La acción policial, que incluyó ocho meses de investigaciones, terminó con la judicialización de 20 presuntos integrantes de ese grupo, que delinquían en los barrios Naranjal, San Joaquín y Laureles, en el sector Arrabal y el corredor turístico de la carrera 70.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Estos fueron los capturados en la Operación Maremoto del Gaula de la Policía. Son señalados de trabajar para “la Terraza”. Foto cortesía del Gaula.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Martín, explicó que en ese tiempo se conocieron 70 víctimas, de las cuales 18 denunciaron las extorsiones y la venta de drogas promovida por los delincuentes.

Los cobros por la supuesta “vigilancia” se hacían de manera semanal, afectando “a 40 locales comerciales, entre discotecas, fondas, colchonerías y restaurantes”, según el informe oficial del caso. Los delincuentes “realizaban un estudio de la productividad del establecimiento, exigiendo sumas semanales que oscilaban entre $80.000 y $200.000, dando un ingreso al grupo delincuencial aproximado de $288.000.000 anuales”.

El general Martín detalló que también extorsionaban a 30 vendedores ambulantes, pidiéndoles $20.000 semanales, recaudando por este concepto $28’800.000 anuales.

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HABLAN LAS VÍCTIMAS
La información fue confirmada por varios comerciantes de la comuna, que conversaron con El Colombiano bajo reserva de identidad. “Antes de la pandemia había extorsiones esporádicas. A partir del 2020 esto se volvió una cosa impresionante, nos inundamos de extorsionistas, sobre todo en el primer y segundo parque de Laureles, y en el corredor de La 70, entre la U.P.B. y la estación Estadio del metro”, relató un afectado.

Otro de los perjudicados explicó que los delincuentes llegaron ofreciendo un servicio de “vigilancia privada”. “Desde el año pasado se dispararon los robos en Laureles, en parte por causa de migrantes venezolanos y por el desempleo que dejaron las cuarentenas. Entonces aparecieron estos muchachos, diciendo que ellos iban a cuidar la zona de todos esos ladrones. Algunos comerciantes les pagaron porque ya estaban mamados de tantos robos, y otros lo hicieron por miedo”, señaló.

Para “ganarse” la confianza de algunos empresarios, “la banda hacía rebajas en las extorsiones. En los meses más difíciles de la pandemia, pedían $40.000 semanales de ‘vacuna’, en vez de los $80.000 de siempre”, narró otro comerciante.

La supuesta vigilancia de “la Terraza” no redujo los hurtos, sino que aumentaron y, para rematar, varios fueron cometidos por sus integrantes, según la investigación. La estadística del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía (Sisc) señala que en 2020 se registraron 1.318 hurtos a personas en esa comuna (con corte al 22 de octubre), mientras que en ese lapso de tiempo de 2021 sucedieron 1.825.

“Ellos eran los mismos campaneros para los robos. Se paraban afuera de los restaurantes u hoteles, seleccionaban a las víctimas, y después llegaban otros en moto a atracarlas”, precisó un trabajador.

Los criminales también se dedicaron a la venta de droga, sobre todo en Naranjal, donde emplearon a menores de edad para la distribución.

Todos estos problemas cansaron a la comunidad y a los comerciantes. “Decidimos unirnos, hablamos con el Gaula, invertimos en cámaras de seguridad y luego nos llenamos de paciencia, mientras los policías hacían su trabajo de inteligencia. Esa operación Maremoto fue un esfuerzo de todos”, concluyó una víctima.

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REDES CRIMINALES
El fortín histórico de “la Terraza” está en las comunas de Manrique y Aranjuez, donde surgió en los 80, recluta a la mayoría de sus integrantes y viven sus familiares.

Desde 2013 inició una paulatina expansión en otras comunas, como Castilla, Doce de Octubre, Villa Hermosa y La Candelaria, por medio de sociedades con combos de esas zonas, como “Toscana”, “la Matecaña”, “13 de Noviembre” y los “convivires” del Centro.

La extensión de sus redes en Laureles fue detectada en 2017 por la Dijín y la Fiscalía. “La Terraza” estableció una alianza con un grupo denominado “la Oficina de Laureles”, dedicado al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas en los barrios Lorena y Laureles.

En 2018 y 2019 fueron detenidos más de 10 de sus integrantes, incluyendo a los cabecillas, lo que diezmó su participación en el mercado criminal. Sin embargo, los intereses de “la Terraza” en la segunda comuna con más ingresos per cápita de Medellín continuaron y, tal cual informaron los comerciantes, se consolidaron durante la pandemia.

Fuentes de Inteligencia relataron que la organización ya tenía control de la frontera de La Candelaria con Laureles, gracias a sus alianzas con los “convivires” de los barrios El Chagualo, San Benito y Corazón de Jesús. “Para ellos fue tan simple como cruzar el río Medellín, porque Naranjal les queda al frente, y ahí no había otra banda que se les opusiera”, dijo un agente judicial.

Según el Gaula, las actividades ilícitas en Laureles eran coordinadas desde Manrique por alias “el Gordo”, un mando medio de “la Terraza”, quien también fue detenido en la operación “Maremoto”. Con él cayeron sus dos hombres de confianza, “el Mono” y “el Oso”, además de cinco coordinadores de barrio y 12 cobradores de “vacunas” y jíbaros.

“Después de esas capturas se redujo la extorsión. La esperanza que tenemos es que el juez los mande a la cárcel un buen tiempo, y que ojalá no los reemplacen otros extorsionistas”, rogó un comerciante.

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ANEXO: YA SE FUGÓ UNO DE LOS IMPLICADOS
Dentro de las 20 personas judicializadas en la operación Maremoto había un presunto cobrador de extorsiones, apodado “Cala”. Este hombre fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Minorista, en el centro de Medellín, y junto a otros dos internos se fugó el pasado 2 de noviembre. Según la información preliminar, usaron un cuchillo para romper algunos ladrillos durante varios días, hasta que lograron abrir un hueco. La fuga de “Cala” generó inquietud en los comerciantes de Naranjal, a quienes atormentaba con sus cobros.

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El Inspector.

Armados de piedras, palos y demás objetos contundentes, los reclamantes se enfrentaron a la Fuerza Pública. Hubo destrozos en la infraestructura pública, los establecimientos y vehículos, también resultaron personas heridas en la confrontación y otras afectadas por los gases lacrimógenos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía. Este es el Testimonio Gráfico de los hechos, en Revelaciones del Bajo Mundo.

Foto de Jaime Pérez.

El tropel se inició, de acuerdo con las quejas de los vendedores, cuando los representantes de la Administración Municipal no asistieron a una reunión en la cual se discutirían las contingencias del plan del Centro, la cual estaba pensada para las 8 a.m. de ayer (1 de octubre).

Foto de Jaime Pérez.

Los comerciantes informales se sintieron burlados, la ira fue creciendo y se desbordó. Según el alcalde Aníbal Gaviria Correa, la manifestación fue infiltrada por las organizaciones delincuenciales del Centro, que están en contra de los cambios que se avecinan en esta zona de la ciudad.

Foto de Jaime Pérez.

El Centro cuenta con una población flotante diaria de 1’200.000 personas aproximadamente. Por ahora las autoridades tienen identificadas siete bandas denominadas genéricamente ‘convivir’, que operan en diferentes sectores como San Antonio, El Hueco, Prado Centro, alrededores de la Plaza Minorista, El Chagualo, San Benito y otros.

Foto de Esteban Vanegas.

Estas ‘convivires’ administran el microtráfico de estupefacientes, el cobro de vacunas extorsivas a los locales y transporte público y en general dominan el bajo mundo del área. Según información de Inteligencia, le rinden cuentas a un cabecilla de la organización mafiosa ‘La Oficina’, apodado ‘Ferney’ o ‘El Montañero’.

Foto de Esteban Vanegas.

Pero el problema del Centro no es solo de criminalidad. Hay una crisis social grave, indigencia por doquier y un creciente malestar de los comerciantes informales que reclaman verdaderas oportunidades laborales.

Foto de Jaime Pérez.

En la reyerta la Policía detuvo a 39 personas, incluyendo a 14 menores de edad. El avalúo de los daños no se ha determinado, aunque se presume que la cifra será de altas proporciones.

Foto de Jaime Pérez.

Hoy habrá más reuniones, esperemos que la Alcaldía tenga más inteligencia para responderles a los reclamantes, que la Policía sea más astuta para detectar a los bandidos infiltrados y que los vendedores sean capaces de exigir sus derechos sin usar la violencia.

Foto de Jaime Pérez.

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El Inspector.