Seguro han visto la serie de televisión CSI, en la cual los científicos forenses descifran un caso y encuentran al culpable analizando una huella digital en la escena del crimen, o un cabello, una gota de sangre o hasta una pisada. Para los protagonistas, no es necesario que alguien testifique, con sus análisis científicos llenan todos los vacíos, las pruebas hablan por sí mismas en el laboratorio.

Con el actual sistema penal, victimarios y testigos se ven las caras en el juicio.

Bajo esta premisa nos “vendieron” el sistema penal acusatorio, adaptado del estadounidense, y el cual dizque iba a descongestionar la justicia. ¡Sí, cómo no! Vamos para cinco años desde su implementación en 2005 y en realidad la rama judicial no opera más rápido.

Recuerdo una conversación que sostuve, en calidad de periodista, con el entonces director de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio. Era el año 2005, mucho antes de que sus propios colegas lo procesaran por sus supuestos nexos con la mafia.

En aquel entonces ‘chicaneaba’ con el búnker que se habría de construir en Medellín, como sede de la Fiscalía. “Vamos a tener laboratorios de criminalística como los de CSI”, decía.

Pues bien, el búnker se edificó en el barrio Caribe y, al decir de los propios criminalistas, sus procedimientos están muy lejos de los aplicados en la serie televisiva. Las pruebas de ADN más importantes tienen que enviarlas a los laboratorios de Bogotá porque aquí no hay cómo, y los grupos de investigadores de homicidios no son suficientes para resolver tantos casos: 653 asesinatos en Medellín en 2007, 1.044 en 2008 y más de 1.250 que van en 2009, para mencionar los años recientes.

Es urgente fortalecer el programa de protección a testigos.

Hay que tener en cuenta que en la ciudad, sumando los miembros de la Sijín, el CTI y los refuerzos de la Dijín (los entes con funciones de Policía Judicial), no hay más de 300 personas tratando de resolver todas esas muertes.

Lo difícil para ellos, además de no contar con los recursos técnicos necesarios para mandar a alguien a prisión por una huella, un casquillo de bala o rastros de semen en un cadáver, es convencer a alguien para que testifique.

Alguien que delate, que señale con el dedo, que declare ante el juez, que le dé la cara al presunto asesino, que venza su propio miedo a las retaliaciones, que piense en que denunciando puede prevenir las muertes de otros, alguien que, en fin, no siempre está dispuesto a asumir el riesgo.

Del proceso contra alias ‘Memín’, un desmovilizado de las Auc que sembraba el terror en la comuna 8, fueron asesinados tres testigos. Y un denunciante en el caso contra Hugo Albeiro Quintero, alias ‘El patrón de Bello’, está desaparecido.

Estos ejemplos sustentan la compleja decisión que debe tomar un denunciante, porque en muchos casos el delincuente es su propio vecino, patrono o familiar.

Investigando casos de homicidio en el Área Metropolitana, he dado con testigos oculares de los crímenes, que prefieren tragarse la verdad antes de “carteliarse” (como ellos dicen). Ello explica también que muchos asesinatos sean registrados con el supueso uso de armas con silenciador, porque la gente dice que “no oyó nada”. A veces resulta ser mentira el empleo de tal accesorio, lo que pasa nadie quiere involucrarse.

En esencia, para avanzar en la lucha contra la impunidad hay que considerar dos cosas: la primera son las mejoras en los medios tecnológicos para investigar y la superar las carencias de personal.

La segunda, potenciar los programas de recompensas y de protección a testigos, para que los denunciantes tengan más garantías y se atrevan a enfrentar a los criminales.

¿Y ustedes qué piensan al respecto?

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El Inspector.