Su captura se produjo en una zona rural, desde donde al parecer coordinaba negocios de droga, sicariato y secuestro, entre las disidencias de las Farc y las bandas del municipio de Bello.

Fernando Alberto Jiménez Ruiz, alias “el Caníbal”, al momento de su traslado a Medellín, desde el norte de Antioquia. Foto cortesía de la Cuarta Brigada.

La Cuarta Brigada del Ejército informó que este sábado 25 de agosto, un puñado de delincuentes hostigaron con disparos una patrulla militar, en límites de los municipios de Toledo y San Andrés de Cuerquia. Los uniformados persiguieron por el monte a los sospechosos, hasta encontrarlos y capturarlos en un sector conocido como Loma Grande.

Entre los detenidos estaba “el Caníbal”, acompañado por un grupo de cinco escoltas, extintegrantes de los frentes 18 y 36 de la guerrilla de las Farc. Les incautaron dos fusiles, una escopeta, dos pistolas, una granada, municiones, tres libras de pasta de coca y equipos de comunicación.

Inteligencia Militar y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada llevaban una investigación sobre Jiménez Ruiz. señalándolo de ser un socio narcotraficantes de Ricardo Abel Ayala, alias “Cabuyo”, el jefe de los subversivos que siguieron delinquiendo en nuestra región.

Así figuraba “el Caníbal” en el cartel de los más buscados de 2005. Foto cortesía de la Policía.

La historia criminal de “el Caníbal” comenzó en el municipio de Bello, en los años noventa. Allí llegó a ser cabecilla de la banda “el Tapón”, en el sector del mismo nombre, una zona que la mafia convirtió en el principal centro de acopio y distribución de drogas del norte del Valle de Aburrá.

En los archivos judiciales le figuran investigaciones por el asesinato de dos agentes del Gaula (2002) y fuga de presos (2004); incluso estuvo en el cartel de los más buscados de la Policía (2005).

Perteneció a los bloques Metro y Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y se desmovilizó de este último grupo en 2005. Fue procesado por la ley de Justicia y Paz y salió de la cárcel en octubre de 2015, para volver a la ilegalidad.

Este personaje, según las autoridades, tendría a su cargo la administración de laboratorios de cocaína, con los cuales no solo suple la demanda de exguerrilleros, sino también de las plazas de “el Tapón” y otras facciones de Bello, como “el Mesa” y “Pachelly”. Adicionalmente, estas tres bandas prestan servicios de sicariato, extorsión y secuestro para disidentes.

“Alias ‘el Caníbal’ está abriendo plazas de vicio en Yarumal, Ituango y San Andrés de Cuerquia. No sabemos si lo está haciendo en alianza con los disidentes o si les está pagando un impuesto ilegal”, indicó el general Carlos Rodríguez, comandante de la Región N°6 de Policía, en un informe publicado por El Colombiano el mes pasado. Y agregó: “ese convenio entre ellos debe existir, sino él no podría llegar hasta esos lados”.

El convenio ilícito entre los reseñados grupos de Bello y los “farianos” se ejecuta en Ituango, Briceño, Valdivia, Toledo, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Guadalupe, Anorí, Amalfi, Vegachí y, por supuesto, Bello.

Tras la captura, “el Caníbal” fue trasladado en helicóptero a Medellín. El domingo 26 de agosto en la audiencia de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

NOTA RELACIONADA: “El Mesa”, la empresa del crimen que nadie toca.

El Inspector.

La estructura mafiosa envió jóvenes del Valle de Aburrá al departamento de Nariño, para pelear el territorio contra las disidencias de las Farc. Por considerar que el tema es de interés para los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo, publicamos el reportaje, cuyo título original es La guerra que armó ‘la Oficina’ por la cocaína de Tumaco”.

Estas fotos son evidencia de la guerra entre las Aupac, financiadas por “la Oficina”, y las disidencias de las Farc. Las víctimas que allí aparecen están desaparecidas. Cortesía de la Policía.

Los dos muchachos de tez de ébano, sentados en un tronco cortado en la selva del Litoral del Pacífico, saben que van a morir. Los rodea un puñado de enemigos, ataviados con ropa camuflada y fusiles, que les toman fotografías para enviarlas a su patrón como evidencia de que la guerra es en serio.

Las imágenes en las que aparecen sometidos estos jóvenes, y otros más que nunca regresaron a sus casas, hacen parte de la evidencia obtenida por agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, que investigan una red de la organización criminal “la Oficina”, tejida desde Medellín para extender los tentáculos en Tumaco, Nariño.

De acuerdo con la investigación, conocida por El Colombiano, la orden de incursionar en el mercado del narcotráfico del Pacífico Sur provino, supuestamente, de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), el jefe de esa estructura mafiosa del Valle de Aburrá.

La directriz fue emitida a principios de 2017. En ese entonces, “la Oficina” se limitaba a enviar compradores de droga a Tumaco, para atender la demanda de su clientela en México, Centroamérica y Europa. Sin embargo, la aparición de grupos disidentes de las Farc cambió la dinámica del comercio ilegal y les exigió a los forasteros impuestos de gramaje y de salida de la mercancía, lo que aumentó los costos para la banda y le cerró puertas en algunas rutas.

En consecuencia, sus cabecillas decidieron que lo mejor sería dominar un territorio, para acceder a cultivos y laboratorios propios.

El interés en la zona es claro: desde allí se exporta el 60% de la cocaína producida en Colombia, según la Armada, y se cultiva cerca del 30% de la mata de coca. El último censo de Naciones Unidas (2016) indicó que había 23.148 hectáreas sembradas, y fuentes policiales comentan que la cifra se duplicó a la fecha.

Un reportaje de este diario, titulado “Tumaco, la central mundial de la cocaína”, reveló a finales de 2016 cómo algunos lugareños roban el combustible del oleoducto trasandino de Ecopetrol para producir un refinado especial que sirve de solvente en el procesamiento de la coca. Le llaman “cochinillo” y le da una calidad superior a la droga.

A esto se suman la multiplicidad de ríos con salidas al Pacífico, junglas insondables y una porosa frontera con Ecuador, que favorecen la clandestinidad de las operaciones.

Por esas circunstancias, los principales verdugos del crimen organizado han posado sus garras en el área en los últimos años: “los Rastrojos”, Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el Eln, “la Gente del Orden”, Guerrillas Unidas del Pacífico y traficantes de distintas latitudes, tantos que no se pueden contar con las dos manos. Solo “la Oficina” faltaba por participar en el festín, y su arribo, como el de los demás, sería con sangre y plomo.

Las fotos de la guerra fueron recuperadas de celulares incautados y las tomaron entre junio de 2017 y mayo de 2018. Cortesía Policía.

FORASTEROS
El montaje de la red le fue delegado a la “Odín Caicedo” y a la “Odín Picacho” (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico), dos de las subestructuras de “la Oficina” en el oriente y el noroccidente de Medellín. En mayo de 2017 comenzó la migración de jóvenes de las comunas de Manrique y Villa Hermosa; así como de los barrios Mánchester y La Gabriela, del municipio de Bello; y Machado, de Copacabana.

Al llegar a Nariño se sumaron a una célula de personas reclutadas en el terreno, que se hacían llamar “Renacer” o “los Matamba”.

El recibimiento en el sur del país tuvo como anfitrión a John Benítez Mejía (“Cusumbo”), un exsicario de la capital antioqueña y antiguo paramilitar que trabajaba para el Clan del Golfo, organización que lo envió desde la Costa Caribe para dirigir los negocios en Tumaco.

Como “Tom” es aliado de ese cartel desde 2013, “Cusumbo” les ayudó a instalarse en el municipio de Mosquera. Fuentes cercanas al caso indicaron que se establecieron dos campamentos, uno de 60 hombres y otro de 30, en la vereda Alto Guandipa. Según la Alcaldía, en ese poblado apenas habitan 630 personas en 77 viviendas, muchas de ellas construidas en tablas sobre las riberas.

William Duque Ríos, alias “Fantasma”. Cortesía de la Policía.

Por parte de “la Oficina”, los encargados de la nueva cuadrilla eran, al parecer, una cofradía de hermanos conocidos como Los Duques, entre los cuales están alias “Duque”, “el Gordo Gualo” y “Fantasma”, nacidos en Valle del Cauca y con conexiones en la costa Pacífica. Ellos, con influencia en combos de Robledo y Doce de Octubre, constantemente viajaban entre Medellín, Cali, Mosquera y Tumaco, garantizando el flujo de dinero y armas.

Una vez conformada la estructura, escogieron un nombre rimbombante para posicionarse entre la jauría de bandidos que atormentan a la población de aquel paraje olvidado por el Estado: Autodefensas Unidas del Pacífico, o por su sigla, Aupac.

“Las Aupac son financiadas cien por ciento por ‘la Oficina’”, aseveró un oficial que las persigue, quien solicitó la reserva de su identidad.

Implantaron las extorsiones y amenazas a la comunidad, que se acrecentaron con cada patrullaje de los delincuentes encapuchados y con armamento de alto calibre.

Pronto extendieron sus acciones de Mosquera a las localidades de Francisco Pizarro, Olaya Herrera, La Tola, El Charco y Tumaco, explotando los corredores fluviales de los ríos Tapaje y Patía.

Montaron tres cocinas para procesar cocaína, que fueron visitadas en diciembre de 2017 y febrero de 2018 por socios del cartel mexicano de Sinaloa, quienes viajaron desde Guadalajara.

Un informe de la Policía señala que presionaban a los pescadores “para transportar cocaína desde los laboratorios, a través de los afluentes del río Patía, hacia lugares que contaban con caletas subterráneas para su almacenamiento”. A estas guacas las marcaban por GPS, para que las lanchas contratadas por un mexicano apodado “Abelito” recogieran la mercancía y la sacaran a altamar.

Las ganancias se enviaban directamente a Medellín, a las arcas de “la Oficina”.

LA BALANZA DE LA GUERRA
La febril actividad de los recién llegados exasperó a las facciones locales, en especial la de Víctor Segura Palacio (“David”), quien lidera una tropa de excombatientes de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc. Él y sus secuaces no iban a permitir que “esos paisas” invadieran sus tierras.

Así empezó una sangrienta confrontación, que dejó varios muertos en los centros urbanos y veredas. Entre los ataques que más agobiaron a la población, están el perpetrado el 21 de julio de 2017, cuando unos sicarios irrumpieron en el cementerio de Mosquera a la mitad de un funeral, y mataron a dos personas e hirieron a otra; y el del 16 de junio del mismo año, cuando ocho delincuentes llegaron en lancha al barrio Nueva Esperanza, hicieron ráfagas al aire y arrojaron una granada, que dejó un lesionado.

Diego Fernando Duque Ríos, alias “Gordo Gualo”. Cortesía de Policía.

En ese entonces, el alcalde de Mosquera, Johan Vásquez, denunció que las disputas entre grupos armados provocaron el desplazamiento forzado de 250 familias.

En plena confrontación empezaron a circular por redes sociales las fotos de los combatientes cautivos, que un bando le enviaba al otro para infundir terror en sus almas; en algunas casos, las imágenes eran de cadáveres desmembrados, que luego eran arrojados al agua.

Los mercenarios llegados del Valle de Aburrá no soportaron por mucho tiempo el rigor de la selva, con los calores infernales, la humedad que dificulta respirar, los mosquitos con sus enfermedades y la falta de comodidades. Se fueron yendo, al punto que en diciembre de 2017 ya solo quedaban sosteniendo el combate los negros contratados en la zona, la mayoría provenientes de Mosquera y del sector Bocas de Satinga.

Sucesivos golpes de la fuerza pública, además de la cacería de los enemigos, diezmaron a las Aupac. El 11/6/17 fue detenido en Cali el expolicía Johan Duque Ríos (“Duque”); y el 06/10/17 fue abatido “Cusumbo” en Alto de Guandipa, durante un operativo policial en el que murió tiroteado en una embarcación. Para rematar, en El Peñol, Antioquia, arrestaron a “Tom”, y desde ese momento mermó el flujo de plata transferida por “la Oficina” para esa la guerra (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Duque”, el expolicía que coordinaba una banda).

PACTO DE BANDIDOS
Tratando de salvar lo que quedaba de las Aupac, los dolientes nombraron un reemplazo de “Cusumbo”: Alberto Rodríguez Pérez, alias “Caliche”, un exparamilitar del bloque Mineros, quien sostuvo la confrontación hasta mayo del presente año.

El amplio conocimiento del territorio, el favorecimiento de algunos sectores de la comunidad y la experiencia de combate de “David” y sus disidentes, inclinaron la balanza en su contra, por lo que “Caliche” contempló otra salida: la negociación.

El plan era entregarle el arsenal y los hombres que se quisieran pasar de grupo, a cambio de un pacto de paz y un acuerdo para comerciar con la cocaína. Los detalles de la propuesta que le iba a realizar al exguerrillero los discutiría primero con sus jefes en una reunión en una urbanización de Cali, el pasado 16 de mayo.

Cuando estaban en plena conversación, policías antinarcóticos allanaron el apartamento. Capturaron a “Caliche”, a William Duque Ríos (“Fantasma”) y a Milciades Mejía Cuello (“Junior”), tío de “Cusumbo” y supuesto jefe logístico del grupo.

En la junta estaba presente Diego Fernando Duque Ríos (“Gordo Gualo”), pero en ese instante no tenía orden de captura, por lo que lo dejaron en libertad. Su detención se materializó el 31 de mayo en la misma ciudad, mientras recorría un centro comercial.

“Esta estructura tenía capacidad narcotraficante, de extorsión y control de territorio. Su línea de mando queda sin control en Tumaco”, declaró el general Jorge Nieto, director de la Policía.

Tras las capturas de los cabecillas, 21 jóvenes de las Aupac que quedaron huérfanos mandaron un mensaje al grupo antinarcóticos, indicando que se querían entregar, porque estaban aguantando hambre y temían que la gente de “David” los asesinara.

Claudia Carrasquilla, jefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, viajó para coordinar el sometimiento de la banda, acordado para el 18 de mayo. Iba con 30 comandos de la Armada y la Policía, pero el mal clima impidió que el helicóptero despegara, por lo que solo pudieron aterrizar en Alto de Guandipa 24 horas después.

“La comunidad nos recibió de forma hostil, aunque logramos dialogar. Les dije que yo sabía que allá vivían de la coca, como muchos campesinos, pero que solo íbamos por los muchachos que se querían entregar”, relató la fiscal.

De los 21 que esperaban, apenas aparecieron dos. Los demás habían sido expulsados de la vereda por “David”, no sin antes reclamarles las armas y municiones. Los hombres que se sometieron, de 18 y 21 años, fueron procesados por concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Las autoridades consideran que la estructura bélica de “la Oficina” en Nariño quedó desmantelada, aunque su interés por ese mercado no ha muerto. Todo apunta a que ahora quieren hacer un trato directo con “David”, el otrora enemigo, para comprarle la droga que se produce en sus dominios.

NOTA RELACIONADA: Las mafias detrás de la ruta de la cripa entre Cauca y Medellín.

El Inspector.