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Aunque es claro que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se ha convertido en un foco de corrupción, como lo ha denunciado el procurador Fernando Carrillo, y como ha sido evidente tras investigaciones de este ente de control, la Fiscalía y la Contraloría, las medidas que se toman en los departamentos parecen ser débiles, o por lo menos no hay resultados en ese sentido. Esa conclusión resulta del encuentro que se realizó en Bogotá entre martes y miércoles, coordinado por la Auditoría General de la República.
Para encarar este problema, que no es nuevo, el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, citó a los contralores departamentales para revisar lo que se está haciendo al respecto y “ponerle la lupa a esta labor”, que muestra cada vez más las fugas de recursos públicos.
Casos como pechugas de pollo a 40 mil pesos o un kilo de carne a 25 mil pesos, solo por citar un par de ejemplos, sirven para mostrar los sobrecostos con los que, según el procurador, “se roban el dinero de la alimentación de los estudiantes”.
Frente a esto, la vicefiscal María Paulina Rivero, informó que actualmente se adelantan investigaciones en 40 municipios del país, con el objetivo de castigar a los responsables de estos hechos de corrupción.
“Los entes territoriales, los contratistas y los supervisores tienen que entender que cuando fallan en el suministro de información adecuada en las diferentes modalidades, están incurriendo en un delito“, manifestó la vicefiscal.
Es necesario recordar que, según reporta la Procuraduría, están en curso 152 procesos disciplinarios por presuntos hechos de corrupción en la que están inmersos funcionarios de las secretarías de Educación.
Pese a que el encuentro se concentró en el PAE, los contralores y el auditor manifestaron que recursos destinados para la salud y los provenientes del Sistema General de Regalías también serán sujetos de más control, pues allí se han evidenciado otros focos de corrupción.
“Les llamé la atención en que, más allá de la gestión en control, debemos establecer cuántos recursos se ejecutaron en la respectiva entidad territorial en la vigencia anterior. De cara a la ciudadanía, debe explicar la calidad y resultados tangibles que estas están produciendo a nivel nacional y territorial”, indicó el auditor, dejando claro que los resultados de las contralorías deben ser visibles y concretos.
La tarea es clara: fortalecer el control. Para ello, según el auditor, se debe trabajar en llave con el Ministerio de Educación, la Procuraduría, la Contraloría General y la Fiscalía y generar estrategias que permitan identificar dónde y cómo se están dando las irregularidades.
Si bien el auditor “apretó” a los contralores, manifestó que no está “única y exclusivamente para mostrarse diciendo el grado de ineficacia que tienen”, porque sabe de las dificultades que “muchos tienen en este momento”, pero les dejó claro que empezará a visitar las regiones “para poderles valorar su gestión y mirar sus capacidades técnicas para reaccionar ante las múltiples funciones que cada vez más les asignan”.
El funcionario manifestó que el PAE es “clave para fortalecer la permanencia de los estudiantes en los colegios y no podemos permitir que esos recursos, más del 33 % del programa que aportan las regiones, es decir, más de 600 mil millones de pesos, queden por ahí sin ponerles la lupa”.
Además, de acuerdo con el funcionario, “voy a realizar un análisis de cada una, porque esta Auditoría no está solo para revisar ejecuciones presupuestales; estamos es para decirle al país qué tipo de control es el que se está haciendo y ellos deberán demostrarlo”.
El auditor también les dejó claro a los contralores que empezará recorridos regionales, para lo cual les pidió que le envíen informes de las acciones que están adelantando en los departamentos.
“De cara a la ciudadanía, las contralorías deben explicar la calidad y resultados tangibles que estas están produciendo a nivel nacional y territorial”, agregó el auditor, dejando claro que la meta es proyectar un modelo adecuado de control fiscal en el país, que será elaborado entre ambas partes.
procesos mantiene abiertos
la Procuraduría por irregularidades en el Programa de Alimentación.