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Contraloría pone la lupa a la acumulación de baldíos
El organismo de control le pidió a la Agencia Nacional de Tierras investigar 322 predios por concentración indebida de Unidades Agrícolas Familiares.
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Caquetá, con un total de 61 predios, conformados por 18.977 hectáreas, es uno de los cinco departamentos mencionados en el informe que presentó la Contraloría. FOTO Archivo Colprensa
La Contraloría General de la República solicitó ayer a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adelante las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.
En el informe emitido por el organismo de control son 33 los casos referentes a 322 predios, para un total de 123.482,89 hectáreas, algunos de ellos pertenecientes a figuras relevantes de la actualidad nacional como el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, y su antecesor Rubén Lizarralde, así como la organización Luis Carlos Sarmiento, entre otros.
De ellos, uno de los primeros en responder fue justamente Uribe Vélez, que denominó la acusación como una estrategia del “castrochavismo” para afectarlo y negó que la adquisición de sus tierras que tiene en el Ubérrimo, en Córdoba, correspondan a una acumulación ilegal de terrenos baldíos.
“Por motivo alguno dejaré de oponerme al proceso castrochavista que avanza en Colombia, como lo muestran estas temerarias acusaciones”, aseveró.
Indicó que su grupo familiar tiene una explotación agropecuaria de cerca de 1500 hectáreas y frente a las 103 hectáreas de las que hace referencia el contralor “no conforman un predio físico, están en nueve adquisiciones. Todas fueron baldíos adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares ajenos a mi familia o a mi persona”, sotuvo Uribe..
Por su parte, Iragorri señaló “no tengo ni un solo centímetro de tierra en Vichada ni en ningún otro lugar de la altillanura colombiana, si me quieren clasificar en esa especie de cartel de tierras indebidamente ocupados”, indicó el ministro, quién también afirmó que nunca ha hecho gestiones ante las entidades del Estado para favorecer la adquisición de tierras.
Aunque la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000, la Contraloría asegura que hay una violación en los topes establecidos por la ley como son las 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar.
La Contraloría no estableció un detrimento patrimonial, pues se sale de su competencia, ya que una vez el Estado adjudica los baldíos, estos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado.
Los resultados del informe fueron trasladados a la Fiscalía y Procuraduría para que, si hay lugar, determinen las responsabilidades de los involucrados.
10
hectáreas de baldíos aún restan por ser analizadas por parte de la Contraloría.
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