El pasado 4 de diciembre se ejecutó la Operación San Bernardo, por parte de la Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado. La acción pretendía desmantelar la alianza ilegal entre varios uniformados de dicha unidad policial, localizada en el suroccidente de Medellín, y las bandas de traficantes de drogas de las comunas 15 y 16 (Guayabal y Belén).

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Ninguno de los policías e integrantes de bandas capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto de cortesía.

En ese momento, mediante allanamientos en Bogotá y en la capital antioqueña, fueron capturados 23 policías y 12 civiles, estos últimos presuntos integrantes de “San Bernardo”, “Alexpin”, “la Cueva”, “la 24”, “el Coco” y otros combos del sector Barrio Antioquia, uno de los principales centros de acopio y distribución de alucinógenos del área metropolitana. En los procedimientos también incautaron 48 kilos de marihuana, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, 100 gomitas mezcladas con droga y una pistola traumática.

Para el desarrollo de la investigación, fueron claves las pruebas aportadas por dos agentes infiltrados, que desde enero del presente año documentaron la forma en que los servidores públicos recibían sobornos, vendían información clasificada sobre operativos y estaban en la nómina de las bandas, a cambio de omitir sus deberes y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Las coimas variaban entre los $3’000.000 y los $30’000.000, y en algunos casos esta nómina era reunida por varios grupos distintos, a modo de recolecta. En el transcurso de las audiencias, que tardaron más de tres semanas, la Fiscalía expuso 40 actos de posible corrupción.

En dos de esos hechos, los uniformados entraron a viviendas que funcionaban como plazas de vicio, y extorsionaron a los dueños para no judicializarlos, devolverles la droga y las armas halladas. Así, en uno de los casos los traficantes les pagaron $45 millones y en otro $40 millones.

En otra de las situaciones detectadas, los policías incautaban la droga de las bandas y posteriormente ellos mismos la vendían, según el ente acusador.

Tras escuchar la evidencia y la postura de los abogados defensores, el Juzgado dictó este domingo 27 de diciembre la medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Itagüí en contra de 16 de los funcionarios sospechosos: el intendente Luis Carlos Castilla Garavito y el subintendente Jhony Alberto Arismendy Arismendy; y los patrulleros Leonardo Rafael Olivo Payares, Darwin Palomeque Sepúlveda, Freyman Viveros Bolaños, Lucio Tomás Viveros Meneses, Yéferson Andrés Bolívar Ortiz, Albert Antonio Bolaño Cobo, Luis Carlos Hernández Villamizar, Jhon Hervey Mesa Muñoz, Samir José García Portacio, Juan David Gil Bustamante, Luis Alberto Trilleras Novoa, Tito Alberto López Builes, Edwin Livingston Chávez y Jhon Gustavo Trujillo Sánchez.

A otros seis uniformados les concedió el beneficio de detención domiciliaria: el intendente John Alexánder Mayorquín Sarmiento y los patrulleros Julián Stiven Marín Marulanda, Carlos Alberto Junior Giraldo, Camilo Girón Martínez, John Dairo Graciano Velásquez y Nelson Enrique Galvis Vargas. Otro patrullero, quien había sido sorprendido en flagrancia, fue dejado en libertad.

Los expolicías tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio y, en algunos de los casos, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión y tráfico de estupefacientes. En las audiencias de control de garantías todos se declararon inocentes.

En cuanto a los civiles detenidos, a tres les dieron libertad y nueve fueron enviados a la cárcel Bellavista: Wbeimar Londoño Escalante (alias “Cortico”), Jhon Jairo Zea (“Roger”), Juan Felipe Saavedra Estrada (“Piña”), Róbinson Alberto Santamaría (“Chino”), Yadir Esneider Rojas Mira (“Sancocho”), Julio César Rivas Mena (“La Mole”), Sandra Milena Durán (“Milena”), Nubia Mercedes Muñoz Restrepo (“Nubia”) y John Alexánder Sepúlveda Ocampo (“Trompón”).

A ellos les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar y ofrecer, los cuales tampoco aceptaron en el estrado. Se calcula que dentro de un mes podrían continuar las audiencias, con el escrito de acusación emitido por la Fiscalía.

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El Inspector.