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Cayó el “Cartel de los Víveres”, funcionarios del Ministerio de Defensa que le robaba comida al Ejército
Los alimentos iban dirigidos a soldados de cuatro departamentos. El grupo estaba compuesto por funcionarios adscritos al Ministerio de Defensa, los cuales fueron desvinculados.
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Ocho miembros del Cartel de los Víveres fueron imputados en Pasto por presuntamente robarse los alimentos que el Estado destinaba para soldados del Ejército en el Pacífico del país. FOTO CORTESÍA
Un grupo de agentes del CTI logró adentrarse en una organización que desde 2018 vendría robándose –para comercializar bajo cuerda– la comida de al menos 6.000 soldados del Ejército, pertenecientes a batallones de Nariño, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca.
A esta presunta red corrupta se le adelantó la primera de tres fases de investigaciones contempladas, pues se cree que hay personas con poder involucradas en ella.
A la fecha, las autoridades han logrado establecer que el grupo está conformado por ocho personas, de las cuales cuatro actuarían como funcionarias de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, adscrita al Ministerio de Defensa.
Desde dicha entidad rechazaron el presunto actuar de las personas, las cuales ya fueron apartadas de sus cargos. Incluso, para llegar al fondo del escándalo resaltaron que están en constante comunicación con la Fiscalía.
La razón de su rechazo es que hubo recursos públicos de por medio, pues fue la Agencia la que envió los alimentos a una bodega oficial de Pasto, para así distribuirlos en unidades militares de los cuatro departamentos del suroccidente colombiano.
En tal proceso era que –según lo que va de la investigación– intervinieron los trabajadores, que serían los responsables de alterar las planillas de ingreso de cientos de cajas llenas de víveres que les llegaban para enviar a los 32 batallones que hay en la Tercera División del Ejército.
Fue por este presunto robo que después de tres años de rastreos a sus movimientos, la Fiscalía anunció que las ocho personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Dichos cargos fueron aceptados por los particulares, y negados por los ex servidores públicos.
El Cartel de los Víveres
Los supuestos hurtos se presentaron entre julio de 2018 y noviembre del año pasado. Durante todo ese tiempo, a los imputados se les conoció como el Cartel de los Víveres.
En una de sus posibles operaciones ilegales les llegaron 300 cajas con alimentos para Putumayo. Esa vez, los trabajadores de la Agencia habrían registrado solo 170 para quedarse con el resto.
Superada la primera parte, el resto les correspondía a los otros socios, quienes con camiones ajenos a la Agencia sacaron las cajas del centro de abastecimiento y las guardaron en bodegas. Ahí vino la otra parte del negocio: contactar a comerciantes de Pasto e Ipiales para vender a menor costo lo robado.
Esa es una de las descripciones presentadas ante el juez, a la cual se suma otra evidencia: los investigadores fueron hasta algunos supermercados y se encontraron alimentos con logos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
El material fue tan contundente que el juez terminó aceptando el pedido de imputación del ente acusador, enviando a la cárcel a los cuatro exfuncionarios, y concediendo la detención domiciliaria a los particulares, pues se reintegró parte de lo robado.
Para lograrlo, los detenidos habrían actuado ilegalmente con cargo y función específica. De hecho, Ángela Cárdenas, una de las exservidoras, dejó entrar a las bodegas oficiales –y sin contrato laboral– a la persona que sería el cerebro a la hora de separar lo que iba a para batallones y lo hurtado.
Esto es producto de la primera fase de investigación, pues se cree que hay cerca de 40 involucrados en el caso.
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