnel viene desde hace rato. Pocos días antes de terminar su mandato como gobernador de Antioquia en 1997, Álvaro Uribe adjudicó a la Concesión Túnel Aburra Oriente S.A., la misma de ahora, la licitación para diseñar, construir y operar el túnel. El gobernador siguiente, Guillermo Gaviria, se opuso a la obra por falta de recursos y posteriormente Aníbal Gaviria consideró inconveniente el proyecto por carecer de estudios técnicos y ambientales.
Este martes 28 de junio la Gobernación de Antioquia firmó el acta de inicio de los trabajos del Túnel de Oriente. Foto Cortesía Gobernación de Antioquia
La historia siguiente les dio la razón a los Gaviria. Aníbal prefirió acercar la subregión del oriente ampliando a doble calzada la vía de las Palmas. El proyecto ha suscitado dos argumentos en contra: la inconveniencia ligada a la improvisación y el nocivo impacto ambiental. No entendemos que se destinen cuantiosos recursos en un túnel que sólo ahorrará menos de 20 minutos para llegar al aeropuerto de Rionegro, al cual hoy se puede acceder por cuatro vías distintas, mientras una región fundamental para Antioquia y el país como Uraba depende de una sola vía por el occidente con características deplorables.
Las dudas sobre el impacto ambiental negativo de la obra no se han despejado. La suerte de las aguas que nacen y cruzan la zona de Santa Elena está en entredicho.
