Anoche en sesión plenaria de la Cámara de Representantes fue debatido y aprobado el proyecto de Ley 124 de 2014 por medio del cual se desarrollan unos artículos de alcance constitucional y se regula la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia.
La iniciativa, que fue aprobada con 102 votos, busca darle al ministerio de Educación las herramientas que le permitan garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, fortaleciendo las facultades de inspección y vigilancia sobre las distintas instituciones de educación superior a lo largo del país.
El texto presentado por la ministra de educación Gina Parody contenía originalmente 23 artículos, sin embargo en el transcurso del debate y con el visto bueno del ministerio, fueron aprobados tres artículos adicionales tendientes a permitirle a aquellos estudiantes que hayan iniciado sus estudios en una institución sin Registro Calificado, presentar un examen en otro ente educativo, para así, de aprobarlo, continuar sus estudios allí. Asimismo, los representantes estimaron conveniente la creación de la superintendencia para la educación superior.
“Es un avance muy importante para la protección del derecho a la educación en Colombia y nos permite como ministerio tener herramientas para cuando las mismas universidades violan la autonomía”, afirmó la ministra de Educación Gina Parody.
En contra de la medida.
Sin embargo y como es normal, no todas las partes involucradas en el asunto quedaron contentas con la aprobación parcial del proyecto de Ley.
La Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- indicó que esta medida no fue consultada ni con los profesores, ni con los estudiantes, ni con las directivas de las distintas universidades del país. Además aseguraron que lo que verdaderamente busca el Gobierno Nacional es incidir en la administración de los claustros vulnerando la consagración constitucional de la autonomía universitaria.
“Lo que proponen Juan Manuel Santos y su ministra Parody en esta iniciativa, antes que fortalecer a la comunidad educativa como la rectora de los destinos de las instituciones y depositarias de la autonomía, es permitir que en circunstancias excepcionales el Gobierno designe interventores a efectos de que pueda dirigir en forma directa a las universidades intervenidas”, puntualizó el movimiento estudiantil colombiano
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