¿A qué otros peces gordos favoreció esa decisión? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades en Antioquia? Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Según fuentes policiales, “el Montañero” viajó a Francia y España en septiembre de 2025. ¿Cumplía funciones de vocero de paz? Fotos de cortesía.

La opinión pública se enteró de la situación el 31 de marzo de 2026, por una primicia de El Colombiano, que obtuvo la Resolución N° 00072 del ente acusador, fechada el 27 de marzo anterior, la cual otorgó el beneficio a los voceros de las bandas del área metropolitana de Medellín que participan en el espacio de diálogos sociojurídicos instalado en la cárcel de Itagüí.

El documento ordenaba “suspender todas y cada una de las órdenes de captura, que se hayan dictado o llegaren a expedir en contra de los voceros principales de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”.

La decisión fue anunciada por la Fiscalía luego de una reunión de alto nivel con el presidente Gustavo Petro y delegados de su gabinete, realizada en Bogotá el pasado 26 de marzo. En ella se analizó “el cumplimiento de los compromisos para estar en las mesas de diálogos”, según uno de los funcionarios que asistió, y se estimó que la del Valle de Aburrá tenía avances importantes.

De los 23 favorecidos inicialmente, hay siete que ya habían salido de prisión por pena cumplida en los últimos meses, y solo “el Montañero” tenía una orden de captura vigente, de acuerdo con fuentes judiciales.

Él es el fundador de la organización criminal “el Mesa”, surgida en el municipio de Bello en los años 90, y actualmente tiene tentáculos en Medellín, Bogotá, el Oriente y el Norte de Antioquia, Caquetá, Boyacá y Soacha (Cundinamarca).

El grupo, con cerca de 400 integrantes, se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsión, comercio ilegal de lotes, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado y terrorismo, entre otros delitos.

En las bases de datos judiciales, “el Montañero” figura con tres nombres y con cada uno registra antecedentes penales distintos: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (de nacimiento), Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña, con el cual ingresó a la mesa de “paz total” con el Gobierno, en 2023.

Su última captura fue en 2019 y lo condenaron a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Recobró la libertad el 14 de marzo de 2024, es decir, apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia.

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“EL MONTAÑERO” ESTABA A PUNTO DE SER CAPTURADO OTRA VEZ
Durante el tiempo en el que estuvo en prisión, “el Montañero” resultó involucrado en un asesinato. Tal cual informó Revelaciones del Bajo Mundo en ese momento, ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, un cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

El proceso penal derivó en una orden de captura en 2025, por lo cual las agencias de seguridad le estaban siguiendo la pista.

Fue así como se enteraron de que en septiembre del año pasado estuvo de viaje en París, Francia, de acuerdo con fuentes cercanas al caso; luego se movió hacia Madrid, España, aunque no fueron claros los motivos de la aventura. ¿Qué hacía un vocero de paz del Valle de Aburrá en la Ciudad Luz? ¿Qué tenía que ver ese paseo con las funciones que le otorgó el Gobierno? ¿O estaba de negocios?

Esta era una de las cuestiones a resolver si se concretaba su captura, pero tras la resolución expedida por la Fiscalía, los investigadores quedaron con las manos atadas.

De acuerdo con las pesquisas policiales, “el Montañero” al parecer ya regresó al país, aunque con un bajo perfil, pues “el Mesa” está en guerra contra el Clan del Golfo por el dominio del bajo mundo en el Oriente de Antioquia, razón por la cual pesa sobre él una amenaza criminal.

Otras fuentes aseguran que sigue en España, pendiente de las elecciones del 31 de mayo, para ver quién será el próximo presidente de Colombia.

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LA FISCALÍA SE ECHÓ PARA ATRÁS

La medida de la Fiscalía causó un fuerte rechazo a nivel nacional y regional, en particular porque sucedió en plena época electoral, lo que despertó múltiples sospechas.

El candidato presidencial Roy Barreras, antiguo asesor del presidente Gustavo Petro, señaló que la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá está relacionada, presuntamente, con la búsqueda de votos.

El comentario se registró durante una conversación con los periodistas del portal noticioso Los Danieles, en la cual le preguntaron al exembajador en el Reino Unido: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno? (Iván Cepeda)”.

“No solo en Antioquia”, respondió Barreras. “Estoy seguro que sí (…). Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la paz total con ese objetivo”, acotó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, para que la Fiscalía revocara su decisión.

Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que presentará un proyecto del ley al Congreso para derogar la Ley de Paz Total, en la cual se basan las gabelas que el Gobierno les da a los capos con los que negocia.

Frente a toda esta presión, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, expidió una nueva resolución este 6 de abril (N°00079), en la cual modificó parcialmente la medida anterior, suspendiendo solo las órdenes de captura a quienes ya han salido de la cárcel.

Lo insólito del hecho es que la funcionaria admitió en una entrevista con Caracol Radio que no conocía los apodos de estos personajes, los cuales ocupan los titulares de prensa hace más de una década.

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes (los entrevistadores), si en ese listado (que le compartió el Gobierno) hubieran estado los alias, y uno ve a ‘Douglas’, uno sabría que esa persona está privada de la libertad. Pero cuando a mí me dicen ‘el Montañero’, no sé quién es”.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, dijo que no sabía quién era “el Montañero”, a pesar de que le suspendió la orden de captura. Fotos de cortesía.

LOS VOCEROS DE BANDAS INVOLUCRADOS

Además de “el Montañero”, los favorecidos con la suspensión de las órdenes de captura fueron seis peces gordos que también están libres:  Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”) y su hermano Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de la banda “Pachelly; Jhon Fredy Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”; Mauricio de Jesús Morales Múnera (“el Abogado”) y Fredy Alexander Henao Arias (“Naranjo”), de “los Triana”; y Andrés Dimaría Oliveros Correa (“Mundo Malo”, de “la Silla”. Curiosamente, casi todos estos grupos delinquen en el municipio de Bello.

Los otros 16 voceros seguirán en prisión, hasta terminan de cumplir sus penas vigentes. Ellos son: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23″), de “Niquía Camacol”; Dayron Alberto Muñoz Torres (“el Indio”), de “Trianón”; Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”), de “Altos de Aranjuez”; Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.

La lista sigue con Carlos Augusto Correa López (“Mono Pepe”) y Wálter Alonso Román Jiménez (“el Tigre”), de “la Unión”; Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), de “Barrio Antioquia”; Jesús David Hernández Grisales (“Chaparro”), de “la Milagrosa”;  Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (“Vallejo”), de “el Mesa”; José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”) y Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (“el Compa”), de “la Terraza”.

Además de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas”; Paulo Andrés Torres Flórez (“Pocho”), de “la Agonía”; y Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de “Caicedo”.

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 El Inspector.

Aunque todavía falta el visto bueno del nuevo Alto Comisionado, Otty Patiño, las delegaciones lograron establecer ese norte temático luego de seis meses de trabajo en la cárcel de Itagüí. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Los jefes de las bandas del Valle de Aburrá están congregados en la cárcel de Itagüí. Foto de Manuel Saldarriaga.

El coordinador de la delegación del Gobierno, Jorge Mejía Martínez, explicó que la agenda iba a ser presentada en sociedad el pasado 23 de noviembre, pero un día antes el presidente Gustavo Petro despidió a Danilo Rueda de su cargo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), lo que obligó a la mesa de conversaciones sociojurídicas – como la llama el Gobierno – a hacer un alto en el camino.

Aunque Mejía recalcó que no puede compartir detalles de la agenda, hasta que su contenido no sea evaluado por la nueva jefatura de la Oacp, dio pinceladas de los temas que se abordarán con los representantes del 90% de las 400 bandas que delinquen en el área metropolitana.

El primer eje temático ha sido denominado “ética de la vida” y aborda las cuestiones relacionadas con la violencia urbana, los homicidios y desplazamientos forzados, así como el trabajo con las víctimas, que implica procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, en el marco de un posible sistema de justicia restaurativa. Esto último dependerá de las condiciones que defina la Ley de Sometimiento de Bandas, que al parecer será presentada una vez más al Congreso en el primer trimestre de 2024.

El segundo eje versa sobre la territorialidad y la población juvenil, y en él se tratarán los asuntos de gobernanza criminal en las comunas, así como los programas sociales que se requieren para frenar el reclutamiento y atender las necesidades de los jóvenes de las bandas o en riesgo de ser integrados a ellas.

El tercero tiene que ver con las economías ilegales y la manera en que las estructuras criminales dejarán esos negocios para participar en actividades legítimas. Esto incluye desmontar las redes de extorsión, pagadiario, secuestro y venta de lotes, entre otras rentas clandestinas.

Y el cuarto se relaciona con la desarticulación de las estructuras armadas y las medidas adicionales que esto implicará, como las garantías de seguridad para que los exmiembros no sean asesinados, como ha ocurrido en los procesos de desarme de las Auc (2006) y las Farc (2016).

“Una vez que se adopte la agenda de forma definitiva, lo que sigue es construir una metodología que involucre a la sociedad civil. No se hará nada de espaldas a la ciudadanía”, dijo Mejía.

Además de esa guía, las delegaciones ya definieron los protocolos logísticos de funcionamiento, que incluyen las comunicaciones internas y la forma en que la mesa podrá colaborar cuando haya problemas de orden público en la ciudad.

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DELEGADOS PENDIENTES

La mesa de conversaciones sociojurídicas se instaló oficialmente el pasado 2 de junio y desde entonces ha tenido que capotear varias tormentas. Una de ellas ha sido la conformación de la delegación gubernamental.

Además del despido de Rueda, un mes antes se presentó la renuncia de la excomisionada de la Verdad, Lucía González, una de las integrantes más reputadas del equipo.

En su reemplazo llegaron el sociólogo Luis Guillermo Pardo, exgerente de Paz de la Gobernación de Antioquia; y la académica Luz Elena Zabala, exasesora de Colciencias.

La delegación del Gobierno no ha podido concretar otros tres miembros que se habían contemplado al principio. El primero es un oficial retirado de la Fuerza Pública y el segundo un representante del empresariado, pues “se han barajado varios nombres, pero desde Bogotá no han dado el visto bueno”, reconoció Mejía.

La ausencia de un empresario es notable, pues varios voceros de las bandas insisten en que, para que el proceso sea exitoso, deben tener opciones de empleo legal, y los empresarios generan el 80% de los puestos laborales en el país.

El tercer faltante es un miembro de la oposición, con el que la Casa de Nariño quisiera blindar políticamente el diálogo. El Centro Democrático, principal partido de oposición, ya consintió que José Félix Lafaurie lo representara en la mesa con el ELN, y que Fabio Valencia Cossio lo hiciera en la del Estado Mayor Central de las Farc, pero todavía no se decide a poner una ficha en la de la paz urbana.

Al micrófono Jorge Mejía Martínez, coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa. Foto de Manuel Saldarriaga.

DESAFÍOS POLÍTICOS

La mesa del Valle de Aburrá también ha enfrentado desafíos ligados al orden público de Medellín. Entre septiembre y noviembre, en las comunas de Robledo y Manrique se desataron conflictos y asesinatos por fracturas internas en “los Pesebreros” y “la Terraza”, dos facciones con vocería en los diálogos de paz.

La situación, que la Oacp catalogó en su momento como un intento por enlodar la paz urbana por parte de “fuerzas oscuras”, en realidad reflejó el deseo de algunos cabecillas emergentes de relevar a los más veteranos, a quienes al parecer consideran en camino de “jubilación”.

Según Mejía, esos dos conflictos se apaciguaron porque “se hizo una gestión desde el espacio, por parte de los voceros de las bandas, lo que permitió superar esas situaciones de violencia. Es una muestra de que esto ha valido la pena”.

Otro reto es el cambio de administración en Medellín y Antioquia. Federico Gutiérrez y Andrés Rendón, alcalde y gobernador electos, respectivamente, criticaron con vehemencia la política de “paz total” de Petro durante las pasadas elecciones regionales.

¿Qué postura tendrán ellos frente al proceso en la cárcel de Itagüí? “Esperamos que la armonía institucional se imponga sobre las posturas políticas. Al alcalde Federico y a Manuel Villa (próximo secretario de Seguridad) ya les enviamos un mensaje el pasado lunes, para concretar una cita y exponerles lo que estamos haciendo”, indicó Mejía.

La llegada de Otty Patiño despierta inquietudes sobre los cambios que podría introducir en la agenda. A juicio del coordinador de la delegación del Gobierno, “conociendo su talante, es posible que haga un énfasis en la mayor presencia de la institucionalidad local y en el impacto territorial, identificando las zonas en las que se puede hacer un mayor esfuerzo desde la mesa para desactivar la violencia”.

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El Inspector.