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Debate por papeleta para fijar plazo a acuerdo de paz
La propuesta del Partido Verde para que la gente ponga como fecha límite el 9 de abril de 2016 genera debate y parece inviable.
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La propuesta de una papeleta para fijar plazos a un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc ya genera debate político. No hay consenso sobre su conveniencia y viabilidad legal para agilizar los acuerdos en La Habana. FOTO Archivo
20 de junio de 2015
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Sin pasar de ser una iniciativa partidista, la propuesta de una papeleta para fijar plazos a un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc ya genera debate político. No hay consenso sobre su conveniencia y viabilidad legal para agilizar los acuerdos en La Habana.
La idea de los congresistas del partido Alianza Verde pretende que el próximo 25 de octubre (día de elecciones regionales), los colombianos decidan una fecha límite para lograr el acuerdo del fin del conflicto con la mayor guerrilla colombiana.
Sus gestores insisten en que en el actual momento difícil que atraviesan los diálogos por la pérdida de confianza social, la escalada de ataques guerrilleros y tras un año sin avances en la agenda, los ciudadanos tienen la oportunidad de salvarlo a través del mandato popular.
Así defiende la senadora Claudia López la idea desde su presentación en la rendición de cuentas del partido y en debates en sus redes sociales.
“Con la criminalidad creciente e irracional de las Farc cuánto creen que aguanta este proceso? ¿Indefinidamente? Salvémoslo con mandato ciudadano”, escribió en su cuenta de Twitter, tras ser cuestionada por lo oportuno o democrático de imponerle fechas a un proceso concebido sin tiempos fijos.
Y agregó: “la democracia reside en la ciudadanía. La paz no es de las Farc o del gobierno y debe ser mandato ciudadano. Los autorizamos a empezar, los conminamos a terminar”.
La papeleta sugerida por López y otros senadores verdes como Antonio Navarro, Jorge Iván Ospina y Angélica Lozano tendría este texto para votar sí o no: “voto para que las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc terminen antes del 9 de abril de 2016”.
Según el senador Antonio Navarro, “todos queremos que las negociaciones terminen con un acuerdo de paz, pero con una fecha límite. El 9 de abril es el día en que mataron a Jorge Eliécer Gaitán y es muy simbólico que antes de ese día se ponga fin al conflicto con las Farc”.
Dentro del mismo partido hay división. La senadora Ángela María Robledo considera que “una fecha puede ser nefasta para el proceso de paz”. A su juicio, “es interesante, pero merece una discusión y por eso digo que papeleta sí, pero sin fecha”.
Difícil cambio de reglas
Pero materializar la propuesta no es tarea fácil. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry dice que “el procedimiento no se ve viable porque, por Ley, la Registraduría solo puede escrutar los votos y no papeletas con preguntas”.
El experto recuerda que la propuesta se basa en la “séptima papeleta de 1990, un hito político en el país para impulsar la Asamblea Constituyente a través del respaldo ciudadano, pero no se contabilizó”.
En su concepto, la figura más indicada para fijar una fecha sería una consulta popular nacional, avalada por el Congreso. Pero como analista político, Charry ve difícil hacerla en la etapa actual.
“Es una iniciativa bien intencionada por las condiciones difíciles que atraviesan los diálogos y busca agilizar un proceso que se prolonga con contradicciones, como la violencia en medio de la negociación. Pero a estas alturas es complicado cambiar las reglas de juego”.
El politólogo Alejo Vargas también considera inviable la papeleta. El director del Centro de Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional asegura que “no impulsa nada e interfiere en la dinámica de los diálogos, que depende del entendimiento de las dos delegaciones negociadoras. Y poner una fecha de plazo implica cambiar el documento base que regula los diálogos, que no contempla tiempos”.
Para Vargas, “las negociaciones son complejas, pero avanzan según el promedio de buenas experiencias de negociación de conflictos, que nunca son inferiores a los tres años y en promedio son de 5 o 7 años”.
Además, advierte que el objetivo de la papeleta obligaría a replantear todas las condiciones en una etapa avanzada y por eso creo que no tendrá impacto esa propuesta partidista”.
Como si fuera poco, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, ratificó que a “esta altura es imposible, no se dan los tiempos legales y como está formulada la iniciativa sería un referendo”. Otro obstáculo es que costaría entre 20 y 25 mil millones de pesos.
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