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Los contratos de Romero: desde dulces hasta sillas

  • El general (r) Jorge Romero ha defendido su inocencia desde que lo despidieron. Aunque fue arrestado por los contratos, también lo investigan por la expedición de permisos para armas. FOTO archivo
    El general (r) Jorge Romero ha defendido su inocencia desde que lo despidieron. Aunque fue arrestado por los contratos, también lo investigan por la expedición de permisos para armas. FOTO archivo
Por colprensa | Publicado el 20 de agosto de 2019
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expedientes activos contra Romero: por contratos y por permisos para portar armas.

en definitiva

Una empresa de Medellín fue beneficiada con múltiples contratos, por actividades comerciales distintas, en el tiempo en que el general Romero comandó la Cuarta Brigada del Ejército.

“No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Ministerio de Defensa - Ejército – BASPC4 (Batallón de apoyo y servicios para el combate N° 4), ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta”. Esta es una de las frases que se quedó en el papel y hacía parte del compromiso anticorrupción con el que fue adjudicado el contrato 164, para la adquisición de un juego de sala y un comedor para la sede del Batallón de Instrucción y Reentrenamiento de la Cuarta Brigada. Y es uno de los contratos que tienen al general (r) Jorge Horacio Romero respondiendo ante la justicia.

Quien firmó el documento fue Ana Lucía Posada Valencia, representante legal de Distrilogística PG SAS, ubicada en Medellín y creada 2014. Una empresa que tiene una “amplísima variedad de productos y servicios”, según el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Joaquín Urbano, que presidió la audiencia en contra del oficial (r).

La afirmación del togado no fue en vano. Distrilogística ganó ese contrato en octubre de 2017 por $6’965.000; pero un año antes obtuvo otro para una actividad comercial completamente diferente: se trata del contrato 155 de 2016, por $43 millones, por el servicio de cafetería y restaurante para eventos programados por la Brigada con motivo de las celebraciones de Fin de Año.

Los festejos eran una cena navideña para 362 personas por $12’274.000; la atención para una reunión de comandantes de las diferentes unidades militares, en la que a los oficiales les ofrecieron refrigerio, pasabocas y almuerzo por un total de $8’783.500.

También ofertaron el almuerzo de fin de año por $11’942.500 e incluía plato fuerte, postre y pasabocas. En el Dispensario Médico y en el BASPC04 hubo una fiesta similar por $5’000.000 cada una.

La persona que funge en ese contrato como ordenador del gasto es el coronel Harol Felipe Páez, comandante del BASPC4 en ese momento y quien recibía órdenes de Romero cuando comandó la Cuarta Brigada (2016 y 2017). Este oficial, ya retirado, fue uno de los nueve militares y contratistas arrestados a principio del mes.

La Fiscalía le imputó celebración indebida de contratos, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En carta del 7 de diciembre/2016, Páez le informó a Ana Lucía Posada Valencia que fue aceptada la propuesta que presentó para ese proceso licitatorio que se hizo bajo la modalidad de mínima cuantía. La empresa entregó la propuesta el 2 de diciembre/2016, es decir que se tardaron solo cinco días en elegir el contratista.

El mismo día de la presentación de la propuesta se celebró la reunión en la que se dio por cerrado el proceso de contratación, según el acta 4210, en la que se lee que se procedió a “determinar el número de propuestas presentadas. Se contabilizó un total de dos sobres, que corresponden a una propuesta presentada, cuyos datos tomados del sobre original se relacionan a continuación: 1. Proponente: Ana Lucía Posada. Establecimiento de comercio: Distrilogística PG S.A.S”.

Ese final de año fue muy lucrativo para la firma. El 30 de noviembre/2016 a la sede de Distrilogística PG SAS llegó una nueva comunicación de aceptación de oferta dentro del proceso 082-BASPC04-2016 para la adquisición del digiturno para el dispensario médico y equipos de oficina para la Fuerza de Tarea Conjunta de Monitoreo y Verificación del Norte, que se encarga de monitorear las zonas en las que se encuentran los exguerrilleros de las Farc.

Los equipos para el dispensario eran una máquina administradora de turnos para atender usuarios ($9’500.000), una destructora de papel ($3’248.000) y una fotocopiadora ($4’176.000). En el requerimiento de la Fuerza también se compró una destructora de papel ($2’531.694) y dos fotocopiadoras ($12’180.000).

Así las cosas, en una semana la sociedad consiguió dos contratos de $74’635.694 por actividades comerciales que no tienen relación entre sí.

El escándalo podría crecer

Posada Valencia, sin embargo, tiene un salvavidas de la Fiscalía. Durante la audiencia en la que también fue procesado su esposo Samir García Buitrago, se dijo que al parecer fue usada por su pareja y fue él quien habría falsificado su firma para celebrar y ejecutar los contratos.

De ser cierta esta teoría, la rúbrica que aparece en una carta de septiembre 13/2017 con el logo de Distrilogística PG SAS tampoco sería la de Posada Valencia. Esa misiva era una propuesta a la invitación pública N° 047-BASPC04-2017 cuyo objeto era la adquisición de víveres, productos de cafetería y restaurante con destino al comando de la Séptima División, Cuarta Brigada, Dispensario Médico y Batallón de Ingenieros General Pedro Nel Ospina.

Una semana después le estaban notificando a la empresa que su oferta económica fue seleccionada “expresa e incondicionalmente”, como bien lo señaló el coronel Páez Roa en la carta de aceptación. Ese contrato le significó a la compañía un ingreso por $69’991.890.

Esta vez no fueron muebles ni platos navideños. El contrato 141 era para víveres destinados a las tropas de la Séptima División y la Cuarta Brigada, así como productos de cafetería para el batallón de Ingenieros y el Dispensario.

Brevas, atún, leche condensada, caramelos surtidos, jugos en caja, arequipes, bebidas lácteas achocolatadas, uvas pasas, jamoneta en lata, masmelos, café molido, palillos, vasos desechables y aromáticas fueron, entre otros, los productos que tenía que entregar la firma.

Los productos para la Séptima División tenían un valor de $29’998.000; los de la Brigada, $19’999.930; para el Batallón de Ingenieros, $17’999.800; y para el Dispensario, $1’993.815.

En su respectiva audiencia de garantías, Samir García se declaró inocente, pero le dictaron medida de aseguramiento en prisión; su esposa Ana Posada fue dejada en libertad, aunque sigue vinculada al proceso por el supuesto delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos.

Esto es apenas la punta del iceberg, porque en el expediente hay toda suerte de contratos, entre los cuales aparecen los nombres de suboficiales, oficiales y civiles que estuvieron como supervisores de los mismos, en unos casos, y como ordenadores del gasto, en otros. El escándalo puede alcanzar otras dimensiones ya que la Fiscalía denunció que desde que surgieron los primeros indicios de corrupción hubo sustracción de documentos, seguimiento a investigadores y fiscales y manipulación de testigos.

Contexto de la Noticia

Paréntesis ¿le adecuaron la cárcel a romero?

El general (r) Jorge Romero, tras salir de la Cuarta Brigada en 2017, fue comandante de la Tercera División y luego del Comando de Acción Integral, hasta su despido en julio. En la audiencia, el magistrado Joaquín Urbano decidió que debía ir a una prisión, pero la defensa sorprendió afirmando que ya tenía listo el lugar de reclusión en la Escuela de Caballería en Bogotá. “Existe un cupo gestionado por esta defensa y que fue otorgado por el coronel Edilberto Darío Martín (director de los Centros de Reclusión Militar), que cumple con los requisitos del Inpec”, dijo la abogada, y allá fue llevado Romero.

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