La historia retorna a la memoria porque este miércoles 4 de marzo se cumplieron seis años desde la tragedia que enlutó a dos familias del oriente de Medellín. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Cindy Lorena Giraldo Correa. Foto publicada con autorización de la familia.

La tragedia comenzó cuando el 1 de marzo de 2009 las colegialas Cindy Lorena Giraldo Correa y María Katerine Cano Patiño, ambas de 17 años, fueron invitadas a una fiesta en la vivienda de Hurtado, ubicada en el barrio Boston de la capital antioqueña.

Las muchachas no regresaron y durante tres días nadie supo de ellas. Hurtado, el anfitrión de la rumba y estudiante de Sistemas, afirmó que desconocía el paradero de las invitadas.

Al amanecer del 4 de marzo, los vecinos llamaron a la Línea 123 porque sentían un olor nauseabundo que provenía de aquella casa, localizada en un segundo piso.

Dos uniformados llegaron a la residencia y lo primero que notaron fue unos bultos de cal y cemento amontonados junto a la puerta. Al tocar, hubo conmoción en el interior y los agentes se alertaron.

El padre de Hurtado, de 66 años en ese entonces, retuvo la puerta para evitar el ingreso de la Fuerza Pública, mientras su hijo de 35 se escabullía por el tejado.

Los policías entraron a la fuerza y en la habitación del sospechoso, la primera a mano izquierda, hallaron una caneca plástica azul, de gran tamaño. Adentro había cemento endurecido, del cual sobresalía una cabellera de mujer. Los uniformados quedaron estupefactos.

Una hora después llegaron los criminalistas del CTI de la Fiscalía, para inspeccionar la escena. Tuvieron que emplear martillo y cincel para fracturar el concreto y extraer los restos mutilados de dos personas, que resultaron ser Cindy Lorena y María Katerine.

En la propiedad también encontraron abundante material pornográfico y diversas prendas de mujer, según el expediente.
Pasado el estupor de la comunidad, el funeral y el pronunciamiento de las autoridades prometiendo justicia, inició un verdadero calvario judicial para las humildes familias.

Debido al alto deterioro de los cuerpos, Medicina Legal no pudo comprobar científicamente que las menores hubiesen sido asesinadas; tampoco logró determinar que hayan muerto por sobredosis de estupefacientes, como se especuló en algún momento.

La ausencia del dictamen científico y de testigos, pues el papá de Hurtado no estaba obligado por la ley a declarar contra su pariente, limitaron la acción de la Fiscalía. Pasaron los años y no se expedía una orden de captura.

Los amigos de las víctimas crearon un grupo en Facebook con la foto de Hurtado, deplorando la lentitud de la justicia. Y en cada anualidad realizaban una marcha para que el caso no quedara en el olvido.

A través de tutelas, los familiares lograron que el expediente cambiara de despacho y la nueva fiscal asignada ordenó la captura del indiciado, que fue realizada por el CTI en diciembre de 2013, en la ciudad de Montería.

María Katerine Cano Patiño. Foto publicada con autorización de la familia.

A Hurtado Arango lo judicializaron por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Aceptó su responsabilidad, y una semana después fue dejado en libertad. El 2 de octubre de 2014 el Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la condena a 3 años y 10 meses de prisión por el citado cargo.

El Código Penal contempla que las penas inferiores a 4 años son excarcelables, por lo que “el Descuartizador de Boston” anda libre.

Jacqueline Patiño, madre de María Katerine, se declara abatida por lo que ella considera una injusticia de la justicia. A veces quisiera abandonar la lucha y cremar los restos de su hija, para darle algún descanso al alma, pero no puede.

“La Fiscalía nos prohibe hacer la cremación, que porque están esperando una autorización desde Bogotá para hacer la exhumación y otras pruebas, a ver si se sabe de qué murieron las niñas”, cuenta.

Otra de las tragedias asociadas a esta situación es que Jacqueline es damnificada por el invierno, que le derrumbó una casa que tenía en Enciso hace un par de años. Para rematar, quedó a cargo de una nieta, hija de la adolescente María Katerine, que “a veces llora y dice que se quiere ir para donde la mamá”.

Elsy Correa, la progenitora de Cindy Lorena, saca fuerzas para continuar la batalla jurídica, pese a estar desempleada y viuda hace un año.

Afirma que “este domingo unas ONG van a hacer una marcha por las mujeres, acá en Medellín, allá voy a estar yo. Sigo protestando por tanta negligencia de la justicia”.

NOTA RELACIONADA: La paradoja del Descuartizador de Boston.

El Inspector.

Sergio Hurtado aceptó ante el Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín que desmembró los cadáveres de dos muchachas en el barrio Boston y trató de ocultar la evidencia, por lo que fue enviado a la cárcel Bellavista.

Las víctimas, Katherine (arriba) y Cindy. Al lado, la imagen de Sergio Hurtado difundida en internet. Cortesía.

El crimen, al cual Revelaciones del Bajo Mundo le ha hecho seguimiento desde el principio, ocurrió el 4 de marzo de 2009, cuando la Policía encontró en la casa de Hurtado los restos de Cindy Lorena Giraldo Correa y Katherine Cano Patiño.

Las jóvenes de 17 años habían sido desmembradas y el perpetrador ocultó sus miembros en una caneca, la cual llenó luego con cemento. Cuando arribaron los uniformados, el papá de Hurtado evitó que entraran, mientras el sospechoso escapaba por los tejados y huía de la ciudad.

Las familias de las muchachas, de escasos recursos económicos, comenzaron a tocar todas las puertas, clamando apoyo de las autoridades para que el caso no quedara en la impunidad.

En el último mes, la Fiscalía decidió cambiar el expediente de despacho, y el nuevo funcionario asignado expidió la orden de captura, más de cuatro años después de lo sucedido.

En ese tiempo, Hurtado no tuvo mayor presión sobre sus hombros que un grupo de Facebook, en el cual los amigos de las occisas difundieron su foto, y el recordatorio anual que los medios de comunicación hacían sobre el caso.

Con la orden judicial, el CTI lo arrestó hace dos semanas en la ciudad de Montería, Córdoba. En la audiencia, realizada el pasado 13 de diciembre, la Fiscalía le imputó el cargo de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, el cual aceptó el detenido.

Con esa aceptación, podría recibir una rebaja de hasta el 50 por ciento de la condena que después emita el juez, que sería entre 4 y 12 años de prisión, según estipula la ley.

El ente acusador no le imputó el delito de homicidio porque el Instituto de Medicina Legal no logró determinar la causa de la muerte, debido al alto grado de descomposición de las partes y la contaminación producida por la cal y el cemento que Hurtado empleó para tratar de ocultarlas.

En síntesis, se sabe que él las desmembró, pero no hay pruebas científicas para determinar si las mató. La otra hipótesis, tampoco probada, es que fallecieron por una sobredosis de estupefacientes y él quiso deshacerse de los cuerpos después.

Con el proceso penal, tal cual está formulado, Hurtado podría salir muy pronto de la cárcel. La paradoja es que no se probaría que sea un asesino, pero sí un descuartizador. ¿Será que eso es tranquilizador para la sociedad?

Para conocer los detalles del caso desde el principio, pueden leer las NOTAS RELACIONADAS:

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El Inspector.