La historia retorna a la memoria porque este miércoles 4 de marzo se cumplieron seis años desde la tragedia que enlutó a dos familias del oriente de Medellín. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Cindy Lorena Giraldo Correa. Foto publicada con autorización de la familia.

La tragedia comenzó cuando el 1 de marzo de 2009 las colegialas Cindy Lorena Giraldo Correa y María Katerine Cano Patiño, ambas de 17 años, fueron invitadas a una fiesta en la vivienda de Hurtado, ubicada en el barrio Boston de la capital antioqueña.

Las muchachas no regresaron y durante tres días nadie supo de ellas. Hurtado, el anfitrión de la rumba y estudiante de Sistemas, afirmó que desconocía el paradero de las invitadas.

Al amanecer del 4 de marzo, los vecinos llamaron a la Línea 123 porque sentían un olor nauseabundo que provenía de aquella casa, localizada en un segundo piso.

Dos uniformados llegaron a la residencia y lo primero que notaron fue unos bultos de cal y cemento amontonados junto a la puerta. Al tocar, hubo conmoción en el interior y los agentes se alertaron.

El padre de Hurtado, de 66 años en ese entonces, retuvo la puerta para evitar el ingreso de la Fuerza Pública, mientras su hijo de 35 se escabullía por el tejado.

Los policías entraron a la fuerza y en la habitación del sospechoso, la primera a mano izquierda, hallaron una caneca plástica azul, de gran tamaño. Adentro había cemento endurecido, del cual sobresalía una cabellera de mujer. Los uniformados quedaron estupefactos.

Una hora después llegaron los criminalistas del CTI de la Fiscalía, para inspeccionar la escena. Tuvieron que emplear martillo y cincel para fracturar el concreto y extraer los restos mutilados de dos personas, que resultaron ser Cindy Lorena y María Katerine.

En la propiedad también encontraron abundante material pornográfico y diversas prendas de mujer, según el expediente.
Pasado el estupor de la comunidad, el funeral y el pronunciamiento de las autoridades prometiendo justicia, inició un verdadero calvario judicial para las humildes familias.

Debido al alto deterioro de los cuerpos, Medicina Legal no pudo comprobar científicamente que las menores hubiesen sido asesinadas; tampoco logró determinar que hayan muerto por sobredosis de estupefacientes, como se especuló en algún momento.

La ausencia del dictamen científico y de testigos, pues el papá de Hurtado no estaba obligado por la ley a declarar contra su pariente, limitaron la acción de la Fiscalía. Pasaron los años y no se expedía una orden de captura.

Los amigos de las víctimas crearon un grupo en Facebook con la foto de Hurtado, deplorando la lentitud de la justicia. Y en cada anualidad realizaban una marcha para que el caso no quedara en el olvido.

A través de tutelas, los familiares lograron que el expediente cambiara de despacho y la nueva fiscal asignada ordenó la captura del indiciado, que fue realizada por el CTI en diciembre de 2013, en la ciudad de Montería.

María Katerine Cano Patiño. Foto publicada con autorización de la familia.

A Hurtado Arango lo judicializaron por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Aceptó su responsabilidad, y una semana después fue dejado en libertad. El 2 de octubre de 2014 el Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la condena a 3 años y 10 meses de prisión por el citado cargo.

El Código Penal contempla que las penas inferiores a 4 años son excarcelables, por lo que “el Descuartizador de Boston” anda libre.

Jacqueline Patiño, madre de María Katerine, se declara abatida por lo que ella considera una injusticia de la justicia. A veces quisiera abandonar la lucha y cremar los restos de su hija, para darle algún descanso al alma, pero no puede.

“La Fiscalía nos prohibe hacer la cremación, que porque están esperando una autorización desde Bogotá para hacer la exhumación y otras pruebas, a ver si se sabe de qué murieron las niñas”, cuenta.

Otra de las tragedias asociadas a esta situación es que Jacqueline es damnificada por el invierno, que le derrumbó una casa que tenía en Enciso hace un par de años. Para rematar, quedó a cargo de una nieta, hija de la adolescente María Katerine, que “a veces llora y dice que se quiere ir para donde la mamá”.

Elsy Correa, la progenitora de Cindy Lorena, saca fuerzas para continuar la batalla jurídica, pese a estar desempleada y viuda hace un año.

Afirma que “este domingo unas ONG van a hacer una marcha por las mujeres, acá en Medellín, allá voy a estar yo. Sigo protestando por tanta negligencia de la justicia”.

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El Inspector.

El Juez Promiscuo del Circuito de la localidad lo sentenció a 50 años de cárcel por el homicidio agravado de Valentina Arias González, de 6 años, cometido el pasado 6 de julio en dicho municipio. Tras la audiencia, finalizada a las 11:30 a.m., el procesado apeló la decisión porque la pena le pareció muy extensa. El caso pasará entonces al Tribunal Superior de Antioquia.

Héctor Julio Londoño Flórez.

El crimen ocurrió en el hotel Residencias El Viajero, ubicado junto al parque principal. A las 3:00 a.m. del sábado 5, en un cuarto dormían la pequeña, su madre y la abuela. Un sobresalto hizo despertar a la mamá y con horror notó que Valentina ya no estaba. En la pieza no quedó rastro de ningún intruso, tampoco señales de lucha o chapas forzadas.

La menor fue reportada como desaparecida y la Policía inició las pesquisas en el hotel. Revisaron una a una las habitaciones, menos la número 3. La puerta estaba trancada y adentro se escuchaba un ruido de regadera, como si el inquilino se estuviera bañando y no escuchara los golpes en la puerta. Los uniformados salieron entonces de la residencia y comenzaron las labores de campo en los alrededores.

Esta fue el arma homicida.

Pasaba el tiempo y la posibilidad de hallar a la niña se desvanecía. Al siguiente domingo, una comisión de agentes de la Sijín regresó a la habitación 3. La puerta estaba abierta y el cuarto perfectamente arreglado. No había nadie en el interior y todo parecía normal, hasta que entraron al baño.

Lo que vieron los investigadores, seguro les dejó la sangre helada. El cuerpo de Valentina había sido tratado de una forma atroz, indeseable para cualquier ser vivo.

Según la evidencia, el asesino utilizó un cuchillo ‘matacaballos’ para decapitarla y desmembrarla. Luego le arrancó la piel, con excepción del rostro y la dermis de los pies. Le quitó todas las visceras y a cada miembro lo mutiló por las articulaciones y le sacó los músculos.

En este hotel de Amalfi ocurrió el crimen.

En el inodoro los técnicos hallaron restos, lo que supone que el agresor trató de deshacerse de los pedazos botándolos por el sanitario. Tras reponerse del fatal hallazgo, comenzó la cacería del infanticida. El acta de ingreso al hotel dio la primera pista, era lógico que el inquilino de la habitación 3 era el sospechoso.

Las autoridades no tuvieron que ir muy lejos para capturarlo. A las 8:20 p.m. el asesino regresó a la escena del crimen, para terminar de desaparecer el cadáver. El reporte policiaco indicó que llevaba una caja de cartón, dentro de la cual habían piedras, bolsas de plástico negro y un costal. De inmediato lo apresaron.

En la audiencia preliminar, el campesino Héctor Londoño aceptó el cargo en su contra. Sin embargo el analfabeta soltero, de 28 años y residente en la vereda amalfitense La María, admitió con cierta ironía que “si algo pasó, no me acuerdo”.

El 10 de julio los habitantes del pueblo realizaron una multitudinaria marcha pacífica, protestando por la muerte de Valentina y rechazando la violencia contra los menores.

El pueblo marchó protestando contra el acto violento.

Durante el proceso la Fiscalía trató de obtener una confesión de Londoño, en la cual explicara porqué hizo tal atrocidad. El destripador dijo que solo lo explicaría a cambio de una reducción de la condena. No obstante, las nuevas leyes dicen que los agresores de niños no tendrán ningún beneficio judicial.

Entonces, como el agricultor no obtuvo su rebaja, se negó a decir porqué lo hizo. Por desgracia, el Sistema Penal Acusatorio le permite ese derecho a callar, pues ningún acusado puede declarar contra sí mismo. Qué difícil es llegar a la verdad.

Ahora el destripador espera en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a que el Tribunal Superior asigne una fecha para la revisión de la apelación. Y la familia de Valentina, y Amalfi, y el país, esperan que al menos la justicia no deshonre la memoria de la niña.

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El Inspector.